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Desvíos en Hidalgo, cercanos a los de Borge

El daño al erario en Hidalgo en los que, presuntamente, incurrieron cinco funcionarios del gobierno de Olvera asciende a mil 114 millones 417 mil 8 pesos

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).-El daño al erario en Hidalgo por negociaciones prohibidas y desvíos en los que, presuntamente, incurrieron cinco funcionarios del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, así como seis expresidentes municipales durante el periodo 2011-2016, asciende a mil 114 millones 417 mil 8 pesos.

Esta cifra equivale a 74.29 por ciento de los mil 500 millones de pesos que presuntamente malversó del Fondo de pensiones Roberto Sandoval, exmandatarios de Nayarit; así como a 58.65 por ciento del probable daño por mil 900 millones de pesos al patrimonio de Quintana Roo imputado al exjefe del Ejecutivo Roberto Borge Angulo, preso desde el 4 de julio en Panamá.

El uso indebido de mil 114 millones 417 mil 8 pesos del patrimonio del estado y de los municipios se basa en denuncias penales que documentó La Silla Rota.

El entramado de corrupción

Cinco exservidores públicos hidalguenses, que laboraban en las Secretarías de Salud (SSH) y de Educación Pública (SSPH), así como en el sistema estatal de Radio y Televisión, son imputados por negociaciones indebidas y peculado que ascienden a mil 17 millones 923 mil 90 pesos. Tres enfrentan procesos en reclusión, uno en libertad, y otro está prófugo.

Pablo Pérez Velasco, exdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros del sector salud, es acusado de transferir 51 millones 209 mil 90 pesos de las arcas públicas a sus cuentas personales entre el 1 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2015, periodo en el que Pedro Luis Noble Monterrubio, actual diputado federal por el distrito de Actopan, y Geraldina García Gordillo, expresidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, fungieron como secretarios.

Antes de su detención, que data del 22 de agosto, la Policía Investigadora capturó el 18 de julio, en el Estado de México, a Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión, quien permanece en prisión preventiva por su probable responsabilidad en negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil pesos. La orden de aprehensión, de acuerdo con el procurador Ramiro Lara Salinas, derivó de la causa penal 84/2017.

José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la SEPH, y Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación de RTVH, también enfrentan procesos por irregularidades en el manejo de 194 millones 795 mil pesos y 500 millones de pesos, respectivamente.

De la administración del exgobernador Francisco Olvera restan por cumplimentar dos órdenes de aprehensión por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos, derivadas de las causas penales 354/2016 y 355/2016, contra Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, quien, confirmó el mandatario Omar Fayad durante su primer informe de labores, está prófugo.

El exfuncionario, que estuvo bajo las órdenes del secretario de Educación Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, es padre de Pablo Pérez Velasco, el exdirector de Salud recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

Pactos de impunidad

En la discusión parlamentaria del 5 de octubre, previo al voto para elegir a Ricardo César González Baños como fiscal anticorrupción, el diputado Efrén Salazar Pérez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó que exgobernadores, exalcaldes y exburócratas han sido protegidos por “pactos de impunidad” y que el estado cuenta “con instituciones débiles, funcionarios corruptos y desacreditados” que no actúan contra ellos.

El legislador, al igual que Gloria Romero y Mariana Bautista de Jesús, de Acción Nacional, así como la coordinadora de la fracción del PRD, Margarita Ramos Villeda, pidieron a González Baños, a quien cuestionaron su imparcialidad por sus 20 años en la administración pública, proceder contra el exmandatario Francisco Olvera por la deuda heredada de 14 mil 834 millones de pesos, de la cual sólo hizo pública 5 mil 579 millones en su quinto informe.

En tribuna, Romero León señaló que por los casos de corrupción en la SEPH, el sector salud y Radio y Televisión únicamente han sido procesados “funcionarios menores”, sin que la justicia recaiga en quienes estuvieron a cargo de ellos. 

El peculado y desvío en los municipios

Además de los exmiembros del gobierno de Olvera Ruiz, seis exalcaldes están indiciados por no acreditar el uso de 96 millones 493 mil 918 pesos.

Contra el priísta Filiberto Hernández Monsalvo, que mandató en Mineral de la Reforma en el periodo 2011-2016, la actual síndico procurador municipal Johana Monserrat Hernández Pérez presentó el pasado 5 de junio una denuncia por presunto peculado de 23 millones 525 mil 393 pesos, por retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 850 trabajadores que, acusó, no fueron reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además de este caso, documentado en la carpeta de investigación 12-2017-07400 que inició la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), la Auditoría Superior del Estado (ASEH) denunció, el 3 de octubre, un posible daño a la hacienda pública por 15 millones 550 mil pesos, no justificados de la cuenta pública 2015.

Por faltante de un millón 724 mil 145 pesos en el mismo periodo, el ente fiscalizador también solicitó a la fiscalía el inicio de un procedimiento contra Jaime Allende González, exedil de Tula, inmerso en otra indagatoria por irregularidades en el manejo de 21 millones de pesos de las cuentas de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism); de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP), así como en el de Contingencias Económicas.

Esa denuncia, que interpuso la actual administración, a cargo de Gadoth Tapia Benítez, quedó asentada en la carpeta de investigación 16-2007-02041.

La Auditoría, de acuerdo con la diputada María Luisa Pérez Perrusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, también promovió la acción penal contra los expresidentes municipales de Tepetitlán, Melchor Jiménez, y Fidencio Gachuz, de Santiago de Anaya –ambos emanados del Revolucionario Institucional–, por no acreditar la disposición de 4 millones 765 mil 331 pesos y 7 millones 701 mil 912 pesos, respectivamente.

De la misma forma, Óscar Ángeles García, exedil de Alfajayucan postulado por el Partido Verde, fue imputado por un faltante de 16 millones 672 mil 53 pesos.

De los 84 expresidentes que dejaron el cargo el 5 de septiembre de 2016, Arturo Ramírez Damián, de Tlanalapa, es el único que está preso, desde el 7 de marzo pasado, por la probable malversación de 5 millones 555 mil 84 pesos.

El panista contaba con una orden de aprehensión derivada de la causa penal 13/2017, por peculado durante el periodo que estuvo al frente: 2012-2016, indicó la procuraduría estatal el día de la aprehensión.

Aunado a ello, cito que, con base en la Averiguación Previa 12/DAP/24/2016 interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, detectaron transferencias bancarias irregulares de la cuenta del ayuntamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y del Fondo de Aportaciones Municipal, específicamente recursos destinados a mujeres.