CIUDAD DE MÉXICO.- El desvío electoral de los programas sociales en la entidad podría resultar “determinante” para definir el ganador de la contienda, advirtió Héctor Rubio, director de la consultoría Gestión Social y Cooperación (Gesoc) a Proceso.
De acuerdo con Rubio, los programas sociales operados por los gobiernos estatales escapan en gran parte a la fiscalización, por lo que “la política estatal social es una gran caja negra”. Esta situación resulta particularmente grave en el Estado de México, donde 75% de los 232 programas sociales que opera el gobierno de Eruviel Ávila Villegas carece, incluso, de documentos normativos.
Durante los primeros meses del año, tanto Ávila como funcionarios del gobierno mexiquense –entre ellos su hija, Isis Ávila– multiplicaron las entregas de becas, apoyos financieros, tabletas, tarjetas de prepago o estufas, entre otros, durante eventos con claros tintes clientelares, con vista a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio.
Hasta inicios de abril pasado, el gobernador recibió prácticamente todos los días a por lo menos un integrante del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en la entidad.
Además de tener un alto número de programas sociales estatales, la población del Estado de México es la más beneficiada de varios programas sociales federales. Aun así, la entidad concentra 15% de la población en situación de pobreza del país, es decir, ocho millones 269 mil personas.
Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 40% de los asistentes a los comedores comunitarios viven en la entidad, mientras uno de cada 10 beneficiarios de Prospera o del Programa de Adultos Mayores es mexiquense.
Con información de Proceso