Por segunda ocasión en este año, pobladores de los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano marcharon y se manifestaron de forma pacífica frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades el pago o la recuperación de sus predios y ranchos invadidos durante el levantamiento armado de 1994 por parte de los zapatistas.
Luego de mantener un bloqueo en la Avenida Central, como medida de presión para que los atendieran, Augusto García Álvarez, representante de las 441 familias afectadas, aseveró que los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se apoderaron de más de 42 mil hectáreas, lo que les repercutió en gran medida, puesto que la mayoría vivía de lo que producían en sus tierras.
Aseveró que, en su caso, fue despojado de 130 hectáreas “y si nos vamos a los costos, lo que nos deberían de pagar oscilaría entre los 80 mil y 100 mil por cada hectárea productiva, y le sumamos lo que quedó en nuestras propiedades: maquinaria, casas, animales y otras cosas”.
Expuso que aún está pendiente la mesa de negociaciones donde se planteen las formas de solucionar este conflicto, y que incluso intervengan las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Gobernación, además de los diputados de la Comisión de Concordia y Pacificación, “pero esto no avanza”.
A casi dos meses de haberse manifestado, lamentó que el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, no les haya cumplido con lo pactado en una minuta firmada, “desde que sucedió esta invasión, el gobierno en ese entonces nos prometió un pago de renta compensatoria por cada hectárea, pero eso solo se dio en seis meses: 45 pesos nos daban por hectárea, y de ahí nada”.
