Tuxtla Gutiérrez.- La falta de respuestas por parte del gobierno de Chiapas para atender a 56 familias desplazadas del ejido Pueblo, municipio indígena de Chenalhó, obligó a éstas a tomar hoy la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, para con ello obtener recursos y sobrevivir.
Desde temprana hora, las 246 personas, de las cuales 120 son infantes y 85 mujeres, se apoderaron de la misma, situación que ocurre por primera vez en el caso de desplazados de la entidad, pues este tipo de acciones es común que las ejecuten estudiantes normalistas o trabajadores de la educación.
Esas familias fueron desplazadas desde el 26 de mayo del año 2016 por un grupo de corte paramilitar que, en ese entonces, operaba la alcaldesa en turno de extracción Verde-ecologista, Rosa Pérez Pérez, y el cual, por medio de detonaciones con arma de fuego, mató a dos personas, una de ellas de 12 años de edad.
Para Aracely Cruz, quien perdió a su padre durante ese desplazamiento forzado, lamentó que las autoridades gubernamentales los hayan olvidado en un campamento improvisado en San Cristóbal, situación que se agudizó durante al menos 6 o 7 meses.
De hecho, aseveró que en los últimos 6 días prácticamente se quedaron sin alimentos, “ni tortillas, ni agua para beber, y eso no es posible porque es obligación del Estado atendernos, porque además se nos ha prometido”.
Entrevistado por aparte, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik”, recordó que desde esas fechas hay órdenes de aprehensión sin ser ejecutadas y, además, las carpetas de investigación “están congeladas” porque el grupo de corte paramilitar de Chenalhó impide que peritos y ministerios públicos ingresen a la zona a hacer su labor.
Para Aracely, la situación es compleja porque durante la pandemia varios compañeros y compañeras se han enfermado, aunque no saben si de covid-19, debido a que no han tenido acceso a pruebas u otro tipo de estudios.
Los desplazados desplegaron algunas mantas y, hasta el momento, se mantienen en el lugar para hacer los cobros respectivos y que ese recurso les quede a ellos, a pesar de que hay presencia policiaca e incluso de la Guardia Nacional.
bl