CHILPANCINGO.- Dejó su comunidad con sus tres hijos, cuando le desaparecieron a su marido. Dice que el gobierno les da una ayuda de dos mil pesos al mes y ella trabaja sembrando, pero el dinero escasea.
En su comunidad, las tierras que le dejó su madre ya fueron ocupadas por hombres que siembran marihuana y amapola. Pide ayuda para que sus hijos puedan seguir estudiando; “Trabajo de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, me pagan 80 pesos, mis niños ya no quieren vivir pero yo quiero que estudien”, narra Cristina en el conservatorio “Mujeres víctimas de desplazamiento forzado y desaparición forzada” organizado por el Centro de Defensa de Los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero ha documentado de 2011 a la fecha alrededor de 10 mil guerrerenses han huido de sus comunidades debido a la violencia en las regiones de la Costa Grande, la Costa Chica, la Tierra Caliente y la Montaña baja por las disputas entre grupos delincuenciales por el control de rutas para el trasiego de droga.
Cerca de 450 desplazados, habitantes de la Sierra de Leonardo Bravo y de Heliodoro Castillo, están dispuestos a reubicarse en Chilpancingo, o en cualquier parte de Morelos, Puebla, Hidalgo y del estado de México, pero para eso necesitaban apoyo institucional. Las autoridades les dijeron que simplemente no pueden volver a sus lugares de origen, señala Amapola Periodismo en un reportaje de desplazados.
El pasado lunes cinco de abril unas 135 familias, víctimas de desplazamiento forzado del estado de Guerrero viajaron a la Ciudad de México e iniciaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir seguridad, reubicación y el reconocimiento de su calidad de víctimas.
Las familias provienen de los municipios Leonardo Bravo y Zitlala, quienes salieron de sus comunidades en noviembre de 2018 por amenazas del crimen organizado.
Teodomira Rosales, integrante del Centro de Defensa De Los Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", que acompaña a las familias desde el 2018, explicó que la Secretaría de Gobernación, no ha cumplido con “la obligación de reubicarles, además de otorgarles la calidad de víctimas” con su inscripción en el Registro Nacional.
Rosales aseguró que hay familias que se han enfermado y a quienes se les ha negado la atención médica, y señaló que durante la pandemia los problemas de salud se han agudizado y hay personas que han fallecido.
Las familias desplazadas son en su mayoría campesinas y han tenido que buscar otros medios para sostenerse económicamente, afirmó en entrevista para “desinformemos”.
Las víctimas de desplazamiento exigin condiciones de seguridad, y aunque “ven imposible el retorno”, solicitan que se les reubique. También piden fuentes de empleo, tierras para sembrar y proyectos productivos de corto y largo plazo.
La integrante del Centro Morelos aseguró que seguirán en plantón hasta tener respuesta a sus exigencias, pues las autoridades municipales y estatales, dijo, ya no saben a qué autoridad recurrir.
esc