OAXACA.- Claudia Yasmín Hernández Leyva, concejal del municipio de San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, fue despedida de su trabajo, por haberse contagiado con el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). La queja ya se encuentra ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De acuerdo a lo relatado por el padre de la víctima, el 30 de enero de este año fue diagnosticada con neumonía atípica por Covid-19 por lo que el médico tratante le instruyó aislamiento.
Con las recetas médicas, la familia informó en su momento de esta situación a la presidenta municipal, Remedios Pilar Pérez. Pese a que la ausencia de Hernández Leyva estaba asociada a problemas de salud, el 16 de febrero fue informada vía telefónica del despido.
Por estos hechos fue abierto el expediente DDHPO/0013/RM/(07)/OAX/2021 ante la existencia de posibles violaciones a derechos humanos cometidos contra la servidora pública.
De la misma forma el organismo defensor solicitó la colaboración del ayuntamiento de San Andrés Dinicuiti para que respete los derechos laborales de la persona agraviada, y se le reincorpore a sus labores cuando su estado de salud lo permita.
En tanto solicitó a la autoridad que se le garanticen sus prestaciones y beneficios sociales, y que en caso que exista algún procedimiento administrativo en su contra, se le garantice ejercer su derecho a la defensa y se respete su derecho al debido proceso. Por último, requirió al ayuntamiento de San Andrés Dinicuiti que rindiera un informe sobre los hechos señalados por la persona agraviada.
NIEGAN LICENCIAS A POBLACIÓN DE RIESGO
Desde el inicio de la pandemia, la DDHPO ha recibido 19 quejas relacionadas con espacios de trabajo y riesgo de contagio a Covid-19, algunas de éstas tienen que ver con licencias negadas a población de riesgo quienes solicitaron ausentarse de sus empleos o laborar a distancia, otras por haber sido obligados a trabajar en acciones que los colocaba en riesgo y distintas a sus responsabilidades cotidianas, así como por despidos tras haber dado positivo a la covid.
Las instancias denunciadas por hechos relacionados con cuestiones laborales son el IMSS, ISSSTE, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Catastral de Oaxaca y el Municipio de Santa Lucía del Camino.
En el caso del ISSSTE fue por la negativa a otorgar resguardos domiciliarios a población de riesgo por enfermedad y otra por ser madre.
En la Fiscalía General del Estado por la negativa a otorgar resguardo domiciliario a personas vulnerables, una por ser adulta mayor y otra por ser persona con discapacidad.
Respecto de la Secretaría de Salud la mayoría estuvo relacionada por la falta de insumos para la atención a pacientes con Covid-19.
A su vez, la de la agencia de Santa Lucía del Camino fue porque en plena contingencia las autoridades municipales implementaron un programa para la venta de productos de la canasta básica obligando a los trabajadores a realizar trabajos que no les correspondían sin la protección adecuada ante el riesgo de contraer Covid-19.
En el caso de la Policía Estatal fue por cambio de adscripción de una persona que presentó síntomas de covid, así como otra que solicitó permiso para cuidar a su esposo que dio positivo.
Finalmente, en lo que respecta al Instituto Catastral de Oaxaca fue de una persona que dio positivo al virus.