Después de que el gremio transportista de Hidalgo rechazara aplicar descuentos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad –como planea una iniciativa de la diputada local Lucero Ambrocio Cruz– al argumentar afectaciones económicas, el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al cual pertenece la legisladora, comprometió analizar la propuesta y considerar alternativas para evitar el daño económico; sin embargo, antes de ello requirió que se transparente el número de concesiones que existen en la entidad y quiénes las han recibido de los últimos gobiernos.
“Consideramos que el de transporte es uno de los sistemas más intransparentes del estado y que además obedece a un estilo de cómo se ha venido atendiendo un derecho humano, un derecho público de los ciudadanos, el derecho a la movilidad y a tener un transporte digno.
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“Muchos choferes que han estado en el sistema toda su vida con un interés de algún día tener su concesión, no lo han logrado porque en muchas ocasiones sólo se otorgan al final del sexenio y con un tinte político por la cercanía de quien es incondicional al gobernador que está por salir, y lo ven como una fuente de poder y de fortaleza económica”, afirmó a La Silla Rota la diputada Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y vocal de la comisión de Comunicaciones y Transportes.
En una mesa de diálogo el 28 de noviembre, después de que la iniciativa se presentara ante el pleno, los permisionarios y trabajadores del sistema respondieron que, si se da a conocer el número de concesiones que poseen, estarían en una situación de peligro ante posibles acciones del crimen; asimismo, rechazaron la reforma a la Ley de Movilidad porque afirmaron que 23 mil estudiantes son la base económica del sector, por lo que de otorgar descuentos serían afectados “15 mil trabajadores” y sus familias.
“El tema del transporte público para nuestra fracción, que es mayoritaria en el Congreso, es una de las prioridades por varias razones: primero, porque 70 por ciento de la población más vulnerable utiliza este medio para trasladarse; segunda, porque representa desde nuestro punto de vista un sistema que ha sido intervenido en Hidalgo de manera inequitativa, en que siempre se ha privilegiado al transportista, aunque ellos consideran que no ha sido así”, expuso Montealegre Salvador.
La también representante del distrito XVII de Villas del Álamo dijo que Morena comprometió con ellos analizar la iniciativa de la diputada Lucero Ambrosio, “porque sí hubo un reclamo fuerte a la falta de un estudio en términos económicos de quién pagaría el dinero que implica tener esos descuentos a los diferentes sectores”; no obstante, insistió en que primero se informe acerca de las concesiones.
“Sí creemos que hay que reflexionar incluso la posibilidad de un subsidio económico por parte del estado hacia el transporte público, pero se tiene que hacer previo a una transparencia en las concesiones y una estrategia integral que nos permita mejorar el sistema y, sobre todo, el servicio al usuario”, remarcó.
El pasado 14 de noviembre, en la comparecencia del secretario de Contraloría del gobierno de Hidalgo, César Román Mora Velázquez, le solicitó transparencia en este tema, a lo cual respondió que la dependencia encargada de hacer públicos los datos era la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).
No obstante, la exregidora de Pachuca afirmó que una solicitud de información con el folio 00807518 que ingresó el 31 de octubre no ha sido respondida, pese a que venció el pazo perentorio de 20 días hábiles.
Por su parte, el titular de la Semot, José Luis Guevara Muñoz, dio a conocer a los legisladores que 75 concesiones que otorgó la administración del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz fueron a dos empresas cuyos integrantes “coincidentemente son familia”, aunque no reveló nombres para no vulnerar el proceso legal de revocación que está en curso contra éstas y 69 más.
En su comparecencia, también reveló que en el periodo del exmandatario se entregaron 4 mil concesiones, y en los dos primeros años de Omar Fayad Meneses 156 más.
Consultados por La Silla Rota, conductores que no autorizaron dar a conocer sus nombres debido a que no les permitieron hablar públicamente del asunto comentaron que los concesionarios le pidieron estar atentos al llamado a posibles protestas.
“Los afectados somos nosotros, porque somos los que entregamos la cuenta. Los patrones siempre reciben lo suyo”, recriminaron.
mvf