Al entregar el informe de la cuenta pública 2016 a la Comisión Inspectora del Congreso de Hidalgo, el auditor superior del estado, Armando Roldán Pimentel, reveló que identificaron un posible uso indebido de 93 millones 532 mil 592 pesos en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC), a través de subcontratación de empresas, por lo cual notificaron a Secretaría de la Función Pública (SFP) para que inicie un procedimiento de investigación y, posiblemente sancionador, contra los involucrados.
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El modo de operación, especificó, fue a través de un convenio multianual para el periodo 2015-2016, firmado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). El dinero, sin embargo, fue triangulado con particulares, quienes supuestamente realizaron trabajos que no refirió.
“Hasta ahí puedo dar información, considerando que es un proceso de inicio de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, al tratarse de fondos que no competen a la entidad, indicó Roldán Pimentel, quien mencionó que el posible desvío de 955 millones de pesos en Radio y Televisión de Hidalgo, el cual presuntamente se realizó mediante simulación de servicios para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Rosario Robles Berlanga, fue descubierto por el ente federal debido a que la ASEH dio vista sobre posibles irregularidades, el año anterior.
La Silla Rota publicó que la ASF detectó la probable malversación de 185 millones de pesos mediante trabajos inexistentes que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) encargó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, ubicada en un municipio rural, que lleva el mismo nombre, en Hidalgo.
A través del Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/
No obstante, por la auditoría forense 196-DS, el órgano fiscalizador detectó que quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única en uno de los dos proveedores que subcontrató la universidad, manifestó que no era representante legal, ni administrador único, ni accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa, y que por lo tanto no prestó servicio alguno.
El otro no acreditó en su totalidad los pagos a quienes presumiblemente ejecutaron los trabajos, además, la ASF constató que personas que se incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la administración pública federal –cuyos nombres no incluyó–; asimismo, la UPFIM transfirió recursos a otras empresas vinculadas por una misma persona como comisario y/o accionista.
A estos supuestos proveedores, transfirió 181 millones 959 mil 500 pesos.
En el caso, el ente fiscalizador también detectó probable plagio de trabajos y falsificación de firmas del titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo (DGOTAZR), quien denunció el posible delito en junio de 2017 ante la Procuraduría General de la República (PGR).