XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Desplazada desde hace dos años de su ciudad de origen por amenazas del crimen organizado, la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera inició huelga de hambre en la Plaza Lerdo, en Xalapa, para exigir a las autoridades retomen los trabajos de búsqueda en el rancho La Isla ubicado en Papantla, donde podrían estar los restos de su hijo Alberto Uriel, desaparecido el 19 de marzo del 2016, junto a otros dos compañeros.
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El rancho se usaba como “cocina de los zetas”, en el lugar desaparecían personas y cuerpos tras ser ejecutados por presuntos criminales. Blanca Ninfa cree que ahí localizará a su hijo Alberto Uriel, quien fue privado de su libertad por elementos de la policía municipal el 19 de marzo de 2016.
A diferencia del caso de Tierra Blanca, la desaparición de los jóvenes Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo no ha logrado eco en los medios de comunicación para obligar una disculpa pública de parte del Estado Mexicano.
Ya existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -la 6VG/2017, que obliga al Estado, la Fiscalía General y al Municipio de Papantla a tomar acciones ante la desaparición forzada de los jóvenes; también establece la obligación de la autoridad municipal de pedir perdón a los padres. Pero se ha incumplido.
Consiente que su hijo fue privado de su vida por delincuentes, apoyados por los elementos de la policía municipal que fueron sentenciados a 30 años de cárcel, Blanca solo quiere los restos de Ulises para darles cristiana sepultura. Tras su ayuno en Plaza Lerdo autoridades del Estado se comprometieron a retomar la búsqueda en el rancho la Isla el próximo 22 de marzo.
Ninfa, quien vende comida en una vecindad y ropa por internet para tener ingresos, reconoce que las autoridades de gobierno se han portado amables con ella, la reciben “muy bien” en todas las dependencias y oficinas, pero ninguna ha dado resultados.
Por el contrario, se le revictimiza al informarle -34 meses después- que los cuerpos calcinados ubicados en el rancho la Isla, predio localizado en el camino Remolino-La Isla en el municipio de Papantla, no cuentan con ADN para identificarlos, debido a que el fuego degradó cualquier rastro de los restos.
La madre de familia, quien estuvo acompañada por amigos y familiares en su plantón, relató que, tras la ubicación de restos en el rancho vinculado a Mario Ángeles Sosa, alias "El Bolas", presunto líder de los Zetas en la zona norte, la Fiscalía General no realizó más trabajos de búsqueda.
“Dicen que es imposible extraer ADN de tan carbonizados que están (los restos), entonces digo yo, a 34 meses, se me hace una burla de las autoridades, ¿por qué esperar tanto para darnos la noticia? Quiero justicia, quiero verdad, porque hasta ahorita nada de esto se nos ha cumplido”.
En 2016 un menor de edad detenido -que dijo haber trabajado como halcón de Los Zetas-, confirmó que los tres jóvenes fueron asesinados y posteriormente calcinados en el rancho La Isla, sin embargo, la búsqueda ha sido limitada, por lo que se hace necesario regresar al terreno y buscar en fosas clandestinas.
La también integrante del Colectivo de Búsqueda María Herrera de Poza Rica, mencionó que solo ella se mantiene en la búsqueda de los jóvenes Alberto Ulises, Luis Humberto y Jesús desde hace tres años, “soy yo la única que anda de allá para acá buscándolos”.
Ulises salió de su casa para ir a ver a su novia -el 19 de marzo-, iba acompañado con sus amigos, cuando fueron interceptados por los elementos policiacos que los levantaron y los entregaron al grupo delictivo de la región.
Los tres jóvenes fueron criminalizados, se dijo que estaban vinculados al crimen organizado, pero nada se les pudo comprobar; en cambio a los policías Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y Bernardino Olmedo Castillo, se les sentenció -el 22 de marzo del 2018- a 30 años de cárcel, por desaparición forzada.
Perdió todo en la búsqueda
Desde el 26 de marzo del 2016, cuando Ninfa acudió a denunciar la desaparición de su hijo, recibió un mensaje de amenaza para no declarar contra Bernardino Olmedo Castillo, entonces inspector de la Policía Municipal, presuntamente vinculado al crimen organizado.
“Estoy desplazada de mi casa por amenazas de muerte, contra mí y contra mis hijos, me he ido de mi casa (…) tenía yo un terreno que era de mi hijo el mayor, lo tuve que vender, para subir y bajar; tenía una tiendita pequeña de abarrotes y un molino, también lo perdí. He perdido todo: mi seguridad, mi tranquilidad.
“El líder Zeta me dijo que dejara de andar haciendo tanto desmadre o me iba a pasar lo mismo que a mi hijo”, comenta en entrevista para E-Consulta.
Doña Ninfa padece azúcar y presión alta, durante su manifestación en la Plaza Lerdo fue atendida de emergencia pues el ayuno le generó descompensación, por lo que paramédicos de la Cruz Roja llegaron a auxiliarla.
Declaratoria de emergencia humanitaria, letra muerta
La madre de Ulises consideró que la declaratoria de crisis humanitaria que decretó el Gobernador Cuitláhuac García en su toma de protesta -el 01 de diciembre del 2018- , se ha quedado en discurso, nadie le ha brindado apoyo para dar con el paradero de sus hijos.
Durante la campaña y ya como Gobernador electo, García Jiménez se reunió con los colectivos por razones políticas, comentó doña Ninfa, quien reconoció que eso es habitual y ha ocurrido en las últimas elecciones locales.
En tres años nadie los ha apoyado, la búsqueda, la necesidad de desplazarse de un punto a otro, y las diligencias en la Fiscalía las han sufragado con sorteos del Colectivo María Herrera, y la venta de comida en la vecindad donde vive, o ropa y zapatos vía Facebook.
“Ahora con el gobierno actual todo sigue igual, dijo el gobernador que el tema de desaparecidos era prioridad, y hasta ahorita son solo palabras”.
Familias quieren que les reparen del daño
El 27 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 6VG/2017, que contenía 27 encomiendas para el gobierno de Miguel Ángel Yunes, para la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, y para el Municipio de Papantla, administrado por Marcos Romero.
Entre las cuatro observaciones más importantes destaca garantizar la reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
Inscribir a las familias al Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Se proporcione a los familiares la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su sanación psíquica y emocional, por los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género.
Y se ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas, con la presencia de la Comisión Nacional.
Todo quedó solo en “papel escrito”, nadie atendió la exigencia de la Comisión Nacional, ni ha dado seguimiento a su cumplimiento.
En su momento el alcalde Marcos Romero “intentó” ofrecer una disculpa en un restaurante alejado del centro de Papantla, pero ellos no aceptaron la intentona del perredista, “la disculpa no me va a regresar a mi hijo, pero es para que reconozcan su ineptitud y su ineficacia”.
Doña Ninfa consideró necesario que se le indemnice por los daños que le ha generado la búsqueda de Ulises. Reconoce que las personas los critican por las movilizaciones, marchas y manifestaciones, porque dicen que solo lo hacen por dinero, pero lo necesitan en su intento por recuperar a su hijo.
“Ya sé que vivo no está, quiero que me entreguen sus restos, estoy centrada en mi realidad, quiero que me digan, aquí está su hijo, para darle cristiana sepultura; y si quiero que me paguen, de alguna manera tienen que pagar el daño que me hicieron (…) quiero justicia, quiero verdad”, reiteró.
La historia de la desaparición
El 19 de marzo de 2016, Luis Humberto Morales, Alberto Uriel Pérez y Jesús Alan Ticante fueron privados de la libertad en el centro de Papantla por un grupo de ocho policías que estaban al servicio de una célula delictiva. El joven fue a visitar a su novia y nunca regresó a su casa.
“Llegó la patrulla, lo corretearon, a varias cuadras de ahí (casa de su novia) los bajaron, los levantaron y desde ese momento no sabemos nada de ellos”, narró.
De acuerdo con la declaración de un menor de edad detenido -que se acreditó como halcón de Los Zetas-, los tres jóvenes fueron asesinados y posteriormente calcinados en el rancho La Isla, en Papantla.
Doña Ninfa fue la primera de los familiares afectados en levantar la voz mediante protestas y denuncias penales, y aún se mantiene en la búsqueda.
La activista se reunió con el alcalde Marcos Romero -el 28 de marzo de 2016 -nueve días después de la desaparición de los tres jóvenes- y el perredista reconoció que sus policías estaban vinculados al crimen organizado.
"Nos dijo que sabía de las travesuras que hacían los canijos de sus policías pero que mientras no hubiera más denuncias él no podía hacer nada", declaró doña Ninfa en octubre del 2017.
El 29 de marzo de 2016, ocho expolicías fueron detenidos al ser señalados como responsables de la privación de la libertad de Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, de 18, 19 y 24 años respectivamente, a quienes posteriormente habrían entregado a una célula del Cartel de Los Zetas.
En marzo del 2018 fueron sentenciados a 30 años por desaparición forzada los expolicías Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y Bernardino Olmedo Castillo, este último, comandante de la Policía Municipal.
kach