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Denuncian ONG "olvido" de reclusas en Chiapas

Advierte Fundación de aumento de mujeres con bebés recién nacidos en penal “El Amate”; hay otras 4 embarazadas

  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 11/02/2020
  • 17:57 hrs
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Denuncian ONG olvido de reclusas en Chiapas
En la cárcel de Tapachula hay cerca de 40 mujeres, de las cuales algunas fueron detenidas en las caravanas migrantes; mientras que en el CERSS 5 de San Cristóbal existen 22. Foto Cuartoscuro

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Aislamiento, falta de apoyo y espacios poco o nada adecuados para las reclusas que tienen hijos recién nacidos, y constantes “trabas” para que Organizaciones No Gubernamentales les brinden ayuda, es parte de lo que impera en los tres penales que albergan a mujeres en Chiapas.

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Además, de enero del año pasado a la fecha, el aumento de reclusas en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados de la entidad pasó de 66 a 106, con una sobrepoblación en “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa.

Así lo advirtió “Unidas por la Sangre”, fundación integrada por mujeres de distintas profesiones, quienes desde hace cuatro años han trabajado de forma voluntaria para mejorar la calidad de vida del género femenino con una perspectiva de igualdad de género y derechos humanos, como el de internas y de aquéllas que viven con sus hijos durante el encierro.

En conferencia, Jacivi Gómez, presidenta de la Fundación, evidenció que lo que más les preocupa es que existen 8 bebés, de menos de ocho meses de edad, “que nacieron por las redadas (desalojos) que ejecutó la Policía estatal en contra del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri); algunas llegaron en periodo de gestación y ahí los tuvieron, y otras cuatro están embarazadas”.

Durante su última visita en diciembre del año pasado, dijo, detectaron que además hay dos niños de dos a 3 años, “y como la ley les permite estar hasta los 4, es una situación muy dura, porque uno se va a un albergue, pues carece de familiares, y la otra nena se irá con sus abuelitos”.

Aunque destacó el apoyo que han aportado otras organizaciones, como “Mujeres cruzando fronteras” o la Fundación de Yajalón, entre otros, “lo que lamentamos es que no hay respaldo de las autoridades del propio estado”.

Libertad o sentencias, temas pendientes

Lo que también se lamenta, dijo, es que no ha habido ni una sola libertad desde el año pasado, ni sentencias, lo que mantiene preocupada a la población femenina encarcelada.

Asimismo, evidenció que en la actualidad ya no existe una celda especial para las mamás, lo que es más complicado porque hay compañeras que fuman o dicen groserías, “hay una guardería, en cuya creación participamos, pero nos llama la atención que las hayan revuelto; en sí, nos preocupa más la situación de esos bebitos”.

Calculó que poco más del 50 por ciento de las presas está en esa condición de forma injusta; además, aclaró que el delito más común por el cual pagan una condena es por homicidio y trata de personas.

“Muchas dicen que no saben por qué están ahí, que ni les leyeron sus derechos, ni nada; e incluso hay quienes advierten que ni siquiera les otorgaron un traductor, en el caso de quienes hablan otro idioma (tsotsil o tseltal)”, reveló.

Algo que la autoridad debería atender, dijo, es el de crear condiciones laborales para todas las presas de la entidad pues, comparado con los varones en esa condición, ellas carecen de ingresos y se ven en la necesidad de embarazarse para ocupar su tiempo en algo, o sentirse valoradas o amadas.

Entre otras cuestiones, advirtió que esos bebés reciben leche entera, lo que va incluso en contra de su salud, “y aunque no hay condiciones de hacinamiento, sí vemos más trabas para meter artículos para ellas, lo que se nos hace injusto”.

Sobre este “endurecimiento” de las reglas, señalaron como responsable al subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Alarcón, a quien consideraron la “piedra en el camino” para atender a esas mujeres como debería de ser.

“Ahora nos piden, al menos en el penal de Cintalapa, que tenemos que avisar 15 días antes de hacer una visita, y que lo que les entregaremos a las mujeres en prisión lo tenemos que llevar antes para que haya una revisión, lo que se hace más engorroso, complicado, porque los recursos provienen de nosotras y de la misma población que aporta mucho”, puntualizó.

Como parte de su fundación, destacó que en el 2019 entregaron cerca de 9 mil 540 artículos para las reclusas, lo que incluye kit de higiene (jabón, champú, desodorante), despensas, medicamentos, ropa, calzado, leche, pañales, piñatas, además de efectuar talleres “para orientarlas en su sexualidad”.

Autoridades las “ignoran”

Para Berenice Nava, otra de las integrantes de la Fundación “Unidas por la Sangre”, a la entidad le corresponde dotar de anticonceptivos y otros métodos a las reclusas, y con ello evitar más embarazos en esas condiciones, “pues ni (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos ha intervenido, porque, otra cosa que nos ocupa y preocupa, es que los partos fueron en la cárcel, y no sabemos en qué condiciones”.

Es tanto el olvido en el que las mantienen, aseveró, que es poco común que las visiten, y si estuvieron casados, sus esposos prefieren rehacer su vida con otra mujer que buscarlas a ellas, “y los hijos o familiares sí llegan, pero de acuerdo con sus posibilidades”.

Son entonces, aseveró, mujeres “invisibles” las que están en los penales de la geografía chiapaneca. “Creemos que tendrían que darles un trato diferente, porque ellas delinquen muy distinto a los varones, y no hablamos de tratos especiales, sino enfatizar que son madres, y si una familia carece de su mamá, se destruye todo”.