Juan de la Cruz Ruiz, integrante de la organización “La Voz de Indígenas en Resistencia” está encerrado desde hace 13 años en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, por un delito que no cometió: homicidio.
En rueda de prensa, Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), advirtió que una supuesta falla administrativa ha provocado que esa persona continúe en la cárcel, cuando habría quedado libre en el 2016 (tiene una condena de un cuarto de siglo).
Explicó que la boleta de libertad nunca le llegó al entonces director de ese penal, por lo que responsabilizó al propio gobierno de que el trámite “se trabara”, pues la recomendación se dirige a la Subsecretaría de Sanciones Penales, donde reciben y sellan, pero ahí se queda.
No emitió esa boleta, no sabemos los motivos, y hemos analizado el contexto, y no vemos motivo por el cual no expidieran esa boleta de libertad, pero lo que se nos hace más grave, es que las autoridades actuales sean omisas, porque ya saben que hay una injusticia”.
Acompañado por Juan Pablo Nava, representante del Grupo de Trabajo “No estamos todos, no estamos todas”, Faro ventiló que esto representa una privación arbitraria de la libertad, por lo que calificó como un hecho de terror el que el Estado se niegue a respetar los derechos humanos, lo que para ellos solo representa el modo de actuar de los actuales gobernantes.
Lo mismo le sucede a Adrián Gómez Jiménez, también integrante de esa agrupación, quien desde hace 15 años “no ve la luz” porque fue acusado por otro delito grave: secuestro, “pero él ya hizo labores, ha tenido buen comportamiento, le falta una década de condena, pero consideramos que ya debe estar libre”, externó.
En general, dijo que ambos personajes encarcelados han pagado condenas que no les correspondían, por lo que se pronunciaron por que las autoridades estatales “se toquen el corazón” y, con base en la ley, los dejen en libertad.