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Denuncian a Jueza por otorgar amparos a Rodrigo Medina

Además de a familiares y ex funcionarios de la gestión del ex gobernador nuevoleonense

Escrito en ESTADOS el

La Jueza Quinta de Distrito, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, fue denunciada en la Cámara de Diputados federal al considerarse que ha otorgado 40 amparos en favor del ex gobernador Rodrigo Medina, familiares y ex funcionarios de su gestión con lo que se impide su arrestó o que se inicien juicios en su contra.

La denuncia la presentaron en la ciudad de México, el coordinador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, diputado Samuel García, y los legisladores federales Jorge Álvarez Máynez y Verónica Delgadillo.

Ahí, también denunciaron a la Jueza Sandra Leticia Robledo Magaña y al Juez Ciro Carrera Santiago, quienes otorgaron suspensiones provisionales contra órdenes de aprehensión a los ex gobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, respectivamente.

Según el también líder de MC en Nuevo León, son  77 amparos tramitados por ex funcionarios investigados por la Subprocuraduría Anticorrupción, de los que 40 han sido otorgados por Joaquina Jaimes Ramos, entre ellos 10 alal ex gobernador, otros a su padre Humberto Medina Ainslie y su esposa Gretta Salinas.

Otros beneficiados con amparos son funcionarios de su gobierno como Luis Marroquín, Rodolfo Gómez Acosta, Rolando Zubirán, Celina Villarreal, Emilio Rangel Woodyard, Pedro Morales Somohano, Jorge Domene, Francisco Valenzuela y Patricia Aguirre, entre otros.

"Esta jueza ha dado 40 suspensiones o amparos, eso nos impide obviamente que se les detenga, que se les arreste, y algunas veces hasta que no se les pueda iniciar el proceso o el juicio. No es posible que estos despachos de estos corruptos, con total alevosía y ventaja, y sobre todo con conexiones y amarres que tienen, manden, y se supone que los asuntos son aleatorios, y como coincidencia todos caen con la misma jueza y con el mismo criterio a todos ampara", explicó Samuel García.

Ahora quieren que la Jueza comparezca y dependiendo del escrutinio que hagan de sus resoluciones, si se determina que incurrió en alguna violación o abuso de autoridad, podría recibir un apercibimiento, multa o sanción, o incluso ser destituida.