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Delincuencia desafía a gobierno de Yunes

Crímenes sanguinarios en la capital y otros municipios emulan canal de comunicación entre sicarios y el gobierno de Veracruz

Escrito en ESTADOS el

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- En el último trimestre de 2017 las principales calles de Xalapa se convirtieron en el escenario predilecto de la delincuencia organizada. Crímenes sanguinarios hoy emulan un canal de comunicación entre sicarios y el gobierno de Veracruz.

El evento más reciente se cometió la noche del domingo 19 de noviembre, a 500 metros de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) cuando estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y otras casas de estudio arribaban de sus municipios natales.

En un predio de reserva ecológica ubicado en la colonia Álvaro Obregón, fueron abandonadas once bolsas negras con las extremidades repartidas de cinco personas, jóvenes la mayoría de las víctimas. 

Apenas el 15 de noviembre, Miguel Ángel Yunes Linares reconoció en su primer informe de gobierno que el tema de seguridad en Veracruz -prioridad en su campaña- no ha sido resuelto pese a más de 40 Juntas de Coordinación sostenidas con mandos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

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Dos días después, el 17 de noviembre, a unas horas de la comparecencia de Jaime Téllez Marié, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), cuatro cadáveres maniatados fueron hallados en un camión de transporte en San Andrés Tlalnelhuayocan, un municipio conurbado a Xalapa. 

Envuelto en críticas, Téllez Marié acotó que “el Estado tiene la obligación de dar seguridad y garantizar la paz y tranquilidad de las mujeres y hombres de bien, de los buenos ciudadanos, más no de proteger la integridad física de los delincuentes, que saben de antemano que su actividad ilícita los coloca en factor de riesgo y aun así no desisten en sus conductas antisociales”.

El 12 de septiembre 2017, tras una ola de secuestros, asesinatos y “cobros de piso” que afectó a empresarios, estudiantes y comerciantes, respectivamente, Yunes Linares anunció una inversión de 105 millones de pesos en materia de seguridad para la compra de 200 patrullas, de las cuales 20 fueron entregadas al municipio xalapeño. 

El anuncio estatal tuvo respuesta al día siguiente, el 13 de septiembre, primero con el asesinato de una persona sobre una acera de la calle Rafael Lucio, a seis del Palacio de Gobierno; otro sujeto resultó herido por proyectil de arma de fuego.

Cuatro horas más tarde profesionistas, tres cadáveres -dos hombres y una mujer- aparecieron en bolsas negras, sobre la calle Modesto Guinard. Sobre ellos fueron colocados escobas y cepillos de limpieza. Los responsables tuvieron tiempo para acomodar las tres cabezas en sombreros de charro, alusivos a las fiestas patrias.

El crimen consolidó a Xalapa como una de las ciudades más inseguras de la entidad. Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública entre enero y julio de 2017 (siete meses) se registraron 35 denuncias por asesinato, 21 por extorsión, 14 por secuestro, 25 por violación y 694 por robos.

Lo anterior, pese a los esfuerzos anunciados por el ejecutivo estatal en materia de seguridad como la detención de Josué N, alias “El Manitas”, presunto integrante del cartel de la 35 Z y la captura de Daniel “N”, alias El Tirano, presunto líder de una banda dedicada al secuestro. 

Respuesta de delincuentes, una constante en gobierno de Yunes

En otro evento, esta vez en el municipio de Ixtaczoquitlán, el 8 de noviembre, un policía de la SSP y otro más resultó herido producto de una emboscada en la congregación de Sumidero, municipio de Ixtaczoquitlán en el kilómetro 284 de la autopista Veracruz-México.

El crimen se cometió 72 horas de que la misma dependencia anunció el abatimiento de cuatro presuntos criminales, en el mismo municipio, donde además aseguraron dos armas largas y dos cortas, así como una camioneta marca Ford Escape 2014 de color negro, placas YKR 5153, del estado de Veracruz.

El 20 de junio de 2017, a seis meses de iniciada la administración panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares anunció una recompensa de 1 millón de pesos por información que llevara al paradero de Ricardo Pacheco Tello, alias “El Quino”, entonces jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Habían pasado unas horas desde el anuncio de Yunes Linares, cuando trabajadores de una empresa de publicidad fueron agredidos a balazos mientras colocaban una lona con la fotografía de “El Quino”.

Ese mismo día, el 20 de junio, los cuerpos de tres personas cercenadas fueron abandonados en bolsas negras frente a las oficinas del secretario Téllez Marie. De las extremidades pendían cartulinas donde se leían amenazas de muerte contra el servidor público, quien además fue relacionado con el cartel de Los Zetas. Tras esos hechos el servidor público fue blindado con escoltas.

Sin embargo, el mensaje más significativo de parte de la delincuencia organizada se cometió el 24 de junio de 2017, cuando, Juan Camilo Castagné Velasco, excoordinador estatal de la Policía Federal y uno de sus colaboradores fueron asesinados a quemarropa en el restaurante de mariscos “La Bamba”, en el municipio de La Antigua. 



kach