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Dejan en manos del Orfis, procesos contra exyunistas

La Silla Rota Veracruz realizó una recopilación de la polémica tras la entrega de la revisión de la cuenta pública y el rechazo de la LXV Legislatura

Escrito en VERACRUZ el

Tres meses después de revelarse un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción postergó la acción de desechar o judicializar las denuncias formuladas por desvíos de recursos públicos en 46 entes paraestatales y paramunicipales y 125 municipios.

En entrevista, el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, reveló que será el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) el que determinará si procede o no contra los exservidores públicos de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, a partir de los resultados de la nueva revisión a la cuenta 2018 que concluirán en enero de 2020.

Refirió que en la revisión de las denuncias por un mal uso de recursos públicos se aplican dos instancias, primero, con el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y después con los peritos contables de la Fiscalía Anticorrupción.

“El Orfis está haciendo su trabajo y al final del día, esta determinación que toma el Congreso de revisar de nuevo la Cuenta 2018, y algunos ayuntamientos que nos están señalando hechos susceptibles, primero tendríamos que esperar que el Orfis termine su proceso y ya que el Orfis nos den los elementos para determinar si hay la afectación”

 Aunque no especificó nombres o cargos, Corona Lizárraga anunció que procederá a judicializar las investigaciones contra funcionarios en enero del próximo año.

“En enero de 2020 vamos a judicializar un buen número de carpetas, sobre todo de servidores públicos que ustedes estarán enterados, pero ya una vez que lleguemos a la instancia procesal oportuna, ustedes van a tener mayores elementos de qué ha hecho la fiscalía especializada y tener unos datos del trabajo que estamos llevando a cabo”

Cabe destacar que el 25 de septiembre de 2019, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en ese entonces con Lorenzo Portilla Vázquez a la cabeza, detectó en la Cuenta Pública del Gobierno de Veracruz durante el 2018 un presunto daño patrimonial por 4 mil 800 millones de pesos.

La Silla Rota Veracruz realizó una recopilación de la polémica desatada tras la entrega de la revisión de la cuenta pública y el rechazo de la LXV Legislatura para aprobar tales resultados.

CONCLUYE LA REVISIÓN

El 25 de septiembre de 2019, el Orfis entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz la revisión de la cuenta pública 2018, y en donde advirtió de un presunto daño patrimonial de 4 mil 800 millones de pesos.

Lo anterior, derivado de las auditorías de 328 entes fiscalizables, y en que 11 dependencias estatales, 30 Organismos Públicos Descentralizados, 3 Fideicomisos, y un Órgano Autónomo resultaron con observaciones.

La cuenta corresponde al segundo año del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, así como el primero de las actuales administraciones municipales, y en dicho lapso el Orfis anotó observaciones por 1 mil 108 millones 819 mil 144.57 pesos del fallido Sistema Estatal de Videovigilancia.

CUATRO, CON POSIBLE DAÑO

En la revisión, el Orfis detectó posible daño patrimonial en el primer año de los municipios veracruzanos, y en las cuales destacan los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa y Orizaba.

Según el informe de la Cuenta Pública 2018, el municipio de Veracruz puerto, gobernado por Fernando Yunes, tendría un presunto daño por 16 millones de pesos.

Esto debido a que las aclaraciones y documentación justificada y probatoria de pruebas no fueron suficientes para solventar las observaciones, por lo que el Orfis podría fincar responsabilidades penales.

En el caso de Boca del Río, Xalapa y Orizaba recibieron observaciones administrativas por parte del Orfis.

AL RELEVO

Con la entrega de la cuenta pública 2018, el entonces auditor Lorenzo Portilla Vázquez finalizó su gestión al frente del ente auditor, para ser relevado en el cargo por Delia González Cobos, de entre una terna en donde igual participaron Cecilia Coronel Brizio y Jorge Hernández.

A favor de la ex Procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y ex representante de grupos partidistas ante órganos electorales del INE y del OPLE, los diputados expresaron 48 votos a favor en una sesión celebrada el 26 de septiembre, un día después de la entrega de la cuenta 2018.

LA DESCONFIANZA

El 30 de octubre, la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz reveló su negativa de aprobar la cuenta pública 2018 por la desconfianza contra Portilla Vázquez al revisar las finanzas de los entes y dependencias.

Sin embargo, trascendió una segunda versión sobre el hecho: la del cobro de "moches" para limpiar la cuenta de los municipios con observaciones, entre estos, el de Xalapa, encabezado por el Morenista Hipólito Rodríguez Herrero.

Dicha negativa la expresaron a unas horas de la votación de la cuenta 2018 ante el pleno del Congreso de Veracruz.

RECHAZO DESDE EL ALTIPLANO

También la fracción de Morena en la Cámara de Diputados a nivel federal igual apoyó la postura de no aprobar la cuenta pública 2018 de los legisladores locales de Veracruz.

Desde San Lázaro, los legisladores acusaron al extitular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, por haber permitido el supuesto desfalco durante las últimas tres administraciones estatales.

Ante ello, hicieron un llamado para que la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz haga una nueva revisión a la Cuenta Pública 2018, en la cual aseguran, existe “incertidumbre” y desconfianza por la información que maneja.

INTERESES DE FAMILIA

La desconfianza contra las acciones de Portilla Vázquez se agregó al conflicto de intereses de diputadas locales participantes en la revisión de la cuenta por parte de hijas y esposas de alcaldes con observaciones.

Esto, dado que a la cuenta de Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada participaría la diputada perredista Brianda Kristel Hernández Topete, esposa del alcalde de Santiago, Argenis Vázquez Copete y a la vez, nuera de Arturo Herviz Reyes, alcalde del municipio de Cabada.

Además, María Graciela Hernández Iñiguez tomaría parte en la revisión de la cuenta del ejercicio de su padre, el alcalde de Misantla Othón Hernández Candanedo.

EN BUSCA DE DINERO

Ante la disposición del Congreso de Veracruz de no aprobar la cuenta pública y ordenar una segunda revisión, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos admitió que la dependencia requiere una ampliación presupuestal de 15 millones de pesos para cumplir con la disposición.

Delia González expuso que la primera revisión que hizo el Orfis costó cerca de 220 millones de pesos. Dado el corto tiempo que se tiene para hacer un nuevo análisis, considera necesario contratar nuevos despachos, lo que implica un mayor gasto para el Orfis.

En este, el Orfis no auditaría a todos los entes sino a aquellos “con dudas” en el manejo de los recursos.

LA NEGATIVA DE SEFIPLAN

Ante tal petición, la respuesta del titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco consistió en una negativa para ampliar el presupuesto del ente auditor.

El titular de la Sefiplan explicó que el dinero con el que cuenta la tesorería estatal ya está etiquetado para cumplir compromisos económicos, por lo que se rechazará la petición hecha por los organismos al Congreso.

TRABAJO CONTRARRELOJ

En noviembre pasado, la auditora Delia González Cobos admitió que la dependencia trabaja en “contrarreloj” para completar la segunda revisión ordenada por el Congreso de Veracruz.

Además, la auditoria insistió que la revisión no será en la totalidad de los informes financieros, si no que iniciarán a partir del periodo en el que se justificó el manejo financiero “y para eso partimos de cierto punto, no desde el inicio de la auditoria”.

Esto luego de que el pasado 31 de octubre, la Comisión de Vigilancia determinó por mayoría no aprobar el dictamen de Resultado de la Cuenta Pública 2018, lo que se considera violatorio a la ley de Fiscalización.

MARCHA ATRÁS

Con solo dos meses y medio de su nombramiento, la auditora General, Delia González Cobos se vio obligada a retractarse de la solicitud de ampliación presupuestal para cerrar el año, además, anunció el avance en la nueva revisión a la Cuenta Pública 2018.

La petición de recibir 25 millones adicionales a su presupuesto de 184 millones 717 mil pesos, que se etiquetaron para este año, generó malestar y escozor entre los diputados de Morena, que mantienen un discurso de austeridad, y que rechazaron dar recursos extraordinarios.

ygr