Pachuca, Hidalgo.- El conflicto entre el grupo político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que preside el expriista Gerardo Sosa Castelán, y el que lidera el gobernador Omar Fayad Meneses –respaldado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local– tuvo un nuevo capítulo con el amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la designación de un contralor para la casa de estudios.
Una reforma al artículo 26 de la Constitución Política de la entidad, aprobada el 5 de octubre de 2017 –con el PRI como mayoría y el Legislativo a cargo de la exsubsecretaria de Educación, María Luisa Pérez Perusquía, quien logró la reelección por la vía plurinominal, establece que los organismos autónomos contarán con un órgano interno de control para vigilar la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos, así como fomentar la rendición de cuentas, cuyo titular será nombrado por el Congreso del estado por las dos terceras partes de los diputados presentes.
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La UAEH, sin embargo, se amparó por considerar que esta modificación trasgrede la autonormación y el autogobierno que le otorga la Carta Magna, lo cual ratificaron los ministros de la segunda sala de la SCJN.
“Con dedicatoria especial a las personas que tenían sus dudas a la acción de respetar la Constitución”, dijo el rector Adolfo Pontigo Loyola, quien, cuando anunció que recurrirían al Poder Judicial de la Federación, el 7 de diciembre pasado, consideró que con la ley aprobada por el Legislativo “se posibilita a gente ajena a la universidad para que intervenga en las actividades sustantivas y adjetivas”.
El amparo invalida la designación que hizo la anterior Legislatura, que culminó funciones el 4 de septiembre, para que la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, Adalid Aldana Rodríguez, fuera contralora interna de la UAEH, lo cual, insistió el rector, era un intento de intromisión del gobierno a la vida interna de la institución.
En tanto ocurre esta resolución, en el Congreso Pérez Perusquía asevera que, pese a ser parte de un partido minoritario, es la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, posición que también reclama el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), primera fuerza por la cual consiguieron curules nueve legisladores (de 17) que pertenecen al grupo político de la Universidad.
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La legisladora mandó colocar una reja metálica en el cuarto piso de la Torre Legislativa para restringir el acceso a Morena, que el 12 de septiembre, después de tres recesos, y un día después de que un grupo de priista a quienes el personal de seguridad no restringió el acceso tomaran la tribuna, aprobara presidir el órgano legislativo durante el primer año.
El conflicto, sin embargo, data del 31 de julio, el último día de sesiones ordinarias de la anterior Legislatura, cuando los asambleístas –con el PRI aún como primera fuerza–, aprobaron una modificación a la ley orgánica para que la presidencia, que siempre había pertenecido al instituto político con más integrantes, fuera itinerante, pese a que los diputados electos protestaron en la Cámara e intervino la policía estatal con uso de gases lacrimógenos y toletes, lo cual dejó un saldo de nueve lesionados, incluida la ahora legisladora por Ixmiquilpan Lucero Ambrosio, quien fue trasladada en ambulancia por paramédico de la Cruz Roja.
Morena y el Grupo Universidad acusaron a Omar Fayad de ser el responsable de estas reformas exprés con la supuesta intención controlar al Legislativo, después de que el PRI perdió en las elecciones 17 de 18 distritos locales; el gobernador, por su parte, responsabilizó a Gerardo Sosa de incentivar la violencia.
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