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¿Cuánto cuesta la delincuencia a los empresarios hidalguenses?

El cobro de piso es más recurrente en Actopan, Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula y Tulancingo

Escrito en ESTADOS el

Por la corrupción y el delito en Hidalgo, las micro, pequeñas y medianas empresas destinan 54 mil pesos anuales en medidas para salvaguardar la integridad de sus dueños y trabajadores, así como reponer pérdidas al ser víctimas del crimen, revela la investigación Comercio, Inseguridad y Captura Institucional. Las distorsiones de las Mipymes hidalguenses son elaboradas por académicos del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH).

Entre las revelaciones de este trabajo, que fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), está que el cobro de piso es más recurrente en Actopan, Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula y Tulancingo, por lo que los autores instaron a la autoridad a tomar en cuenta dicho indicador, “porque comúnmente este delito es cometido por grupos de la delincuencia organizada de mayor calado y que recurrentemente es la opción (junto con el secuestro) para el mantenimiento de las ganancias de la organización”.

Sin embargo, tanto el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Mauricio Delmar Saavedra, como el de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, insisten en que no hay operación de cárteles del narcotráfico, aunque reconocen su intento de incursión y su presencia en la zona limítrofe del Estado de México y Puebla.

Historias de extorsiones, secuestros, homicidios, cobro de piso, entre otros, son recurrentes en empresarios, funcionarios y ciudadanos en general, por lo que es necesario implementar alertas tempranas para proponer políticas públicas que salvaguarden a los sectores productivos, nuestras familias y su patrimonio”, afirmó el doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales Mario Cruz Cruz, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y coordinador del proyecto, que derivó en una publicación a cargo de Plaza y Valdés Editores, con subsidio del Conacyt.

La extorsión, por ejemplo, y según el estudio que realizaron, destaca en todos los municipios, pero en mayor medida en Zimapán, Ixmiquilpan y Huichapan, en tanto que el secuestro también se ubica en la mayoría de las demarcaciones, excepto en Jacala, Mineral de la Reforma, Molango y Zacultipán, pero con alta frecuencia en Huichapan y Atotonilco el Grande.

De todos los ilícitos documentados –entre los cuales también están los robos en todas sus modalidades contra los empresarios– Tepeji del Río y Tepeapulco son los municipios que registran la más alta incidencia contra los comercios.

La cercanía con zonas industrializadas y áreas de paso obligado hacia y desde la Ciudad de México colocan a estos espacios como terrenos fértiles para la comisión de delitos”, explicó el grupo de académicos, que igualmente integran los economistas y doctores en Ciencias Yolanda Sánchez Torres y Juan Bacilo Guerrero Escamilla, así como el subdirector de Estudios de Posgrado de la UAEH, José Luis Sosa Martínez.

Además, exponen que aunque Apan, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Molango, San Agustín Metzquititlán, Tenango, Tula y Zimapán tienen una tasa de incidencia delictiva “moderada”, están localizados arriba de la media estatal, lo cual significa que en ellos se delinque más que el promedio en la entidad.

Para la medición, también citan asociaciones civiles que recuentan ilícitos y analizan el grado de vulnerabilidad de la población como Semáforo Delictivo, además de la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el que las Procuraduría de todas las entidades envían información sobre las carpetas de investigaciones iniciadas cada mes.

Los investigadores aplicaron 500 encuestas en temporalidades específicas entre 2015 y 2016; sin embargo, especificaron que “para definir la muestra y obtener el factor de expansión del muestreo aleatorio estratificado se aplicó un modelo de algoritmos predictivos del grado de prevalencia del delito y cálculo de los costos económicos que representan la sociedad y el gobierno”.

Seis de cada diez entrevistados, afirmaron, consideraron que la incidencia delictiva se asocia con problemas de corrupción.  

Por ello, expusieron que a pesar de que varias instancias insistían en clasificar al estado de Hidalgo como el más seguro, hechos como el aseguramiento de armas y drogas lanzan alertas de que poco a poco el territorio estatal está siendo utilizado como plataforma logística y de producción de drogas de manera recurrente.

La obra, añaden, parte de la premisa de que si no existen las condiciones de seguridad, el comercio y los sectores productivos de Hidalgo difícilmente podrán aspirar a transnacionalizar sus actividades: “La famosa ley de la oferta y la demanda que rige los mercados capitalistas contemporáneos no podrá operar si la actividad de los agentes ilegales pesa más que los legales”.

Por ello, consideraron que la entidad está condenada al subdesarrollo permanente si no se comprende que las dos distorsiones del mercado ocasionadas por la corrupción y la violencia cada vez son más graves.

El muestreo se llevó a cabo en 20 municipios representativos de la geografía hidalguense: Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tula, Tulancingo, Tepeji, Actopan, Apan, Atotonilco el Grande, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, San Agustín Mezquititlán, Tenango de Doria, Tepeapulco, Zacualtipán y Zimapán. 

Agosto, segundo mes con más homicidios en Hidalgo 

El estudio concluye que, de no existir acciones para contenerlo, “el delito continuará su lógica de crecimiento mientras no se fortalezcan los esquemas de seguridad en el país. Se trata de un asunto de política pública más que de visiones partidistas o de intereses económicos. La clase política y económica deberá implementar acciones inmediatas para contener el delito, a riesgo de que las víctimas provengan de sus propias familias”.

El costo del delito coincide con la media estatal sugerida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 57 mil 779 pesos anuales, aunque este resultado sólo considera costos directos e indirectos, y no de corrupción.

mlmt