TUXTLA GUTIÉRREZ.- Más de 800 migrantes varados en la estación migratoria de Tapachula, represión y violencia, deportaciones masivas y denuncias de centros de derechos humanos y de la propia Amnistía Internacional contra el gobierno federal, enmarcan la nueva crisis humanitaria en la frontera sur, la cual la Cuarta Transformación no ha sabido controlar ni atender.
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Tan solo de la primera caravana registrada el pasado 20 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalada también por su lentitud y hasta omisión para intervenir en esta crisis, por fin abrió expedientes de quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales en contra de quienes buscan transitar por el país en calidad de refugiados.
#VIDEO Los elementos de la Guardia Nacional, portando escudos con la leyenda de Policía Militar, usaron gas lacrimógeno contra los migrantes para replegarlos y comenzar a detenerloshttps://t.co/V5TeUr09vH pic.twitter.com/QJBJoQBQOO
— La Silla Rota (@lasillarota) January 24, 2020
Sin embargo, eso no es todo: el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, demandó el pasado miércoles al Instituto Nacional de Migración (INM) por impedirle entrar a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en la ciudad tapachulteca.
Tras dejar en claro que esa organización ha efectuado una labor de monitoreo y entrevistas a migrantes desde hace dos décadas, evidenció la violación en la que incurre, sistemáticamente, el INM al impedirle la entrada a dicha instalación, desde el pasado 13 de enero, con el argumento de que sus integrantes “han incurrido en conductas poco profesionales al ingresar a espacios no autorizados, proporcionar información ‘poco veraz’, que confunde a las personas extranjeras”, entre otros.
Acusan activistas que @INAMI_mx engañó a los migrantes https://t.co/Rc0O0mRZNV pic.twitter.com/nYhxjbn0zi— La Silla Rota (@lasillarota) January 24, 2020
Con estas acciones y respuestas, el Centro de Derechos Humanos advierte que el INM solo busca frenar, no solo su labor, sino la de otras organizaciones no gubernamentales (ONG), para no “poner en evidencia” las malas condiciones de la estación migratoria, como de hacinamiento, en las que mantienen en ese espacio a los migrantes, como sucedió en 2019.
Además de esta represión gubernamental, este domingo, el mismo Instituto reveló que colabora con las instancias correspondientes sobre investigaciones que se efectúan tras detectar la presencia de más de 20 redes de tráfico de personas que operan en territorio mexicano pero que tienen alcance internacional.
De acuerdo con los primeros informes, dichas agrupaciones le cobran hasta 200 mil pesos a una persona para trasladarla al país que desee. Incluso, ofrecen hasta cinco intentos para lograr el cometido.
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Casi a la par, el 24 de enero, Amnistía Internacional, a través de su directora de Investigación, Carolina Jiménez Sandoval, envió un documento al comisionado del INM en México, en el que le expone la serie de “trabas” que sufren organizaciones de derechos humanos para ingresar a las estaciones migratorias.
Este oficio se generó, luego de que integrantes de algunas agrupaciones, como Voces Mesoamericanas, Formación y Capacitación (Foca), el mismo Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otras, fueran rechazadas en su intento de realizar monitoreo y entrevistas a migrantes en estaciones migratorias de Tuxtla (Cupapé I y II), Comitán, San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas; Villahermosa, Tabasco, y Ciudad de México.
La “gota que derramó el vaso” fue la represión de la segunda caravana que, desde las 05:00 de la madrugada del jueves pasado se internó en tierras mexicanas y que, por la tarde de ese mismo día fue reprimida por al menos mil elementos de la Guardia Nacional (GN), cuando se dirigía hacia Tapachula, a la altura de Frontera Hidalgo.
Esta acción, de acuerdo con activistas como Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, representan actos violatorios a los derechos humanos, los cuales están estipulados en la propia Constitución Mexicana.
Por tal motivo, un día después, el viernes 25 de enero, él mismo -acompañado por Irineo Mujica, otro reconocido activista- solicitó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, en Tapachula, para las 1,118 personas centroamericanas de la segunda caravana que buscan refugio en nuestro país, mientras permanecen en la Estación Migratoria Siglo XXI.
“Aunque quedó un menor de edad tirado en el piso por la gaseada (que propinó la GN), gracias a Dios éste último hecho no pasó a mayores”, resaltó el activista, quien también recibió amenazas de muerte que, según él, lo más seguro es que provengan del mismo INM.
Recordó que Alma Delia Cruz Márquez, encargada de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, y Paola López Rodas, subdelegada del INM, engañaron a los migrantes, a quienes les prometieron revisarles sus casos y otorgarles sus documentos, pero en vez de eso los reprimieron “a punta de gas pimienta” y uso de la fuerza pública.
En cuanto al amparo, el Centro de Dignificación Humana dejó en claro que, en primera instancia, el juez tendrá que decidir que esos 1,118 indocumentados, la mayoría madres solteras de Honduras, no pueden ser deportados, y además se les tiene que aceptar su solicitud de refugio, de acuerdo con los artículos 8 y 11 constitucionales y del 11 de la Ley de Refugiados y de Protección Complementaria.
Declaraciones que “levantan ámpula”
Dentro de las “mentiras” de autoridades migratorias que quedaron evidenciadas está la de otorgarles 4 mil empleos en México a quienes arribaran en ésas y otras caravanas. Sin embargo, el discurso que emitió la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cambió de forma rotunda: esos puestos se los otorgarían a esas personas, pero en sus países de origen, con menos del salario mínimo, como parte del programa “Sembrando Vida”.
La polémica por la crisis migratoria en Chiapas escaló cuando el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, emanado de filas morenistas, de nueva cuenta puso el dedo en la llaga tras escribir, en una columna periodística, lo siguiente: “La política de represión puesta en práctica por el gobierno es por el contrario una actitud xenófoba, ya que si llegaran hombre blancos y güeros se les recibiría con beneplácito. Reflejo además contrario a la globalización ya que mientras se desplazan bienes, servicios y capitales, se combate el libre tránsito de los seres humanos”.
“Son unos farsantes, mexicanos. Nos engañaron, putos”, gritaron los migrantes que lograron entrar a territorio mexicano, pero fueron acorralados y detenidos por la #GuardiaNacional pic.twitter.com/mzrwvFTD7K— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 24, 2020
Aunque otras voces, como las del padre Alejandro Solalinde, demandan a las autoridades impedir que se continúe la entrada masiva de migrantes, aunque sí de forma ordenada. Además, su declaración causó revuelo, pues advirtió que esta última caravana estaba manipulada y solo buscaba “golpetear” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, como lo revelaron observadores y defensores de derechos humanos, todo fue una farsa, como ocurrió con la caravana del lunes pasado, cuando el INM intentó meter a grupos de 20 personas por el puente internacional “Rodolfo Robles”, lo que, como se sabe, se salió de control. Prácticamente se evidenció la “falsedad” y la supuesta inoperancia de esa instancia.
En esa ocasión, cerca de 600 o 700 soldados “emboscaron” a cientos de migrantes que, de igual forma, cruzaron el río Suchiate en su intención de pisar Tapachula. Las pedradas, golpes y el gas pimienta salieron a relucir en la gresca. El resultado: cerca de 40 migrantes y 12 elementos de la GN heridos, más dos infantes extraviados, uno de Guatemala y otra de Honduras.
No obstante, los cerca de 2 mil indocumentados que participaron en ese caravana fueron capturados. Y casi de forma inmediata, se efectuaron las deportaciones a sus países de origen.
A pesar del “gris” panorama y de los señalamientos mediáticos, el INM, a través de la red social Twitter, publicó el pasado viernes por la noche que, por órdenes de su titular en Chiapas, Yadira de los Santos Robledo, realizó un recorrido por la Estación Migratoria Siglo XXI en conjunto con personal de la Comar, ACNUR, UNICEF México, entre otras, con el objetivo de constatar las condiciones de la población alojada allí, pero no dio más detalles.
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El instituto resaltó el estricto apego a la Ley de Migración y “pleno respeto de los derechos humanos” para el retorno de migrantes en 10 vuelos y 34 autobuses.
“A través de ocho viajes en aeronaves de la Guardia Nacional (GN) y dos, tipo chárter, fueron trasladados mil 64 personas migrantes hondureñas que formaban parte del contingente que ingresó de manera irregular a territorio mexicano, durante este periodo”, informó en un comunicado.
A su vez, mil 239 personas hondureñas fueron trasladas en 34 autobuses: 10 de desde las ciudades de Villahermosa y de Tenosique, en Tabasco, y 24 desde las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
