Dos funcionarios de la presente administración priísta en Sonora, son acusados de haber cometido actos de corrupción al abusar de sus cargos para destituirle sus derechos a un notario público que ejercía funciones desde 2013 en Caborca, Sonora.
Por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y facultades y falsedad de declaraciones, el notario público, Salvador del Castillo Serna, interpuso una demanda en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, en contra de María Inés Aragón Salcido, directora de Notarías en Sonora, y Juan Iván Coronado Flores, director jurídico de la Secretaría de Gobierno.
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Lo anterior debido a que en 2015, el demandante solicitó el cambio de adscripción de Caborca a Hermosillo, mismo que fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial, pero al momento de solicitar los sellos ante la dirección general de notarías, se le negó este trámite y le retiraron los derechos para ejercer como notario público, en la notaría 104.
“El ejecutivo anterior me concedió el cambio de adscripción, pero al entrar este nuevo gobierno, nos encontramos con cosas muy contradictorias, el mismo 13 de septiembre en Obregón, ella (gobernadora) hace justicia y regresa una notaría que en su momento se había quitado y curiosamente no me entregan mis sellos a mí”.
Señaló que el motivo por el que presentó la denuncia tres años después, fue porque expuso su caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pero al no ver resultados a su favor, decidió recurrir a la vía penal.
“El que cambie un gobierno de un partido a otro, prácticamente son transiciones que se dan en nuestro país y eso debe ser independiente al trabajo del ciudadano y con ello caer en actos de corrupción porque no se respeta lo que ya estaba establecido en el anterior gobierno”.
Hizo un llamado al Fiscal General del Estado para que se investiguen estos presuntos actos de corrupción y que se restituyan sus derechos como notarios, los cuales se avalaron en el anterior gobierno.
“Que se reconozca realmente lo que el ejecutivo anterior hizo y no porque venga el ejecutivo actual y haya otros inconvenientes nos vayan a quitar a nosotros el derecho”.
Tras solicitar la postura de la dirección general de notarías públicas de Sonora por la denuncia que pesa en contra de su titular María Inés Aragón Salcido, no se obtuvo respuesta alguna.
De los más de 500 expedientes en investigación por actos de corrupción, 36 son del gobierno actual
Alrededor de 525 expedientes tiene bajo investigación la Fiscalía Anticorrupción de Sonora hasta septiembre de este años, de los cuales 31 ya se han judicializado, es decir, consignado ante un juez para que en determinado momento emita una orden de aprehensión en contra de los imputados que señalan las averiguaciones, confirmó Odracir Espinoza Valdés.
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El fiscal anticorrupción de Sonora dijo que en dichas carpetas se incluyen los nombres de ex funcionarios de distintos niveles, tales como secretarios, directores y encargados de área, de la pasada administración ‘Padrecista’ y 35 averiguaciones son de la actual que encabeza Claudia Pavlovich Arellano, quien ha señalado que si alguno de sus funcionarios comete actos derivados en corrupción, será castigado.
Con los últimos dos servidores públicos denunciados este lunes, suman 36 denuncias contra personas que laboran en la actual administración y son investigadas por presunta corrupción.
“Son contra funcionarios de todos los niveles, desde secretarios hasta niveles más bajos, como directores generales, jefes de departamentos y empleados de ventanillas, inspectores de alcoholes, de todo, de la pasada administración y de esta administración, de varios municipios también”.
Además recordó que existen investigaciones iniciadas en contra de servidores de la actual administración, los cuales actualmente tienen orden de aprehensión por los delitos de desvío de recursos y uso indebido de funciones, uno de ellos se refiere al desfalco detectado en el registro civil del estado hace aproximadamente un año.
En esta averiguación se detectó un faltante por el orden de los 4 millones de pesos, irregularidad que fue denunciada por la entonces directora del Registro Civil, Julissa Bojorquéz Castillo.
Posteriormente se detuvo a Adriana, una empleada que fungía como la encargada de cajas del sistema de agencias fiscales en Hermosillo y se le acusó de haber robado efectivo de las oficinas de Hacienda Estatal.
Aunque la parte afectada nunca reveló la cantidad hurtada, se fue de conocimiento público que se le imputarían de dos a 10 años de cárcel.
“Ahorita tenemos 69 personas que fueron consignadas ante la justicia. De esas 69 se han ejecutado 54 órdenes de aprehensión.
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“Tenemos más de 38 órdenes que estamos a punto de ejecutar, de las cuales siete fueron o son dirigidas a ex secretarios de Estado de la administración anterior, quince a directores generales de diversos organismos, como por ejemplo Cedes, la CEA, directores que hasta mucha gente los considera secretarios o subsecretarios por el tipo de responsabilidad, el caso de un ex presidente municipal y su tesorero.
También 30 órdenes de diversos niveles, por ejemplo, subdirectores, jefes de departamento, oficiales, gente de otros niveles, un inspector de alcoholes, cajeros, gente que ha pertenecido a redes, a las cuales también se les ha ejecutado, se ha llamado a rendir cuentas ante la justicia”, destacó Espinoza Valdés.
bl