TIJUANA. - Por primera vez desde que inició la pandemia, el gobernador Jaime Bonilla no realizó su transmisión diaria para informar sobre la emergencia sanitaria en Baja California.
Pero sí apareció en su cuenta de Facebook para dedicar más de 25 minutos a evidenciar fallas y presuntos delitos de policías de Tijuana, además de pedir al alcalde Arturo González la separación del cargo de su secretario de seguridad, Jorge Ayón Monsalve.
“Ahorita en la mañana yo quise hacer esta conferencia un poquito diferente a las demás porque han venido aconteciendo muchas cosas durante ya los últimos meses”, dijo el mandatario en la transmisión del pasado sábado.
Después recurrió a una nota periodística donde elementos de la corporación local fueron acusados de corrupción, otra que dio cuenta de la detención de dos uniformados por intento de robo a vivienda en Estados Unidos, y finalmente el caso de Yurem.
El niño de 6 años de edad que murió por una bala perdida en una persecución policiaca y que la Fiscalía General Estatal (FGE), ya dijo que fue disparada por un policía y no por el civil abatido como le dijeron los uniformados a la madre de la pequeña víctima, Mónica Carrasco.
“Al final del día vamos a ver que todo lo que pusieron en el famoso IPH, que es el reporte de la policía, fueron mentiras. Fueron mentiras que fueron encubiertas por el jefe inmediato. Y el jefe del jefe inmediato, hasta llegar a la máxima autoridad”, afirmó Bonilla Valdez.
Esa máxima autoridad en este caso es el presidente municipal, contra el que últimamente el gobernador Jaime Boinilla se lanza un día sí y el otro también, acusándolo de estar en campaña para competir por la gubernatura en 2021.
El enfrentamiento entre los dos gobernantes morenistas prendió las alarmas en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, desde donde pidieron a las autoridades dejar de lado los aspectos partidistas.
“Un llamado respetuoso tanto al gobernador, como al alcalde de Tijuana, a que aterricen sus diferencias y finalmente vean la manera de trabajar coordinadamente”, publicó en sus redes sociales el presidente del organismo, Juan Manuel Hernández Niebla.
Y es que el mandatario estatal inició afirmando que el alcalde no visita las colonias y no trabaja; después usó entes gubernamentales para vigilar y clausurar dependencias del Ayuntamiento como la Dirección Municipal de Servicios Médicos que atiende a más de 8 mil usuarios, y ahora tomó la seguridad pública, quizá el problema más sentido en la ciudad.
“Estamos en manos de policías que realmente están infiltrados por temas de narcotráfico. Patrullas con droga en la cajuela, uniformados transportando delincuentes. Que hasta les prestan inclusive uniformes para transportarlos, es lo que están diciendo”, anotó Bonilla Valdez en una de sus transmisiones de esta semana.
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(Cuartoscuro)
Y mientras González Cruz ha dicho en varias ocasiones a medios locales que no moverá del cargo al secretario Ayon Monsalve, el gobernador sí lo hizo a un lado de la Mesa estatal de seguridad.
Tijuana, fuera de la Mesa estatal de Seguridad
En su transmisión diaria dijo que la instrucción llegó del centro del país, pero el representante de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del gobierno federal en B.C., Isaías Bertín, lo desmintió en entrevista posterior con reporteros.
“No queremos manejarlo como que se corrió (...) Se tomó la decisión por parte del gobernador, él es el que preside esta mesa”, comentó el funcionario para explicar que hay otro grupo de trabajo regional donde participan fuerzas federales.
También dijo que el secretario de Tijuana era el único invitado en la mesa estatal por encabezar la policía más numerosa de los cinco municipios y por la intensa actividad delincuencial que debe enfrentar.
Esta ciudad fronteriza concentra el 70% de los 1,950 asesinatos cometidos en Baja California entre enero y agosto de este año, además del 46% de la incidencia delictiva total, de acuerdo con cifras de la FGE.
La cifra mortuoria tiene al estado en el primer lugar nacional por homicidios dolosos del país con 7.6 víctimas por cada 100 mil habitantes, según el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sensp).
Aunque no siempre la seguridad es motivo de debate público para el gobernador morenista.
Antes de expulsar a Ayón Monsalve de la mesa estatal, el director de la policía de Mexicali, Alejandro Lora, confirmó que la Guardia Estatal había detenido a dos hermanos suyos en posesión de droga.
El día de esa declaración a la prensa, en una transmisión horas antes del festejo por el Grito de Independencia, Bonilla Valdez estuvo acompañado de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar.
Pero ni el mandatario que constantemente alaba a la presidenta municipal, ni ella que es considerada una aspirante a sucederlo en la gubernatura, hablaron del tema.
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