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Consejo Ciudadano del Transporte cuesta 10 mdp al año

Su presupuesto es superior al de instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y al del Centro Estatal de Transplantes

Escrito en ESTADOS el

Sonora (La Silla Rota).- El Consejo Ciudadano del Transporte Público en Sonora cuesta a los sonorenses 10 millones 600 mil pesos anuales.

Su presupuesto es superior al de instituciones educativas, como la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, (7,264,557), al del Centro Estatal de Transplantes (1,431,352) y al del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (3,855,045).

También reciben más dinero que la Universidad Tecnológica de Etchojoa (5,131,892), que el Sistema de Parques Industriales (4,455,699) y que el Museo Sonora en la Revolución (3,904,970).

¿Qué hacen exactamente?

Con 11 consejeros que forman 5 comisiones el Consejo Ciudadano del Transporte se instaló, en marzo de 2014, se dijo que sus funciones eran fijar tarifas justas, supervisar el funcionamiento y en sí velar por la eficiencia del servicio.

Inclusive se creó la “Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora”. Sin embargo a más de 3 años de su instalación las quejas entre los usuarios siguen y el costo del pasaje ha ido en aumento hasta llegar a 11.50 pesos la semana pasada.

Además trabajan en opacidad, pues no se informa a la ciudadanía de sus actividades o acuerdos, su página de Internet no funciona y no tienen redes sociales.

Los integrantes

Para los sonorenses conocer quiénes son sus consejeros del transporte no es tarea fácil, pues no hay un medio de contacto con la ciudadanía, como sucede con otras dependencias de Gobierno.

Además si el ciudadano solicita información usando la Ley de Transparencia, la Dirección General del Transporte responde que el Consejo es un organismo autónomo, por lo que no tienen datos.

Proyecto Puente se abocó en averiguar quienes son los miembros, cuyos honorarios ascienden a 6 millones 253 mil 373 mil pesos al año, de acuerdo con la última auditoría realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

¿Quién es quién?

Actualmente el presidente es Jesús Elierce Caballero Lagarda, quien es expresidente de la mesa directiva del Colegio de Economistas y hoy representante por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo (Canaco).

Por parte de la Universidad de Sonora está Agustín Bartolini Bojórquez, director del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Tiene experiencia en el giro de la construcción.

Al CIAD lo representa Jorge Inés León Ibarra, coordinador de Desarrollo Regional, Departamento de Economía Regional e Integración Internacional de esa institución.

Del Colegio de Sonora está Yesenia Molina Jiménez. Es investigadora y tiene un doctorado en Economía y exclusión social.

Por parte del Colegio de Arquitectos está Francisco López Brambila, con experiencia docente. Además estuvo en el equipo de transición del actual Gobierno del Estado en el eje “Ciudades Funcionales”.

Cámaras, colegios y grupos

En representación del Colegio de Economistas está Liz Ileana Rodríguez Gámez, quien es la actual directora de esa instancia e investigadora en el Colegio de Sonora.

Como representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) está Luis Arturo Duarte Segura.

A la Unión de Usuarios la representa Ernesto Acuña Acuña, de quien no se localizaron datos curriculares salvo que representa al Consejo del Transporte.

De la Federación de Trabajadores de Sonora (CTM) está Hermenegildo Gutiérrez Obeso, actual subsecretario en la Secretaría del Transporte de dicha instancia.

De Canacintra está de consejero del transporte Alejandro Madonia Guzmán, vocal en dicha cámara y dueño de una empresa de consultoría de negocios.

Violan su propia Ley

Y a los concesionarios los representa David Alejandro Martínez Aguirre, quien es actualmente director del plantel del Icatson en Hermosillo, a pesar de que la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable de Sonora, en su artículo 6, dice que los consejeros no deben ocupar cargos dentro de las administraciones públicas.