Monterrey, N. L.- "El Congreso del Estado impone a Jaime Rodríguez, en su carácter de servidor público como Gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de Gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen", destaca un proyecto de dictamen que circuló la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León.
También circuló otro proyecto de dictamen en el que determina la destitución del Secretario General de Gobierno, Manuel González, y su inhabilitación por seis años. Aquí, las sanciones son inmediatas, por lo que el funcionario quedaría impedido de participar en los comicios del 2021 o de integrarse a un cargo público por el lapso de la inhabilitación.
Secretario General de Gobierno, Manuel González
La Comisión Anticorrupción es encabezada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, y convocó para el jueves a las 16:30 horas para dictaminar ambos dictámenes y sus sanciones respectivas.
La acción de los diputados es en cumplimiento a la nueva sentencia de la Sala Regional Especializada. Las dos sanciones, que ahora se presentan en dictámenes por separado, son las mismas que, en diciembre, había planteado esa misma Comisión y que no se votaron por considerar que el Congreso podía incurrir en desacato de una suspensión otorgada al Gobernador por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una controversia constitucional interpuesta por éste.
"En lo específico, de acuerdo con la resolución dentro del Incidente de Suspensión, en la controversia constitucional 310/2019, emitida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la resolución incidental dentro del expediente SRE-PSC-153/2018, esta sanción no se ejecutará hasta en tanto se resuelva ese medio de control constitucional”, agrega el dictamen en relación a la Controversia que interpuso el “Bronco”.
"...De acuerdo con el artículo 63 fracción 21 y el artículo 91 de la Constitución del Estado, una vez resuelta la controversia constitucional 310/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras no se contraponga la sentencia a lo establecido en el presente dictamen, nómbrese al Gobernador Substituto, para los efectos constitucionales pertinentes".
En cuanto al actual secretario de Gobierno asume: "Se impone a Manuel Florentino González Flores, en su carácter de entonces Gobernador Interino del Estado la sanción consistente en: la destitución del cargo como Secretario General de Gobierno que actualmente ostenta misma que surte efectos desde el momento en que se apruebe el dictamen por el Pleno, así como la inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del dictamen por el Pleno. Ésta es ejecutable desde el momento en que se apruebe el presente dictamen".
Aplazan la sesión y queda sin tiempo definido
Los diputados locales determinaron este miércoles postergar la sesión en la que se daría sanción a ambos funcionarios.
Ahora se queda en tiempo indefinido para sesionar, pues argumentaron hasta que no se tenga un criterio de la Suprema Corte de Justicia sobre si se puede o no proceder.
"En ocasión de la aparente contradicción de criterios suscitada entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, y con el propósito de evitar incurrir en errores u omisiones por parte de este Poder Legislativo, me permito proponer que se solicite a la Suprema Corte orientación y criterios para el cumplimiento satisfactorio de las determinaciones de esas autoridades jurisdiccionales", propuso el diputado del Asael Sepúlveda, coordinador de la fracción del PT.
"Se pide instruir al presidente de la mesa directiva del Congreso a solicitar orientación y criterios sobre los alcances y términos de las suspensiones otorgadas dentro de la Controversia Constitucional 310/2019, a fin de dar cumplimiento satisfactorio a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación", agregó.
Con cuatro votos en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano e Independiente Progresista, el Congreso local acordó por mayoría que la Comisión Anticorrupción no sesione para dictaminar las sanciones al Gobernador y el Secretario General de Gobierno hasta que no se tenga un criterio de la Suprema Corte de Justicia sobre si se puede o no proceder.