Monterrey, N. L- El próximo miércoles 18 de septiembre se inicia oficialmente en el Congreso Local el procedimiento para determinar la suerte de "El Bronco" por las firmas recabados para buscar la presidencia de la República.
Lo anterior se dio luego de que el Congreso local se decidió a acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial, para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario general de Gobierno, Manuel González.
El diputado Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción citó a reunión para aprobar las reglas para sancionar a ambos.
La sesión de trabajo se realizará en la Sala de Juntas "Fray Servando Teresa de Mier", ubicada en el décimo piso del Congreso de Nuevo León.
En la orden del día se contempla el "Análisis, discusión y en su caso aprobación de las reglas procesales para aplicarse dentro del expediente 11841/LXXIV", en cumplimiento de la Sentencia SER-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El TEPJF ordenó al Congreso local sancionar a "El Bronco" y a Manuel González, por el desvío de recursos públicos para reunir firmas en apoyo a su candidatura presidencial, dándole como plazo hasta el 20 de diciembre.
Luego de la decisión del TEPJF, los diputados locales habían hecho caso omiso y diversos sectores presionaron, entre ellos el senador Samuel García quién insiste en que hay motivos para destituir a Rodríguez Calderón.
Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió reencauzar los recursos promovidos por el gobernador Jaime Rodríguez y por el secretario general de Gobierno, Manuel González, como recursos de reconsideración de la sentencia de la Sala Regional Especializada.
"El Bronco" presentó una queja que había entrado como asunto general, y Manuel González promovió un juicio electoral contra la resolución que ordena al Congreso local a sancionarlos por el desvío de recursos públicos en el acopio de firmas.
Ambos expedientes fueron registrados como recursos de reconsideración de la sentencia de la Sala Especializada, según aparece en estrados, y asignados a la magistrada Janine Otálora para su análisis y resolución.
El gobernador y el secretario de Gobierno buscan evitar la sanción que el Legislativo podría imponerles.
bl