Xalapa, Ver. – El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares asignó contratos para la remodelación de 963 centros escolares en el año 2018, los trabajos de reparación de 420 planteles educativos quedaron inconclusos al cierre de la administración panista.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó el manejo de 477 millones 144 mil pesos del programa de Escuelas al 100. La mayoría de los recursos que se aplicaron en el bienio Yunista correspondían al ejercicio fiscal 2016, último año del gobierno de Javier Duarte.
Tras la revisión financiera se emitieron cuatro observaciones, dos de ellas derivaron en recomendaciones a la administración de Cuitláhuac García Jiménez, que será el responsable de concluir las obras en los planteles escolares.
Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento 2018-A-30000-19-1482-2019 1482-DS-GF, confirma hechos que fueron denunciados por el actual titular de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez el 4 de marzo.
La recomendación 2018-A-30000-19-1482-01-001, le pide al Gobierno de García Jiménez elaborar un programa para la ejecución de 35 millones 103 mil pesos que quedaron como remanentes de los años 2016 y 2017, “con efecto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa”.
Se pidió a la Contraloría General del Estado verifique, de manera trimestral, los avances en la aplicación de dichos recursos.
“El IEEV no cumplió con las metas del Programa Escuelas al CIEN ya que, al 31 de diciembre de 2018, se concluyeron 443 planteles de un total de 963, lo que representó un avance del 46 por ciento, 420 estaban en proceso, que representaron el 43.6 por ciento, y de 100, que representaron el 10.4 por ciento, no se han solicitado recursos”, señala el documento oficial.
Por lo que la recomendación 2018-A-30000-19-1482-01-002, pide a García Jiménez integrar un programa de ejecución de los trabajos en los planteles pendientes de atender del Programa Escuelas al CIEN.
En la revisión se observó la asignación de 14 contratos que se adjudicaron de manera directa, pues faltaba información comprobatoria de acciones para igual número de escuelas en diferentes municipios del Estado.
Omitieron datos como oficios de invitación a los contratistas para participar en la obra, bases de la convocatoria, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas técnico-económicas y acta de fallo.
Los contratos señalados con irregularidades superan los 7 millones de pesos, incluían trabajos del Jardín de Niños Leona Vicario de Ocotal Chico en Soteapan; la reparación del Jardín de niños la Patria es Primero, de la comunidad de Ricardo Flores Magón de Mecatlán; la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la localidad de la Cruz del municipio de Mecatlán.
Así como la Telesecundaria de la localidad de Allende del Municipio de Coatzacoalcos; la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, de localidad de Santa Alejandrina en Minatitlán; la Primaria Guadalupe Victoria localidad de las Carolas de Uxpanapa; la Telesecundaria Lázaro Cárdenas localidad de José Cardel en Antigua.
Además de obras en el Jardín de niños Margarita Maza de Juárez de localidad de Xochiapa en Santiago Sochiapan; la Primaria México, en la localidad de Valente Díaz en el municipio de Veracruz; el Jardín de niños Artículo 123 Panamericana, en Jáltipan; y la primaria Francisco I Madero en Poza Rica, en la mayoría de los casos incluía la rehabilitación de edificios, construcción de nuevas aulas y servicios sanitarios, entre otros.
La historia de las denuncias
El 04 de marzo, el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García acudió a la Fiscalía Regional de Veracruz (FGV) para interponer una denuncia por el presunto daño patrimonial de 670 millones de pesos en Espacios Educativos.
La denuncia involucraba el presunto desvío del programa de Escuelas al 100, Fonden, Fondo Minero, entre otros; la querella se presentó contra quien resulte responsable.
El funcionario dijo que será la Fiscalía General quien se debe enfocar en buscar y sancionar a los responsables, y lamentó que esta misma denuncia fue interpuesta en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde se encuentra detenida.
El recurso no estaba comprobado, pagado, ni ejercido, y no se dio una explicación de dónde estaba el dinero, fue la queja de los funcionarios estatales.