Hidalgo (La Silla Rota).- Por posibles negociaciones indebidas y peculado, en la administración de Omar Fayad Meneses han sido detenidos tres exfuncionarios que laboraron en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y el sistema estatal de Radio y Televisión (RTVH) durante el gobierno del también priísta José Francisco Olvera Ruiz.
Además, dos órdenes de aprehensión contra Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, siguen sin cumplementarse (causas penales 354/2016 y 355/2016) por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos.
El 18 de enero, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de esa secretaría, fue recluido como medida cautelar en el Centro de Reinsersión Social (Cereso) de Pachuca, acusado de peculado.
Contra el exfuncionario se inició un primer proceso por 68 millones 795 mil 10 pesos. En esa causa penal, la 354/2016, también está inmerso Pérez Martínez, cuyos seis inmuebles en la capital y en el municipio conurbado de Mineral de la Reforma fueron cateados un día antes de la detención de su subordinado.
El juez de control Ciro Juárez González confirmó que el supuesto agravio financiero de una segunda orden de aprehensión, cuya investigación inició el 18 de noviembre de 2016 cuando la Dirección Jurídica de la SEPH inició ante el ministerio público la carpeta de 12-2016-11840 por desvíos, es por de 126 millones de pesos.
Por lo tanto, la imputación es por 194 millones 795 mil pesos.
Previo a su detención, Turrubiarte fue vigilado en su domicilio en calle Hermenegildo A, en fraccionamiento Valle de San Javier, donde se reportó al Centro de Control Comando y Comunicaciones (C4) que dos trabajadores hacían labores en la fachada, y que afuera estaban estacionados dos vehículos: una Honda tipo CRV, color vino, y una Chévrolet Equinox, color gris. No obstante, Pérez Martínez, subalterno de Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, que antes de ser secretario de Educación fungió como coordinador del despacho del entonces gobernador Olvera, no ha sido ubicado.
El 9 de marzo, Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación de RTVH fue detenido por presuntas negociaciones indebidas en agravio de la Administración Pública Estatal por 500 millones de pesos; sin embargo, fue liberado seis días después del Cereso capitalino al comprometer pruebas de corrupción en la dependencia donde laboraba.
Aunque el funcionario del gobierno priista de José Francisco Olvera Ruiz fue vinculado a proceso, logró evadir la prisión, ya que la jueza de la causa penal 84/2017, Mirian Verónica Luna Alcocer, ponderó durante la continuación de la audiencia que, aunque tuvo conocimiento de movimientos financieros irregulares, no incurrió en desvíos.
“Él le ofrece al estado aportar elementos de prueba para poder resolver delitos mucho más graves de los que actualmente se le imputan a él”, informó el representante legal del gobierno, Carlos Emigdio Arozqueta.
Tras la aprehensión de Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión, acusado de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil pesos, el defensor de Becerril Vargas, David Solís Hernández anticipó que solicitarán una audiencia para el auto de libertad, ya que su cliente cumplió al colaborar en las investigaciones, criterio de oportunidad que le concedió la juez.
Cuando se vinculó a proceso a su defenso, el litigante expuso que en el dictamen de contabilidad que emitió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 104 contratos no cuentan con documentación que acredite una investigación de mercado, “pero eso no implica que haya un menoscabo patrimonial, simplemente no se satisficieron algunos requisitos”, expuso.
En la revisión a la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estaba a cargo de Rosario Robles Berlanga firmó dos convenios con Radio y Televisión de Hidalgo, del que era responsable Islas Olvera, para que éste elaborara la estrategia, creatividad, producción y “planteamiento conceptual” que promoviera el desarrollo social comunitario en zonas rurales marginadas, por el cual destinó 62 millones 361 mil 600 pesos, así como por diseño y edición de material en audio, en video y gráfico para “posteriores piezas de comunicación”, mediante el cual erogó 203 millones 477 mil pesos.
Sin embargo, en la inspección 15-0-20100-02-0277 constató que RTVH no acreditó cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía para ser seleccionado como prestatario de servicio, mientras que la Secretaría no garantizó que éste ofreciera “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.
Además, el 28 de febrero pasado, al presentar el informe de la cuenta pública 2015 a la Comisión Inspectora del Congreso local, el auditor superior del estado, Rodolfo Picazo Molina, reveló que detectaron otro posible agravio económico de 601 millones de pesos en el Sistema de Radio y Televisión, pero, debido a que los recursos se obtuvieron mediante tres convenios con Sedesol, pusieron a disposición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el organismo fiscalizador nacional el expediente ASEH/DGASP/53/RYTH/2015, que contenía elementos sobre irregularidades.