Este martes, la violencia criminal enlutó al Poder Judicial del país con el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa Verónica Barajas, en el interior de su domicilio, en la capital de Colima.
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Poco después de las 11:00 horas, un grupo armado ingresó a su vivienda en la calle León Felipe, de la capital colimense, para asesinarlo a balazos. Dos menores de edad, hijos de la pareja, y otra mujer que trabajaba en labores domésticas, sobrevivieron al ataque.
Villegas Ortiz ordenó, en marzo de 2018, el traslado de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del penal federal 13 de Oaxaca a la cárcel 2 de Occidente, en el Salto, Jalisco. El hijo del “Mencho” fue extraditado a Estados Unidos.
El juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas Foto tomada de Twitter
Sin embargo, la violencia que precedió a este hecho, en días recientes, escaló a nivel nacional, provocando condena e indignación.
Hace dos semanas, el jueves 28 de mayo, un grupo de 10 elementos de la Policía de Colima escoltaban a unos inversionistas que viajaban de Manzanillo a la zona costera de Jalisco, en La Huerta; sin embargo, en algún punto de su regreso desaparecieron. Cinco días después, siete de los uniformados aparecieron descuartizados, en el interior de una camioneta.
En el interior de la unidad, de color blanco y hallada en el mismo puerto de Manzanillo, estaban envueltos en bolsas negras las siete víctimas presuntamente torturadas, ejecutadas y descuartizadas.
Al día siguiente del macabro hallazgo, el miércoles 3 de junio, Anel Bueno, diputada del Congreso de Colima, fue encontrada asesinada tras permanecer 34 días desaparecida.
La diputada desapareció el 29 de abril cuando un grupo de hombres armados la secuestró en Ixtlahuacán, Colima, donde realizaban acciones de sanitización por coronavirus. Emma Sánchez, madre de la víctima, solicitó el 9 de mayo a la Fiscalía General de la República (FGR) que se emitiera una Alerta Alba, pero ésta no se difundió.
La legisladora había sido colaboradora cercana de Crispín Gutiérrez Moreno, exdiputado y alcalde de Ixtlahuacán hasta su asesinato en 2017.
Este mismo día, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez renunció como Jefe de la Policía de Colima. El argumento detrás de la renuncia, según detalló el gobernador Ignacio Peralta, fue para “no interferir en las investigaciones” sobre el asesinato de los siete policías, toda vez que pudo haber un incumplimiento de los protocolos en la designación de dicha escolta a los inversionistas.
No se dejarán intimidar
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, lamentó el crimen del juez Uriel Villegas y expresó "mi más enérgico rechazo a la violencia, este hecho nos duele a todos en el Poder Judicial de la Federación y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias, y que se investiguen y se deslinden las responsabilidades correspondientes”.
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también lamentó el deceso del juez federal y su esposa. "He instruido al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional proporcionar todo el apoyo posible en la investigación correspondiente", tuiteó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
La @SSPCMexico lamenta profundamente la muerte del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su señora esposa en la ciudad de Colima. He instruido al Centro Nacional de Inteligencia y a la @GN_MEXICO_ proporcionar todo el apoyo posible en la investigación correspondiente. pic.twitter.com/G2213hN2jQ— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) June 16, 2020
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR), informó a través de un comunicado que asume plenamente su competencia en la investigación del asesinato del juez y su esposa.
#FGRInforma La Fiscalía General de la República asume plenamente investigación del asesinato de un Juez Federal y su esposa en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer.— FGR México (@FGRMexico) June 16, 2020
En un comunicado conjunto, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que no se dejarán intimidar por estos ataques a los administradores de la justicia. Ambas instancias judiciales advirtieron que la justicia en el país no se detendrá.
Queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado de defender los derechos de todas las personas
Condenamos enérgicamente el homicidio del Juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. Exigimos de las autoridades competentes el total esclarecimiento de los hechos. Mis condolencias a familiares y amigos. Todo el #PJF está de luto https://t.co/dcIydj03Nu— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 16, 2020
Luego de confirmar que la FGR investigará estos crímenes, remarcaron que participaran en la investigación de los hechos.
El PJF colaborará en la investigación y exigirá, al más alto nivel, los responsables sean ubicados, detenidos y enfrenten a la justicia".
En paralelo, el poder judicial federal indicó que se revisarán todos los protocolos de seguridad con el propósito de garantizar la seguridad e integridad de las juezas y los jueces federales así como de sus familias.
Descansen en paz nuestro compañero y su señora esposa. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Nuestra preocupación y esfuerzo para proveer a sus deudos
Exgobernadores vulnerables
Hace una década, el 22 de noviembre de 2010, el exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos fue asesinado a las puertas de su hogar por tres individuos que le dispararon en cinco ocasiones con pistolas calibre .38 súper.
Cavazos Cevallos, del PRI, fue gobernador de Colima del 5 de abril de 2005, a raíz de la muerte en un accidente aéreo del entonces mandatario Gustavo Vázquez Montes, al 1 de noviembre de 2009, cuando entregó la gubernatura al también priista Mario Anguiano Moreno.
Anguiano Moreno dijo que Silverio Cavazos estaba afuera de su casa cuando tres personas en una Jeep Patriot blanca con reporte de robo en Querétaro, llegaron y una de ellas bajó para disparar; el político recibió tres impactos.
Cinco años después, el 12 de octubre de 2015, otro exgobernador, Fernando Moreno Peña, fue atacado a balazos cuando se encontraba desayunando en un conocido restaurante de la capital de Colima.
Aproximadamente a las 10:20 de la mañana, un sujeto entró al restaurante y sin mediar palabra accionó su arma en contra del exgobernador (1997-2003), quien habría recibido al menos tres impactos.
De manera inmediata, el también exrector de la Universidad de Colima fue trasladado consciente al Hospital Regional Universitario donde fue atendido y sobrevivió.
Alcaldesa vive en zona naval
La noche del viernes 26 de julio de 2019, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, fue sorprendida por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas que se emparejaron al automóvil en el que circulaba y le dispararon. Ella salió ilesa, pero resultaron lesionados uno de sus escoltas y una mujer que la acompañaba.
Desde ese momento decidió vivir en las instalaciones navales de ese puerto, dado que no existen condiciones de seguridad para regresar a su domicilio.
Manzanillo es uno de los puertos de mercancías más importantes del país. Se estima que casi la mitad de contenedores que llegan por barco a México pasan por sus aduanas; sin embargo, también es conocido por ser la principal puerta de entrada de drogas ilícitas provenientes de Asia, situación que llevó en agosto al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocerla como la aduana que mayor infiltración sufre por parte del crimen organizado.
Esto ha llevado a una ola de violencia generada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control del puerto, como lo reconoció el gobierno estatal.
Entre los primeros lugares de violencia
Según informes federales, Colima es una entidad de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene una disputa con la Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios e incluso con un grupo conocido como La Barredora, un brazo del Cártel de Sinaloa.
La violencia en Colima estalló en 2016 debido a una disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde células de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana también participaron.
Los de Jalisco y Michoacán habrían desplazado a los de Sinaloa y a los Templarios, sin embargo, una ruptura entre La Familia y el CJNG mantuvo altas dosis de violencia en la entidad.
Colima es uno de los estados clave para el narcotráfico en México, casi a la par de entidades como Michoacán y Guerrero.
Primero, por su zona geográfica. Colima se encuentra rodeado de Jalisco, al norte, y de Michoacán al sur, por lo tanto es cruce natural entre ambos estados con una importante presencia de cárteles de la droga.
(Foto Cuartoscuro)
Sin embargo, el botín de Colima es el puerto de Manzanillo, donde llegan cargamentos de droga sudamericana y precursores químicos provenientes de Asia. Su importancia para el narcotráfico es equiparable con la del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Entre 2000 y 2009 se perpetraron en la entidad 50 asesinatos al año, en promedio, pero a partir del 2010, al comienzo de la administración del ex gobernador priista Mario Anguiano (2009-2015), las cosas cambiaron.
Su gobierno transcurrió bajo la sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. A pesar de que antes de asumir como mandatario estatal, Anguiano Moreno reprobó un cuestionario (acompañado de un detector de mentiras) en el que se le hicieron preguntas sobre si tenía algún tipo de relación con gente del narcotráfico, tomó posesión del cargo.
Después, en 2016, ya con Ignacio Peralta como gobernador, tampoco se ha podido controlar la violencia.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que la violencia en Colima llegó para quedarse desde hace un lustro. De hecho, en los últimos cinco años, esta entidad ha registrado la mayor tasa de homicidios en todo el país.
En lo que va del 2020, Colima registra 27.51 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el año pasado la tasa fue de 85.49 homicidios, en 2018 fue del 81.02, el año anterior la tasa alcanzó los 93.37 y en 2016 se registraron 68.33 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, la organización Comité Ciudadano ¿Cómo vamos Colima? reveló que en feminicidio Colima también está en primer lugar a nivel nacional con una tasa de 1.27 casos por cada 100,000 habitantes.
De acuerdo con el reporte de abril de Semáforo Delictivo, Colima se ubica en semáforo rojo por delitos de extorsión y violencia intrafamiliar, y en amarillo por homicidios.
La actualización más reciente de las cifras de incidencia delictiva del SESNSP refiere que en marzo se registraron 59 homicidios dolosos; y en abril 57, es decir, en dos meses suman 116 asesinatos intencionales.