La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió desde mayo que el penal de Cadereyta había un autogobierno de los internos.
El martes se registró un motín, el segundo en siete meses en dicho reclusorio, con un saldo de 17 muertos.
"El problema de las condiciones de autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades", indica la CNDH en su recomendación 30/2017.
En el documento, pide al Gobierno local acciones para remediar el problema.
Aldo Fasci, vocero de Seguridad de la Administración estatal, dijo a Reforma que es urgente instalar un penal de alta seguridad en Nuevo León.
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Reconoció que la entidad no cuenta con la infraestructura penitenciaria necesaria para controlar el número de reos que alberga, pues sus instalaciones son obsoletas y están sobrepobladas.
Tras el motín en Cadereyta, el funcionario recalcó que los tres penales del Estado están diseñados para atender reos de mediana y baja peligrosidad.
El vocero señaló que el penal de Cadereyta actualmente tiene 2 mil reos, pese a que su capacidad es de hasta mil 200, por lo que está sobrepoblado hasta en un 67 por ciento.
Además, detalló que de la totalidad de internos que alberga, al menos el 80 por ciento son considerados como peligrosos, quienes pertenecen a diferentes grupos de la delincuencia organizada.
El funcionario dijo que de los fallecidos en Cadereyta, 11 eran secuestradores o integrantes de la delincuencia, y cinco más eran procesados por delitos graves violentos.
Negó que en la intervención policial exista alguna violación a los derechos humanos, pues insistió en que el uso de la fuerza letal estuvo justificado ante el riesgo que corrían los custodios secuestrados y otros internos.
El vocero urgió a invertir en la construcción de nuevas áreas para albergar a los reos peligrosos, para lo cual el estado requiere de 2 mil millones de pesos.
ONU condena hechos de Cadereyta y pide investigar sucesos
La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) condenaron los violentos hechos ocurridos el 9 y el 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, Nuevo León.
De acuerdo a un boletín de prensa de esas organizaciones y difundido aquí por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos - CADHAC- llaman a las autoridades de Nuevo León a conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares.
“Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables”.
Asimismo, resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos con anterioridad en los penales de Topo Chico, Apodaca y en el propio CERESO de Cadereyta, añade la información.
Las agencias de Naciones Unidas recuerdan que recae en las autoridades la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley.
Las agencias de Naciones Unidas firmantes hacen un respetuoso recordatorio a las autoridades respecto a las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad, teniendo presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas Mandela”.
kach