El próximo 24 de abril será un día clave para la permanencia en el poder de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó como día para que el Congreso de Nuevo León establezca la sanción correspondiente al actual gobernador de Nuevo León.
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La sanción que busca la Sala Regional Especializada del Tribunal es porque se le considera responsable por el uso de recursos públicos para la obtención de firmas ciudadanas que le permitieron ser candidato independiente en el proceso electoral 2018.
La sanción también está dirigida contra el secretario de Gobierno, Manuel González, quien habría sido su cómplice al ocupar su lugar como gobernador interino y autorizar el desvío de recursos públicos para la compra de firmas.
El comienzo de todo
Todo comenzó en 2018 cuando el INE detectó una serie de irregularidades en el proceso de recolección de firmas a favor de Jaime Rodríguez Calderón quien, gracias a esas firmas, logró la candidatura independiente por la Presidencia de México.
Entre las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral destaca la malversación de recursos púbicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 13.6 millones de pesos. Además, se recabaron las firmas utilizando a los empleados del gobierno de Nuevo León.
Esto lo confirmó el consejero electoral Ciro Murayama, quien pidió al INE le impusiera una sanción de 739 mil pesos y pidió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que investigara el caso.
La “obra” de financiamiento ilegal de @JaimeRdzNL que el @INEMexico sancionó. Va explicación del 1er acto. pic.twitter.com/8IdXC643rV— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) May 28, 2018
Así fue el fraude del “Bronco”
En 2018, el INE detectó que se utilizó al menos 652 servidores públicos del gobierno estatal para recabar firmas durante horas laborales.
El INE calcula que se desperdició la suma de 4 mil pesos por cada auxiliar que fue distraído de sus obligaciones originales, es decir, más de 2.6 millones de pesos.
Además, el equipo de campaña del “Bronco” simuló haber recibido 17.5 millones de pesos en recursos legítimos de 152 ciudadanos, depositados en una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil Viva la Independencia. Sin embargo, en una revisión se detectaron tres casos de personas que un día o dos, antes de hacer la transferencia bancaria, habían recibido las mismas cantidades por parte de empresas mercantiles.
Al solicitar los estados de cuenta de las personas que aportaron el dinero, al menos a 24 de ellos se les había ingresado dinero desde empresas similares, por montos equivalentes a los que luego depositaron al aspirante. El INE detalló que se documentó que “casi la totalidad de estos ciudadanos tienen escasos recursos económicos y, sin embargo, donaban cientos de miles de pesos”.
El monto total que fue transferido de esta forma asciende a 4 millones 494 mil pesos.
Otra irregularidad fue que el entonces aspirante presidencial pagó a auxiliares que recabaron firmas un total de 6 millones 630 mil pesos que no fueron reportados al INE. Hubo un total de 1,035 personas registradas como auxiliares que recibieron pagos por medio de tarjetas con fondos que fueron depositados por tres empresas mercantiles.
La ruta por la destitución
En agosto de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local emitir una sanción para el gobernador por estos hechos.
El TEPJF dio como fecha límite para ello el pasado 20 de diciembre.
Antes de esta fecha la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado entregó el proyecto de la sanción, en el que se busca destituir al gobernador de Nuevo León y sancionarlo con una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años.
En el dictamen se propuso inhabilitar también al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, por seis años.
El 16 de diciembre llegó el día de la votación y el resultado fue intrascendente, pues entre diferentes posturas y jaloneos, los diputados pospusieron la discusión sobre la posible sanción al gobernador.
Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón alegaba que el Legislativo no tenía una jerarquía superior a la del Ejecutivo, por lo que no tiene facultad para sancionarlo.
Con base en ese argumento, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier sanción, hasta que el máximo tribunal analice el asunto y resuelva si los legisladores tienen o no atribuciones para actuar.
A pesar de los intentos del gobernador por frenar las sanciones por parte del Congreso, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México fijó este martes al Congreso de Nuevo León una nueva fecha límite para que sancionar al gobernador.
La fecha fue fijada para el próximo 24 de abril.
La Sala Superior también ordenó, la semana pasada, emitir una nueva resolución a la Sala Regional, determinando que el Legislativo ha incumplido con su sentencia e, incluso, impuso una amonestación al Congreso por no sancionar al secretario de gobierno.
Para el secretario general de Gobierno se ordena al Legislativo dictar y ejecutar la sanción en su contra, mientras que para el gobernador la medida no puede ser ejecutada por la suspensión otorgada por la Corte, en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso.
Por esto, el gobernador de Nuevo León declaró: "Nosotros tenemos la protección de la justicia, no creo que sean más que la Suprema Corte de Justicia, están poniendo al Congreso en un problema. Si demuestran que hicimos algo, tendremos una sanción, pero no es el Congreso mi superior jerárquico”.
¿Qué dice la Constitución de Nuevo León sobre la destitución y otras sanciones?
- El Gobernador del Estado sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo.
- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los hechos, actos u omisiones, que sin constituir delito, puedan afectar la eficiencia y buena marcha de los asuntos públicos o sean hechos de corrupción. Los superiores jerárquicos serán corresponsables de las faltas administrativas graves o hechos de corrupción de los servidores públicos cuando exista nepotismo o colusión.
- Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos, actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos, hechos, actos u omisiones
- Los hechos de corrupción y las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
- Los hechos de corrupción y las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.