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Chiapas, Oaxaca y Yucatán, los más rezagados en justicia digital

Tras la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, 26 de 33 Poderes Judiciales reactivaron sus plazos; Chiapas, Oaxaca y Yucatán, los más rezagados

  • REDACCIÓN
  • 25/08/2020
  • 21:32 hrs
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Chiapas, Oaxaca y Yucatán, los más rezagados en justicia digital
Tras la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, 26 de 33 Poderes Judiciales reactivaron sus plazos; Chiapas, Oaxaca y Yucatán, los más rezagados. Foto Cuartoscuro

OAXACA.- Luego de tres meses y medio de suspensión de actividades por la emergencia sanitaria de covid-19, el lunes 3 de agosto retomaron actividades presenciales los tribunales y juzgados federales del país. Con la reanudación de actividades presenciales se reactivaron también los términos procesales.

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Los esquemas de protección sanitaria implementados a la entrada de las instalaciones, como toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial, así como la reducción del aforo en las oficinas, para evitar aglomeraciones, resultaron en largas filas en los puntos de acceso.

Así, tras 120 días de suspensión de actividades y plazos por la pandemia, 26 de los 33 Poderes Judiciales –incluido el Poder Judicial Federalreactivaron sus plazos y se encuentran abiertos, es decir, con acceso público a sus instalaciones. Sin embargo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán se encuentran prácticamente cerrados, es decir, han suspendido la tramitación presencial -salvo casos de excepción- y no cuentan con la opción de un tribunal digital.

Un estudio de Transparencia Mexicana y Tojil evaluó al Poder Judicial Federal y los Estatales en cuanto al acceso a la justicia digital que pudo obtener el ciudadano durante la pandemia.

Aunque 25 Poderes Judiciales estatales y el Poder Judicial Federal reactivaron sus plazos y están abiertos, ante la falta de un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, el resultado ha sido un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, insuficiente.

Ante estas disparidades, los organismos urgieron una definición de características mínimas del servicio de justicia digital, a fin de garantizar que el acceso sea homogéneo en todo el país.

En la evaluación, Coahuila resalta como la entidad que cuenta con el servicio de recepción y trámites de demandas de forma digital, de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificación, celebración de audiencias, tribunal electrónico, firma digital para servicios en línea y, además, cumple con la publicidad de audiencias penales en tiempo real.

(Foto Cuartoscuro)

En materia penal, y aunque la Constitución es muy clara al reconocer el principio de publicidad como un elemento esencial del proceso, sólo Nuevo León y Coahuila prevén acceso a las audiencias penales de manera remota.

JUSTICIA EN MÉXICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Los poderes judiciales han optado por utilizar distintas modalidades para la apertura de sus instalaciones.

Ante la falta de un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, el resultado ha sido un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, insuficiente, indican los organismos.

Entre los poderes judiciales que mantienen suspensión parcial de plazos se encuentran Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

  • 19 poderes judiciales operan de manera presencial (requiere acudir a las instalaciones de poder judicial), 
  • 10 poderes judiciales, incluido el Federal, operan de forma mixta o multimodal (opción de acudir a las instalaciones o tramitar vía virtual), 
  • 1 poder judicial opera de manera virtual, Tamaulipas, donde el ciudadano o ciudadana no puede optar por tramitación presencial a priori y más bien un juez lo autoriza en ciertos casos.
  • 3 poderes judiciales –Chiapas, Oaxaca y Yucatán– se encuentran prácticamente cerrados (han suspendido la tramitación presencial -salvo casos de excepción- y no cuentan con la opción de un tribunal digital).

Transparencia Mexicana es la oficina en México de Transparencia Internacional. Tojil es una organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad.