Tuxtla Gutiérrez.- La labor de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas “está en tela de juicio”: esta semana, su titular Jorge Llaven Abarca señaló a Ofelia “N”, originaria del municipio de Ixtapa, como la responsable de planear el secuestro del bebé Dylan Esaú Gómez Pérez del Mercado Popular del Sur (Merposur), en San Cristóbal de Las Casas; en respuesta, pobladores de esa localidad marcharon y desmintieron a las autoridades, incluida la mujer sindicada como plagiaria.
Mientras que el lunes pasado, esa instancia cometería otra “pifia”: afirmar que, en esa misma ciudad de la región Altos del territorio chiapaneco halló a 23 menores de edad en una vivienda como supuestas víctimas de trata. En ese momento, arrestó a 3 mujeres.
Sin embargo, Roberto Montejo Montejo y Guadalupe González Hernández, originarios de Chigtón, municipio de Ixtapa, afirmaron ante medios de comunicación locales que una docena de esos infantes son sus nietos, cinco de una hija y siete de otra.
Ante ello, exigieron a la FGE que hagan las pruebas de ADN para aclarar la situación, pues advirtieron que si sus hijas fueran unas delincuentes, no las protegerían, “solo se dedican al ambulantaje, y los niños las siguen, pero no son secuestradoras”.
Asimismo, coincidieron en que es costumbre que las familias indígenas compartan las viviendas para vivir, como en el caso de su hija y nietos. “De la otra madre que detuvieron no sabemos qué decir”, dijo Roberto.
En el caso de su hija Juana, agregó, aún no ha “asentado” a sus 7 hijos ante el Registro Civil, por lo que carecen de documentos para comprobar la maternidad. Lo que más les preocupa, dijo, es que no saben dónde están sus hijas ni sus nietos.
Además, afirmó que su hijo está prófugo de la justicia porque, se supo, se giró una orden de aprehensión por el mismo delito. “Las autoridades dicen que los niños son de San Juan Chamula, lo que es mentira”, concluyó.