Del segundo semestre de 2017 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado casi un centenar de casos de tortura en Chiapas, la mayor parte cometidos en contra de personas de bajos recursos, como indígenas o campesinos. Sin embargo, el panorama parece más complejo.
La denuncia más reciente es la del empresario de Tuxtla Gutiérrez, capital de esta entidad, José Luis Ochoa, quien el 3 de mayo de 2018 sufrió uno de los episodios más tenebrosos de su vida: cuatro agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto lo interceptaron en su negocio, cerca de la Plaza de Toros San Roque, lo secuestraron, lo golpearon y lo despojaron de “una fuerte suma de dinero” de la venta de unos autos, negocio al que se dedica desde hace varios años.
La preocupación del también abogado es que, aparte de que la amenaza de muerte se mantiene no solo en su contra sino de su familia, Darinel “N”, Fredi “N”, Adalberto “N” y Eduardo “N”, los presuntos “verdugos”, aún siguen incorporados en esa dependencia; solo uno de ellos ya renunció, según la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esa ocasión, recuerda la víctima en entrevista con La Silla Rota, los elementos le metieron el cañón de una pistola en la boca en reiteradas ocasiones, y algo no menos grave: le “sembraron” un arma de fuego en su coche y lo hicieron confesar que era de él para fabricarle los delitos de portación de la misma y delincuencia organizada.
“Perdí la noción del tiempo, porque me levantaron en dos vehículos sin placas, uno tipo Ranger con vidrios polarizados, fue como a las 5 de la tarde, y me parece que me dejan libre como a la 1 o 2 de la madrugada del siguiente día; la verdad intenté escapar, me eché de reversa, pero me bloquearon el paso”, rememora el denunciante, quien advierte que en ese instante era acompañado por su cónyuge.
Luego de que lo amenazan con bajarlo del vehículo en el que lo subieron a la fuerza, le advierten que lo grabarían con un teléfono celular, en donde tenía que confesar que el arma supuestamente hallada en su coche era de su propiedad, y que además confesara que no fue golpeado por ellos.
Yo tenía que responder sí a todo, y si era negativa mi respuesta, me amenazaban con meterme un balazo en la cabeza, y que me iban a meter droga, o me tirarían en algún matorral; así me mantuvieron en una casa de seguridad, y digo que es así porque no estaba rotulada con algún logo o algo de la Fiscalía
De forma reiterada, el joven empresario recuerda con más claridad a uno de sus más violentos agresores, Darinel “N”, quien le exigió que al momento de estar en la FGE se comportara normal, “que todo estaba bien, o que me atuviera a las consecuencias”.
Secuelas física y emocional
Para Jorge, quien por cuestiones del proceso prefiere no brindar los datos de las carpetas de investigación, las secuelas no solo son físicas, como una lesión en la rodilla de su pierna izquierda, la espalda y la vista, sino en su estado emocional, pues tuvo que recibir una serie de terapias sicológicas para “sopesar” el mal que le hicieron.
Este portal de noticias solicitó, vía telefónica, una postura de la FGE, a través de su departamento de Comunicación Social, a lo que respondió: “Del caso del señor, la Fiscalía Anticorrupción está desarrollando las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El señor fiscal general (Jorge Luis Llaven Abarca) advierte cero tolerancia y cero impunidad”.
Según la víctima, tres de sus agresores están en funciones, uno en el municipio de Tonalá, en la región Costa del estado (de los otros no sabe nada); e incluso advierte que uno de ellos tiene antecedentes por robo a casa habitación.
A pesar de que el hecho se registró cuando aún era fiscal general Raciel López Salazar, acepta que esa instancia, hoy en manos de Llaven, se ha comportado de una forma “muy honesta, y reitero: no es contra el actual fiscal, sino de lo tedioso que ha sido el proceso”.
Una cruda realidad
Entrevistado en torno a la situación de tortura en la entidad, Pedro Faro, director general del “Frayba”, advierte que en la mayor parte de casos, las personas encarceladas, sobre todo de pueblos originarios, sufren agresiones físicas y sicológicas, además de que los delitos que se les imputa no se sostienen “judicialmente”.
Además, asevera que han detectado una serie de violaciones en sus debidos procesos, además de que carecen de una defensa adecuada o de traductor, “incluso varios de ellos han recibido una sentencia muy alta, hasta de 16 años”.
Para él, lo mejor que pueden hacer los jueces es revisar cada uno de los expedientes de quienes están encarcelados, sobre todo aquellos casos controversiales, “y que lo hagan con los ojos de los derechos humanos, pues para nuestro punto de vista hay muchos casos de injusticia”.
Después de varios meses de protocolo jurídico, de nueva cuenta el empresario Jorge Ochoa, cuya esposa e hijos “tienen la protección solo de Dios”, pone sus esperanzas en las autoridades chiapanecas, sobre todo porque mañana jueves se celebrará una audiencia de indicio en una instancia judicial en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo, en donde se espera que estén presentes sus torturadores.