Funcionarios de gobierno del Estado incurrirían en incumplimiento de un deber legal al no destinar un presupuesto para la operación del Centro Integral de Justicia para las Mujeres (CIJ), que se inauguró el pasado 15 de enero.
El no habilitar el espacio público, calificado como un “elefante blanco”, es una forma de violencia hacia las mujeres, pues no se brinda la atención jurídica, médica y psicológica a la que está obligado el Estado.
También se genera un deterioro al inmueble, y más adelante será costoso dar mantenimiento, por lo que se podría generar un daño patrimonial al erario federal, desde donde se financió la construcción del edificio.
Aracely González Saavedra y Mónica Mendoza Madrigal, defensoras y promotoras de los derechos de las mujeres, coincidieron que el principal problema en la operación del Centro es la falta de presupuesto público.
Fiscal usa políticamente la operación del CIJ
Este martes 6 de agosto el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, afirmó que el Centro Integral de Justicia es un “elefante blanco”, pues el Gobierno del Estado no ha enviado al personal de las dependencias estatales que se requiere para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia.
Acusó que 143 mujeres, que han sido asesinadas de diciembre a la fecha, padecen los estragos de un capricho político de no hacer funcional el CIJ al no brindar apoyo desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver); del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM); de la Defensoría Pública.
En conferencia de prensa, el Fiscal reprochó la falta de planeación para la prevención del delito. El Gobierno, dijo, tendría que formular un diagnóstico sobre los feminicidios que se han registrado en el Estado, conocer las regiones de mayor riesgo, y las edades de las mujeres asesinadas, para implementar acciones que lleven a frenar el fenómeno.
CJI es inoperante
Aracely González Saavedra, Integrante de Equifonía AC, promotora de las dos alertas de género para el Estado, explicó que para que dicho espacio pueda operar al 100 por ciento, es necesario firmar un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado.
“El Centro no está operando, se tiene que firmar un convenio de colaboración entre los poderes y deben designar personal y presupuesto para quienes van a ocupar oficinas en el Centro”, detalló en entrevista con E-Consulta.
La activista detalló que el inmueble cumplió con todos los requerimientos de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); su costo superó los 62 millones de pesos.
Es necesario definir quién estará a cargo de la operación del CJI y por ende de su presupuesto, que no se definió para el ejercicio fiscal del 2019.
Funcionarios incumplen con un deber legal
Por su parte, Mónica Mendoza Madrigal, integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, exhortó a todos los representantes de poderes públicos y autónomos volteen a ver lo que se necesita para hacer funcional al CJI.
“Fue una lucha de muchos años la que planteó la necesidad (…) como para que en este momento esté inoperante porque, además, si sigue así vamos a empezar a tener en él otros problemas, cuando se quiera ya comenzar a utilizar, pues entonces ya habrá que empezar a ver temas de mantenimiento, que van a requerir mayor presupuesto”, opinó en entrevista.
La también encargada de despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, recordó que no se ha definido de dónde van a proveer los recursos para la operación “cotidiana” del inmueble.
En lo que se termina de analizar las aristas, se está perdiendo en tiempo porque las mujeres siguen requiriendo un espacio donde encuentren todos los servicios que se requiere, al ser víctimas de un delito.
“Es un espacio tan grande que requiere recursos para su operación, pero también hay el incumplimiento de un deber legal, no se esta haciendo el trabajo para el que fue creado el espacio y que costó mucho dinero a la federación”
La inauguración
El 15 de enero del 2019, el Fiscal General, Jorge Winckler inauguró el espacio al que no asistieron representantes del poder Ejecutivo y Judicial, en su discurso hizo un llamado a trabajar de manera coordinada, pero nadie lo atendió.
El Centro cuenta con áreas especializadas para brindar estancia temporal con dormitorios y servicios destinados a víctimas, área de lavado, cocina, área de comedor, ludoteca, celdas para imputados.
Así como oficinas de fiscales orientadores, psicólogos, personal de trabajo social, médico legista, mediadores, sala de restauración, sala de terapia grupal; así como, sala de juicio oral, sala de deliberación, cuarto de testigo protegido y de defensoría pública.