Se habla de cientos de miles, pero nadie sabe con certeza cuántos hay aunque están por todos lados. De distintos colores, modelos y marcas, los “autos chocolate” son parte del mar de vehículos que diariamente se mueven en las atestadas calles de Tijuana.
Son tema en las campañas electorales, negocio para algunos y dolor de cabeza para otros.
Cuando en diciembre de 2008 el presidente Felipe Calderón decretó un aumento al costo de las importaciones e impuso nuevos requisitos, el comercio organizado en la frontera reclamó, pero los vendedores de autos nuevos celebraron.
El último programa de regulación masiva fue del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), y aunque su sucesor Francisco Vega de Lamadrid intentó realizar un censo, su iniciativa fue rechazada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
Ahora la administración estatal de Jaime Bonilla pretende cobrar mil pesos por cada unidad introducida ilegalmente que ya transita en Baja California para crear censo, aunque no significa que los dueños podrán conservarlo.
Gobernador Jaime Bonilla
"El dinero se va a ir a las arcas de Baja California y vamos a emplearlo a los programas como hemos venido haciéndolo. Todavía no está etiquetado", dice la diputada Monserrat Caballero.
El argumento del ejecutivo y los legisladores locales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es simple: la mayoría de los delitos son cometidos en vehículos no importados.
El gobernador fue más allá y en una de sus transmisiones diarias aseguró que “está demostrado que el 80% de los vehículos irregulares que circulan en la ciudad, se utilizaron para cometer algún delito”.
Aunque el mismo Bonilla Valdez, cuando era diputado federal, pensaba distinto y aseguraba que los retenes para decomisar esos autos eran inconstitucionales y debían retirarse inmediatamente.
“No se trata de un delito de contrabando, como lo quieren hacer ver las autoridades del SAT (…) creo que las autoridades deben ser más sensibles, y en vez de perseguir a los automovilistas como si fueran unos delincuentes, mejor deberían otorgarles facilidades para importar sus vehículos”, dijo.
Sus declaraciones están en un mensaje que él mismo difundió en redes sociales, y la población lo revivió ahora que el mandatario busca realizar un censo del que sólo conocen retazos.
La legisladora Montserrat Caballero intentó justificar sin mucho éxito por qué los ciudadanos que conducen un auto ‘chocolate’ deben pagar además de dar su información para ser localizados.
“Va a haber recaudación, sin duda va a haber recaudación, pero son mil pesos porque te encuentres en condiciones de poder regularizarte, o poder circular en el estado. Eso requiere dinero”, comentó.
Censo sólo sirve para conocer las condiciones
Sin embargo, inmediatamente después respondió que pagar no es garantía para conservar la unidad, y el censo es solo para conocer sus condiciones mecánicas.
"Los que no pasen van a ser decomisados, definitivamente", asentó la diputada integrante de la fracción de Morena en el Congreso bajacaliforniano.
Mientras tanto en la sede local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde los vendedores de autos usados e importados tienen un espacio, siempre ha habido oposición a la venta de autos irregulares en las calles porque lo consideran una competencia desleal.
“¿Tienes un lote de carros? A como están las cosas, lo que me queda es un carro de elotes”, es el chiste más común entre los vendedores que han visto una caída de hasta el 80 por ciento de las importaciones desde que aumentó su costo.
Jorge Macías, el presidente de Canaco Tijuana, dice que el censo sólo servirá para conocer a los propietarios de autos irregulares en caso de verse involucrados en accidentes o delitos.
“Pero la idea que entendemos, es por seguridad”, dice el representante del comercio organizado, aunque no todos coinciden con él.
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, no cree que la medida impulsada desde el gobierno estatal disminuya la incidencia delictiva.
“Mucha de la gente, de nuestros trabajadores, utilizan este tipo de vehículos para transportarse por motivo de la deficiencia en el transporte público que tenemos en Tijuana”, comenta.
De acuerdo con legisladores, el censo se cristalizará cuando el gobierno federal determine también qué camino va a tomar para atender este tema que atañe principalmente a estados de la frontera norte.