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CEAV retira recursos económicos a desplazados de Guerrero

Las familias desplazadas que están en Chichihualco dejaron de recibir los recursos públicos a los que accedieron por ser víctimas de delitos y violación a los derechos humanos

  • MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL
  • 28/02/2020
  • 13:01 hrs
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CEAV retira recursos económicos a desplazados de Guerrero
Desplazados de Guerrero

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les retiró a las familias desplazadas de la Sierra y de Zitlala que se instalaron en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, los recursos asignados para el pago de la renta, la canasta básica  y los servicios médicos.

Desde noviembre pasado, las 125 familias en condición de desplazamiento forzado que están en Chichihualco dejaron de recibir los recursos públicos a los que accedieron por ser víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos.

A la vez, el gobierno federal también les retiró las medidas de seguridad o la vigilancia asignada por su condición de riesgo, de acuerdo a la propia versión de las víctimas.

Varias de estas familias y miembros del Centro Morelos, se organizaron y viajaron hasta Chilpancingo para denunciarlo. Marisela Cástulo, originaria de la comunidad serrana de Los Morros, pero alojada en Chichihualco, planteó que si el gobierno les niega los recursos, entonces, que mejore las condiciones de seguridad de sus pueblos para regresar a habitarlos.

Las familias de la Sierra se salieron de sus comunidades en noviembre de 2018, porque, según contaron en aquel momento, un grupo armado se instaló en ellos y se quedó con sus casas. 

Muchos de los habitantes llegaron a Chichichualco en grupo y a pie. Para dar una idea de la distancia, Filo de Caballos, comunidad que pertenece a Leonardo Bravo y de dónde son originarias varios de ellos, se encuentra a unas dos horas en vehículo, porque ya forma parte de la zona boscosa o serrana de Guerrero. El gobierno municipal de Leonardo Bravo les asignó el auditorio y ahí vivieron por varias semanas.

Como no vieron condiciones para volver, los desplazados de la Sierra, con el acompañamiento del miembros de Centro Morelos, una organización de defensa a los derechos humanos que orienta a familias en esta condición, acudieron a la Ciudad de México a buscar una interacción con el gobierno federal.

El grupo se hizo mayor, porque a esta búsqueda se sumaron las familias desplazadas de Tlaltempanapa, un pueblo de Zitlala, donde también la violencia, causada, según los informes oficiales, por un grupo delictivo, los expulsó. 

Con ellos se completaron las 125 familias. Otra habitantes de la Sierra buscaron medidas por su cuenta y otros tantos piden asilo en Estados Unidos.

4T dio una ayuda parcial

Después de un plantón en la Zócalo de la capital del país, y de diálogos con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, accedieron a los recursos de la CEAV para el pago de una renta y alimentos. A las familias de Zitlala también les asignaron atención médica.

Teodomira Rosales Sierra, integrante del Centro Morelos, explicó que el convenio de los recursos se pactó por los primeros seis meses y en noviembre de 2019 la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, debió renovárselos, pero ya no ocurrió.

Reprochó a las autoridades que dejaran sin esos recursos a las familias de la Sierra y Zitlala, pero sobre todo que no les mantuvieran las medidas de seguridad, situación que, advirtió, las vulnera porque están en riesgo de una agresión.

Bartolo Hernández Cruz denunció que además de su condición de desplazado, él padece la desaparición de uno de sus hijos. Contó que integrantes de un grupo delictivo se lo llevaron y las autoridades siguen sin encontrarlo.

Enseguida advirtió que si el gobierno no libera a sus comunidades de las personas que se asentaron por la fuerza, tomarán el ejemplo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa, quienes entrenan a niños de los pueblos y los preparan para defenderse.

Manuel Olivares Hernández, otro integrante del Centro Morelos, comentó que en reuniones de trabajo, autoridades de seguridad del gobierno federal les han informado detalles de cómo operan los grupos criminales en la Sierra y en Zitlala. Entonces, si lo saben, se pregunta por qué no han hecho más para estas familias vuelvan a sus casas.