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Cateo en casa de Kiko Vega es por una denuncia contra su esposa

La Fiscalía informó que la expresidenta del DIF estatal enfrenta una denuncia por presunta coalición de servidores públicos y negociación ilícita

Escrito en ESTADOS el

El cateo que este viernes realizó la FGE en la casa del ex gobernador de Baja Calfornia, Francisco Vega, fue por la denuncia que enfrenta su esposa, Brenda Ruacho.

Esto fue dado a conocer por la misma Fiscalía, quien informó que la también expresidenta del DIF estatal enfrenta una denuncia por presunta coalición de servidores públicos y negociación ilícita.

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Brenda Ruacho fue denunciada el pasado 16 de marzo por la Secretaría General de Gobierno (SGG), de la actual administración estatal que encabeza el morenista Jaime Bonilla Valdez.

La acusación penal fue por la recaudación de recursos, mediante una asociación civil, para construir una estancia para niños y niñas que llegan a Tijuana de otros municipios para ser atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT).

“Se utilizó una fundación llamada Cree En Tus Sueños, y aparece como titular la señora Ruacho de Vega siendo que la ley le prohibía ser directora del DIF y presidenta de esta fundación”, acusó en su momento la SGG.

Según la información oficial difundida por esa autoridad, la asociación habría captado dinero que fue retenido ilegalmente, y esta administración encontró dos cuentas bancarias: una institucional y una personal.

En una de esas cuentas bancarias, dijo el gobierno estatal morenista, hay más de 7 millones de pesos que serían producto de las donaciones.

La Fiscalía General Estatal (FGE), informó que el cateo de este viernes fue una medida para allegarse de elementos que puedan integrar a la carpeta de investigación.

De las dos denuncias que enfrenta el ex gobernador Vega de Lamadrid, el último mandatario de la hegemonía panista que duró casi 30 años en Baja California, no hay novedades.

La primera fue interpuesta por la SGG en noviembre del 2019, el primer mes de la administración de su sucesor Bonilla Vadez, y la segunda a principios de este mes por la auditoría superior del estado.

En ambos casos es señalado de un presunto desvío de más de mil millones de pesos de recursos públicos mediante el uso de facturas falsas y empresas fantasma.