VILLAHERMOSA, Tabasco.- La Casa del Migrante La 72, ubicada en Tenosique, es objeto de actos intimidatorios y criminalizantes, por parte del gobierno de Tabasco, que ha señalado que “pondrá especial atención en los albergues que operan para atención a migrantes” al ser “fachadas para lavado de dinero”.
La administración estatal, emanada de Morena, a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco (UIPET), emitió un comunicado en el que agrega que coadyuvará en detección de operaciones de Lavado de Dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño.
La UIPET cuyo titular Arturo Abreu Ayala, carece de profesión alguna, emitió el primer comunicado el 18 de junio, solo para inculpar a los albergues de migrantes de ser “fachadas de lavado de dinero y corrupción”.
En la entidad, la única y conocida ONG de protección y defensa de los derechos de migrantes es la 72, del municipio fronterizo de Tenosique.
“Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal”, denunció esa ONG respaldada por 87 ONGs de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
"La Red TDT expresó su apoyo y solidaridad ante esta nueva ola de agresiones, derivadas de su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes. “En el transcurso de las semanas recientes se documentado diversos hostigamientos y amenazas contra La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes”.
Esa asociación civil realiza un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad. Desafortunadamente, han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado, y autoridades estatales y federales.
Sin embargo -destacó la Red TDT-, lo que hoy resulta sorpresivo e inaceptable es que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas de Tabasco, busquen criminalizar y difamar a la Casa del Migrante La 72.
Acusaron que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco (UIPET), creada apenas hace tres meses, por el gobernador Adán Augusto López Hernández, “criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes”, pues boletinó que realiza la “detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño”.
El gobierno estatal tiene “el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México”, subrayó la Red TDT.
Abreu Atala involucró en el boletín también al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT.
Aunque Encinas lo negó por medio de un tuit en el que señaló “Yo nunca he hecho las declaraciones ahí señaladas y mucho menos la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración de @SEGOB_mx hace trabajo de inteligencia financiera”.
La Red TDT pidió un posicionamiento institucional claro por parte del Subsecretario que, en términos legales, es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país.
El boletín de la UIET lo reprodujo un periódico estatal, nota que se perifoneó y en los que se realizaron acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez. “Además de esto, La 72 enfrenta de forma reiterada a actos de vigilancia, acoso y amenazas”.
Ante ese panorama, exigieron el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72 y las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
“Instamos al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano”.
También solicitaron que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.