Xalapa, Ver.- Ante la falta de una prisión para mujeres, en Veracruz hay casos como el de una reclusa en el Centro de Readaptación Social de Zongolica, que es la única presa que tiene que convivir con 99 hombres privados de la libertad por distintos delitos.
Por su parte en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en la zona de Xalapa, las mujeres tienen actividades remuneradas, que consisten en ser empleadas de los otros internos varones.
“Preparando y sirviendo comida en las fondas que existen en el área varonil, otras únicamente realizan manualidades”
Hay otros casos similares como en Chicontepec, en donde hay dos reclusas conviviendo entre los 330 internos.
Las prisioneras deben convivir con los hombres en todas cárceles mixtas de la entidad, a pesar de que algunas crían a sus hijos al pagar sus penas, comprobando que las oportunidades de reinserción son prácticamente nulas.
En total 13 de 17 cárceles de Veracruz están reprobadas según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
Se trata de las cárceles de Zongolica, Tuxpan, Tantoyuca, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Pánuco, Misantla, Jalacingo, Cosamaloapan, Amatlán, Acayucan, Chicontepec y Ozuluama. Solo en la cárcel estatal de Huayacocotla no hay mujeres internadas.
Las tres restantes apenas aprobaron las calificaciones obtenidas en el DNSP para los centros supervisados en la entidad. Se trata de Coatzacoalcos (6.04), Papantla (6.18) y Xalapa (6.38), las cuales se ubican con la calificación mínima aprobatoria.
SOLO TRES CERESOS “PASARON DE PANZAZO”
En Coatzacoalcos, el Cereso tiene a 97 mujeres que son parte de las mil 467 personas que habitan en este lugar; dos de ellas están embarazadas y hay 20 menores de edad que conviven con sus madres.
Aquí la situación es grave porque las internas señalaron la existencia de un autogobierno en el área de varones, ya que en ocasiones son presionadas para adquirir productos alimenticios que ahí se expenden.
El Cereso de Xalapa tiene actualmente a 49 mujeres, de las cuales tres conviven con dos niños y una niña; en este sitio hay un baño pero sin regaderas y las reclusas tienen que trabajar para otros internos con el objeto de conseguir dinero.
En el Cereso de Papantla hay actualmente 12 mujeres internas que no cuentan en sus espacios con agua corriente; además, no cuentan con actividades laborales o de capacitación y tienen realizar artesanías para poder pagar artículos de aseo como toallas sanitarias, papel higiénico, pasta dental y hasta cepillo de dientes.
VIOLACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS PENALES
Sin embargo todos los Centros de Readaptación Social de Veracruz se caracterizan por las deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, según refleja la recomendación 54/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cabe destacar que según la recomendación, durante los últimos cinco años los Ceresos en Veracruz han registrados calificaciones cada vez peores en el desempeño de estos centros, lo que se suma a la inexistencia de un centro penitenciario exclusivo para mujeres.
Y es que mientras en 2014 la entidad logró obtener 6.93 puntos de 10 posibles, en 2018 la calificación apenas llegó a 5.87. Además, es evidente la ausencia d elementos básicos de habitabilidad, salud, trabajo, capacitación, educación y deporte.
En el centro penitenciario de Acayucan actualmente hay una población de 361 personas, de las cuales 26 son mujeres que viven y duermen entre colchonetas en deficiente estado de conservación, en instalaciones con deficiente ventilación y luz, tanto natural como artificial; no hay espacios para cocina, comedor, talleres, servicio médico, aulas, biblioteca, patio, instalaciones deportivas, así como familiar e íntima.
Por si esto fuera poco, las reclusas no reciben toallas sanitarias e incluso en casos de enfermedad son sus familiares quienes deben comprar los medicamentos de manera externa; las mujeres comen en sus estancias pero sin utensilios aptos para recibir sus viandas, detalla el informe.
Los hijos de las internas no reciben ninguna clase de apoyo para la compra de leche y pañales, a pesar de que los menores permanecen con sus madres en el centro de readaptación.
En este centro actualmente hay tres niñas recién nacidas y un niño de seis meses de edad que no cuentan con un área adecuada para su estancia; y hay una interna que cohabita con su esposo y su hija en un espacio del área varonil.
El caso de Amatlán es similar, pues de los mil 9 internos que tiene el centro, 86 son mujeres, así 7 niños y 6 niñas que conviven con sus madres en este sitio.
Las mujeres no reciben dotación de calzado y vestido así como tampoco enseres de uso personal como toallas feminidad o bien para el cuidado de sus hijos, pues aunque en algunos casos son trabajadoras de una empresa, esta les paga apenas 15 pesos por kilo de chile chipotle desvenado.
Por cuanto hace al caso del Cereso de Chicontepec, las dos mujeres internas duermen en condiciones no aptas, ya que ambas fueron instaladas en el área de visita conyugal; una de ellas duerme en una cama de cemento y la otra en el piso.
En este sitio el baño ni siquiera cuenta con agua corriente; y las internas deben comprar artículos de aseo personal con recursos propios, igual que los medicamentos que lleguen a utilizar.
Esta situación se repite en el Cereso de Jalacingo, en donde las seis mujeres se encuentran en condiciones no aptas por no contar con agua corriente, en medio de condiciones de humedad. En cuanto a su atención médica, las mujeres deben ser trasladadas a Xalapa o Perote .
La CNDH establece que al existir Ceresos en donde la población varonil y femenil coexisten en los mismos espacios se viola el artículo 18 constitucional, pues la situación que enfrentan “es propicia para la transgresión de sus derechos fundamentales”.
Y es que en general la Comisión encontró irregularidades en materia de instalaciones, alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad, actividades laborales, educativas y deportivas; además, hay una inadecuada clasificación, deficiencias de en las condiciones de vida en reclusión, particularmente por la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios.
“En Veracruz no se han tomado en cuenta las medidas que requieren las mujeres privadas de la libertad en razón de su género para proporcionarles una atención especializada, incluyendo a sus menores hijos”.
Por ello, la Comisión recomendó al estado de Veracruz construir un Cereso específico para mujeres privadas de la libertad y que en un término de seis meses asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitan la organización y el funcionamiento independiente de su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas Juridica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia.
“Llevando a cabo en su infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones d estancia digna y segura para ellas, y sus hijas e hijos”.
Además, garantizar el derecho de las mujeres a la reinserción social, particularmente en los temas de protección la salud, educación, deporte, trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado, así como su capacitación en actividades que puedan ser de utilidad para cuando obtengan su libertad.
Establece que en un término de seis meses deberá imperar acciones para brindar atención debida a mujeres embarazadas, niños, recién nacidos, personas con discapacidad, mayores, con enfermedades crónicas que se encuentren en los centros penitenciarios y se remitan las pruebas de cumplimento a la Comisión.
El Gobierno de Veracruz deberá brindar capacitación continua con perspectiva de género al personal que se detiene a la atención exclusiva de las mujeres y destinar a una persona que servirá como enlace con la CNDH para dar seguimiento a la recomendación, además de responderla.