TIJUANA.- En las prisiones de Baja California hay 300 Personas Privadas de su Libertad (PPL), reconocidas por la Secretaría de Salud como casos sospechosos de covid-19, y al menos tres muertes acumuladas sin respuesta oficial.
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El primer deceso ocurrió a finales de abril en la sobrepoblada cárcel de Tijuana, y días después vinieron dos decesos más en Mexicali, según ha reconocido la subsecretaría del sistema penitenciario mientras espera los resultados de las pruebas del sector salud.
“El equipo de epidemiología ya fue, el reporte está ahí. Pero no nada más fueron a una unidad. Fueron a Mexicali, fueron a Tijuana y van a ir al “Hongo” (en la ciudad de Tecate)”, respondió el secretario de salud, Alonso Pérez Rico.
Pero casi tres semanas después, la cantidad de positivos en las prisiones no ha sido confirmada, y el número de sospechosos apenas lo hizo público durante el informe vía redes sociales que realiza a diario el gobierno estatal para presentar las estadísticas sobre coronavirus.
“Son casos sospechosos porque estuvieron en contacto con pacientes covid o PPL que están saliendo positivos”, comentó el secretario Pérez Rico sin dar más detalles. La información también fue solicitada a su equipo de comunicación, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, las palabras del funcionario estatal dieron pie a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solicitará a las autoridades un “reporte justificado” sobre la manera en que están realizando las pruebas de covid-19 en las prisiones.
El mismo organismo informó que tiene 11 expedientes abiertos desde que inició esta emergencia sanitaria, donde ha recogido quejas de familiares y de un grupo de 70 internos.
Las autoridades penitenciarias suspendieron las visitas desde el pasado 20 de marzo, pero el hacinamiento en cárceles como la de Tijuana, que regularmente ronda los 4 mil internos cuando tiene espacio para 2,500, es un problema para enfrentar la emergencia.
“No podemos del todo pedirle a alguien que tenga distancia si no hay espacio”, reconoció Salvador Morales Riubí, sub secretario del Sistema Estatal Penitenciario.