TIJUANA.- Jesús Gabriel Sánchez Farfán, secretario privado de la secretaría de Gobierno del ayuntamiento de Tijuana, fue detenido y se encuentra a disposición de autoridades federales.
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Lo aseguraron elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), pero la Fiscalía General Estatal (FGE), de quien depende esa corporación, dijo que lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos preliminares, Sánchez Farfán fue detenido en un auto balizado y con estrobos, donde transportaba varios miles de pesos y dólares en efectivo.
La FGR no ha respondido aún a las solicitudes de información para conocer el estatus jurídico de Sánchez Farfán, quien aparece en el directorio del gobierno de Tijuana justo debajo del segundo al mando en el Ayuntamiento, el Secretario de Gobierno, Jorge Antonio Salazar Miramontes.
Al realizar la inspección al automóvil, se encontraron una bolsa color negra la cual llevaba en su interior una suma aproximada de 270,000 pesos, además de 1,000 dólares en efectivo en billetes de diversas denominaciones, cuando las autoridades le preguntaron sobre la procedencia del efectivo, el imputado no pudo comprobar cómo se obtuvo de manera legal.
De acuerdo con los reportes de prensa que revelaron el caso, los uniformados habrían revisado el teléfono celular del detenido y encontrado conversaciones incriminatorias, razón por la que habría sido entregado a las autoridades federales. Supuestamente, había mensajes de WhatsApp en los que ofrecía droga por kilos a sus contactos.
La detención habría ocurrido el sábado, pero la Fiscalía Estatal no la difundió en boletín de prensa como acostumbra con otros casos en los que presumen relación con alguna actividad criminal.
El gobierno de Tijuana, encabezado por la morenista Montserrat Caballero, solo ha dicho que esperará los resultados de la investigación.
Entre las primeras versiones tras la detención del secretario privado, este fue vinculado familiarmente al secretario de Seguridad Ciudadana, José Fernando Sánchez Ayala, pero fuentes oficiales dentro de la corporación tijuanense rechazaron esas afirmaciones.
Más tarde, a raíz de las notas periodísticas que revelaron la detención, la Sindicatura Procuradora informó que giró un oficio a la Secretaría de Gobierno “para identificar si la unidad mencionada pertenece al padrón vehicular del XXIV Ayuntamiento de Tijuana”.
Si el auto resulta ser propiedad del gobierno de Tijuana y fue usado fuera de su horario permitido, habrá una denuncia formal por el uso indebido de recursos públicos.
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