Hidalgo (La Silla Rota).- Después de que el expediente 1078/2016 por el posible conflicto de interés en la asignación de notarías en el último año de mandato del exgobernador de Hidalgo José Francisco Olvera Ruiz fue sobreseído, el abogado Julio Gálvez Bautista, quien inició el juicio de amparo, informó que interpondrán un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el conflicto.
El litigante argumentó que el juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Pedro Gerardo Álvarez del Castillo, resolvió que cuando él ingresó solicitud para participar en el proceso de selección de notarios, “consintió” la convocatoria al proceso y, por lo tanto, desde ese momento comenzó a correr su plazo para interponer la demanda.
“Eso es un hecho que está tergiversando la autoridad... ¿cómo vamos a consentir una convocatoria que nunca se publicó en tiempo y conforme a derecho, sino 28 días después de su fecha, incluso hasta la modificaron unas horas antes de la transición del ejecutivo como debidamente se probó con periciales, una fe de hechos y otras pruebas”, criticó Gálvez Bautista.
Lo anterior, en referencia a seis documentos que fueron posiblemente alterados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre de ese año, día en que Olvera Ruiz cedió la gubernatura a Omar Fayad Meneses, así como de la convocatoria con la que inició el proceso, creada, con base en un peritaje particular que presentó la parte acusadora, el 16 de agosto, a las 5:42:54 pm, y modificado por última vez ese mismo día, a las 5:43:04 pm.
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Por esta posible irregularidad, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un peritaje en informática y telecomunicaciones, el cual resuelve que no es posible acreditar la fecha en la que los siete archivos relacionados con el procedimiento fueron subidos al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
“Ante esto, ¿cómo es posible que un plazo para interponer demanda de amparo comience a correr cuando todavía no habían otorgado las patentes?", cuestionó el abogado, quien calificó como “alarmante” una decisión así.
“Además, debo decir que en nuestro amparo se especificó claramente que al no existir convocatoria publicada, presentamos solicitud para participar en el proceso de selección de notarios ante la costumbre corrupta de que al final de los sexenios los gobernadores regalan notarias a políticos sin que se cumplan las formalidades del procedimiento, en plena desigualdad hacia los ciudadanos y sin respetarse el mérito profesional”, remarcó.
Además de la SCJN, planteó llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que quede constancia del grado de corrupción institucional que hay en México”.
En el expediente, con 12 anexos, además del dictamen de PGR, un peritaje particular y una fe de hechos con la que pretendía acreditar la modificación de archivos en el periódico oficial, Julio Gálvez incluyó la asignación de patentes de quienes presidieron los sistemas de procuración e impartición justicia: Alejandro Straffon Ortiz, exfiscal, y Juan Manuel Menes Llaguno, exmagistrado del Tribunal Superior, así como Mario Souverbille González, excoordinador jurídico del Poder Ejecutivo que condujo el proceso y se adjudicó la titularidad de notaría 8 de Tizayuca.
Esto, porque la Ley Notarial de Hidalgo –publicada el 18 de mayo de 1992 durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco– establece en su artículo 35 que el notariado es incompatible con los cargos de elección popular, los de servidor público o de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como de procurador o agente del Ministerio Público.
Para la resolución del caso en el que, indicó el abogado, aportaron pruebas durante un año, el juez de Veracruz integró un expediente de cuatro hojas, lo cual, a consideración del quejoso, no corresponde con la complejidad de un asunto que involucra al notario número 16 del distrito judicial de Tula, Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, a Enrique Vieyra Alamilla, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, y a Víctor Manuel Fayad Meneses, hermano del gobernador Omar Fayad, a quien, aunque recibió la titularidad de la notaría 5, de Apan, durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Francisco Olvera le concedió el cambio de adscripción a la número 21, de Pachuca.