PACHUCA.- Diputados locales de Morena presentaron una reforma para retirar la facultad de las y los presidentes municipales de Hidalgo de designar a los integrantes de los órganos de control interno, para así evitar que se sientan “comprometidos” y no sancionen debidamente posibles actos de corrupción.
Dicha reforma a la Constitución Política de Hidalgo y a las leyes Orgánica Municipal y del Sistema Estatal Anticorrupción propone que esta designación sea mediante una convocatoria pública, ratificando a los mejores perfiles a través del voto de cuando menos dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del cabildo (voto calificado).
De esta forma le quitan al ejecutivo municipal la elección y designación de los integrantes de dicho órgano de control interno, evitando que estos se sientan comprometidos o que sean dependientes del titular de la administración, dijo la diputada Corina Martínez.
Legislar en esta materia es importante toda vez que, con ello, se abre la puerta a la ciudadanía para conocer de manera directa el funcionamiento de los poderes públicos, a la par que estimula la participación activa de los individuos”, agregó.
De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 la corrupción fue colocada como el tercer problema social que más preocupa a los hidalguenses, pues así lo manifiestan el 49.2 por ciento de los encuestados.
Además, dicho estudio agrega que 87 por ciento de la población de Hidalgo ha percibido actos de corrupción en la entidad de manera muy frecuente o frecuente, siendo una práctica común en servidores públicos.
El combate a la corrupción ha sido una constante en la agenda política, cuyo avance más significativo es el Sistema Nacional Anticorrupción, así como sus homólogos estatales; empero los resultados, sobre todo a nivel municipal, no son los esperados y por el contrario son entes débiles para combatirla”, expresó Corina Martínez.
CONTEXTO
El pasado 27 de abril, los regidores Olivia López, Pablo Vargas, Carlos Conde y Ricardo Crespo, acusaron que la Contraloría Municipal los inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos por ser opositores al alcalde Sergio Baños Rubio.
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Asimismo, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia señalaron que las contralorías municipales son utilizadas para afectar políticamente a sus candidatos.
Desde que empezó el proceso electoral hasta el momento, han sido inhabilitados por órganos de control municipales: Reginaldo González Viveros, contendiente en Zacualtipán y emanado de Nueva Alianza; Ricardo Crespo Arroyo y Pedro Porras Pérez, abanderados del Verde, así como Vicente Charrez Pedraza, del PT, quien acumula dos procesos.
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