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Bonilla y Morena quitan autonomía a fiscalías Anticorrupción y Electoral de BC

A iniciativa del gobernador, Morena aprobó desaparecer la autonomía de las fiscalías; oposición adelanta que acudirá a la Suprema Corte

Escrito en ESTADOS el

TIJUANA.- Las fiscalías Anticorrupción y contra Delitos Electorales en Baja California perdieron su autonomía “gracias” a una iniciativa del gobernador Jaime Bonilla aprobada por el Congreso local.

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“El gobierno del estado no quiere tener contrapesos de esa naturaleza para actuar libremente”, opinó José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California.

La propuesta fue recibida por la cámara de mayoría morenista desde el pasado 23 de marzo, pero fue presentada apenas este miércoles 21 abril por la tarde en el pleno, donde obtuvo 19 votos a favor y 4 en contra.

El dictamen ni siquiera fue discutido y solo el diputado Víctor Morán, que recién anunció su renuncia a Morena por intereses político electorales, dio un posicionamiento en contra.

La propuesta del Ejecutivo estatal fue entregar esas fiscalías especializadas a la Fiscalía General Estatal (FGE), donde despacha su compadre Guillermo Ruiz Hernández, a quien él propuso para el cargo de 5 años, que inició el 1 de noviembre de 2019.

Y aunque en el discurso y la ley la FGE es autónoma, el abogado Molina Magaña piensa que la reforma en realidad sujeta a las dos fiscalías a las decisiones del gobernador.

Porque es el que en algún momento dado va a decidir dónde acciona y dónde no

Las dos fiscalías especializadas nacieron en octubre de 2019, ya bajo la legislatura con mayoría morenista, y a un año y medio se han caracterizado por el vacío y la precariedad.

El fiscal especializado para delitos electorales, Carlos Barboza, fue nombrado en noviembre del año pasado y en marzo declaró que no tenía oficinas ni herramientas técnicas para trabajar.

Todavía puede tener uno esperanzas de que hubiera actuado en favor de las campañas electorales, pero yo creo que ya no le dieron oportunidad al ser un apéndice de la fiscalía general. Va a depender de las decisiones del fiscal general y del ejecutivo

RENUNCIA FISCAL ELECTORAL

Sin embargo, esa esperanza duró poco porque este mismo jueves el fiscal especializado Carlos Barboza confirmó su renuncia por la aprobación del Congreso.

El caso de la Fiscalía Anticorrupción es muy similar, porque en enero del año pasado, cuando apenas tenía mes y medio en el cargo, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral renunció argumentando falta de infraestructura y de personal.

Así que no estuvo para investigar el escándalo de corrupción que acompañó a la llegada del gobierno de Jaime Bonilla Valdez: el supuesto cobro de “moches” a empresarios a cambio de obtener contratos con la nueva administración estatal.

Incluso uno de los señalados por presuntamente haber recibido ese dinero como Oficial Mayor, Jesús Núñez, regresó en abril de este año a la administración estatal, ahora como titular de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario.

Para José Luis Molina Magaña, también presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California, subordinar a las dos fiscalías especializadas a la FGE difícilmente resolverá las deficiencias que han mostrado hasta ahora, porque la misma fiscalía general no ha podido ni siquiera con su labor principal de perseguir delitos.

No es congruente ni conveniente incrustarle dos responsabilidades más (…) creo que fue decisión más que nada del ejecutivo. Que les ha de haber ordenado que se hiciera lo que hicieron. Porque si lo hubieran consultado con la sociedad, como es el deber hacer del Congreso, no creo que hubieran tenido el consenso

Por último, consideró que, al no ser una reforma constitucional, sino a la Ley orgánica de la fiscalía, difícilmente un tercero podría recurrirla a tribunales para echarla abajo.

VAN A LA CORTE

Aun así, la coalición Va por Baja California (PAN-PRI-PRD) anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender la independencia de la fiscalía contra delitos electorales y buscar una suspensión para que el cambio no aplique en el proceso electoral en curso.

“Esta reforma evidencia las intenciones de Jaime Bonilla Valdez para hacer de esta una elección de Estado”, afirmó la coalición en conferencia de prensa.

La FGE, en cambio, emitió un comunicado de prensa afirmando que la reforma responde a una realidad social, la calificó como “una gran mejora” a la implementación de los órganos de persecución del delito, y dijo que “soluciona la controversia de creación de organismos autónomos dentro de otros de autonomía previa”.

 

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