MEXICALI.- El día que el gobierno de Baja California presentó a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), para reemplazar a la Policía Estatal Preventiva (PEP), a la administración de Jaime Bonilla no le importó violar lineamientos federales para afirmar que el cambio era un gran paso en el combate a la corrupción.
Presentaron una patrulla pintada de guinda, el mismo color del partido Morena, para quitarle el azul que es también el color del Partido Acción Nacional (PAN), quien acababa de salir del poder luego de cinco gubernaturas continuas.
Pero la sombra de la PEP, ampliamente señalada en Baja California por presuntos actos de corrupción y abusos, reapareció en el nuevo cuerpo policiaco en su primer año.
Primero fue el 23 de octubre de 2019 en una persecución y altercado que algunos elementos protagonizaron con agentes federales en Tijuana, desatando la versión de que los estatales querían liberar a un miembro del Cártel Arellano Félix (CAF), al que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) habrían venido a detener en un operativo especial ordenado desde el centro del país.
El fiscal central en Baja California, Hiram Sánchez, y el gobernador Jaime Bonilla, quien insiste en que “la corrupta policía estatal ya no existe”, negaron esa versión.
“Como la mesa de seguridad no sabía de ningún operativo en lo particular, cuando la GESI detecta ese vehículo le pide que se pare, y no se paró. Por alguna razón no se paró, no traía detenidos, no traía nada”
Hasta ahora no hay elementos para comprobar la supuesta liberación, pero la explicación de las autoridades no convenció a todos, y menos a quienes conocen perfectamente que la PEP solo cambió de uniforme para convertirse en Guardia Estatal.
SÓLO CAMBIÓ EL COLOR
"Estos cambios, que realmente son cosméticos de las policías en México, quieren convencernos de que las cosas son distintas o que van a ser distintas o que van a ser mejores porque ya no se llaman así", comenta Laura Pérez Floriano.
Laura Pérez Floriano, académica en el Colef. Foto Especial
Ella es académica en el Colegio de la Frontera Norte (Colef), y con su experiencia investigando a las corporaciones policiacas recuerda que esos cambios no son una novedad en el país; el más reciente es la extinción de la Policía Federal para crear la Guardia Nacional.
En Baja California el cambio inició en noviembre del 2019, cuando en el Congreso local aprobó el dictamen para crear la Fiscalía General Estatal (FGE), como un órgano constitucional autónomo.
Esto desapareció a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), de la que dependía la PEP, y fusionó esa policía con los agentes investigadores de la entonces Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), para crear la GESI.
LOS PEPOS
La PEP, o “Los Pepos” como era conocida popularmente la corporación, nació entre 2002 y 2003 en el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, y durante los sexenios panistas que terminaron en 2019 funcionó como una policía antidrogas.
Durante años fueron comunes los decomisos de importantes cantidades de estupefacientes y la detención de integrantes del crimen organizado, pero también las quejas en su contra.
Ciudadanos los acusaban de “sembrar” droga para extorsionarlos, de privaciones ilegales de la libertad y otros abusos en contra de detenidos.
Incluso cuando el congreso de Baja California aprobó la “desaparición” de la PEP para crear la GESI, le dio a la FGE un plazo de seis meses “para instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación” (sic).
Y aquí llega el segundo caso que trajo el fantasma de la policía estatal, pero que según la fiscalía es muestra de la depuración que están realizando.
Menos de una semana después del enfrentamiento entre guardias y agentes federales, la FGE informó que tres elementos que formaban parte de la PEP y ahora estaban en la Guardia Estatal fueron aprehendidos en Mexicali acusados de secuestro.
Además el fiscal central Hiram Sánchez informó que hay dos policías más que están siendo buscados porque también tienen un mandamiento judicial en su contra.
La Silla Rota solicitó a la Fiscalía los datos sobre el número de elementos de la PEP que continúan ahora en la GESI, así como el número de agentes que han sido dados de baja o que están en el proceso, pero no hubo respuesta.
En cambio, personal que tiene varios años trabajando en las oficinas de la ahora FGE pero no tiene autorización para declarar confirma que a la PEP el gobierno de Jaime Bonilla solo le cambió el uniforme.
Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal general de BC. Foto Especial
En su defensa, Guillermo Ruiz Hernández, el fiscal general, asegura que el plan de depuración es mantener cerca y ubicados a los malos elementos para después proceder legalmente si es necesario.
“Yo no voy a echar a la calle a ningún elemento de la corporación. Si tenemos nosotros algún indicio de que participó o es señalado en algún ilícito, investigamos, y quien resulte responsable será judicializado”.
En cambio la académica Pérez Floriano no está convencida de los beneficios de la depuración policiaca porque asegura que si la tropa hace de las suyas en la calle, el problema en realidad es el mando.
"Los policías actúan acorde a las reglas institucionalizadas de sus organizaciones. A veces les exigen que paguen cuotas, a veces no (...) está podridísimo. Entonces cuando tienes reglas chuecas, no puedes esperar que las personas actúen de forma adecuada", asienta.