Luego de que el Congreso de Baja California rechazara acortar el periodo de gobierno del próximo mandatario a tres años, el gobernador Jaime Bonilla insiste en impulsar la llamada “Ley Bonilla 2”, por lo que reactivó su cabildeo con diputados de oposición.
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Esta negociación, además, la lleva a cabo el gobernador bajacaliforniano en medio de una de las crisis mundiales más severas del siglo en materia de salubridad, y en uno de los estados más afectados por la covid-19 a nivel nacional, donde ya se superaron los 8 mil casos confirmados.
Bajo este escenario, Jaime Bonilla se mantiene en impulsar la reforma constitucional que permita reducir el próximo periodo de gobierno a tres años, y ha reactivado el acercamiento con algunos legisladores en busca de que apoyen el emparejamiento del proceso electoral local con el presidencial en 2024.
Apeas el 12 de junio, tras varios días de intenso cabildeo, el Congreso local dio marcha atrás al Dictamen 47 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, propuesto por la diputada Montserrat Caballero, el cual modificaba el Artículo 44 de la Constitución local para homologar las elecciones presidenciales y de gobernador para 2024, argumentando temas de austeridad y Lograr una mayor coordinación con el nuevo mandatario federal.
Con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la propuesta dirigida desde el Poder Ejecutivo fue rechazada, en gran medida por los votos de Rosina del Villar, Carmen Hernández, Araceli Geraldo y Juan Meléndrez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes fueron en contra de los intereses de su bancada.
No más fraudes a la constitución, ni atropellos a la legalidad. Señores diputados, dejen de defender caprichos políticos y de poner en vergüenza a nivel nacional a #BajaCalifornia. NO A LA #LEYBONILLA2 #ElCongresoDeLaGente pic.twitter.com/loIMsmnm7U— Coparmex Mexicali (@coparmexmxl) June 11, 2020
En este proceso, los cabilderos de Bonilla enfrentan varios puntos en contra, como la capacidad para reclutar votos de Morena o de otros partidos, los plazos para presentar una nueva iniciativa y el desenlace de las acciones de inconstitucionalidad del PAN y Movimiento Ciudadano contra la reducción en el inicio del proceso electoral, el cual recorrieron del 20 de septiembre al 6 de diciembre de 2020.
En medio de la contingencia por #Covid19 que nos tiene en una crisis económica y sanitaria muy complicada, aunado a la crisis de inseguridad, es increíble que Morena esté pensando en recortar el periodo el próximo gobernador con la #LeyBonilla2. https://t.co/Nk82x0frgx— PAN Baja California (@PAN_BajaCal) June 5, 2020
La orden viene de arriba
El lunes 22 de junio, la revista Proceso publicó una nota en la que aseguraba que el gobernador Jaime Bonilla Valdez se reunió con por lo menos 10 de sus diputados para informarles que la reducción del periodo de la próxima administración estatal era una instrucción presidencial.
En la publicación se establece que la reunión se llevó a cabo en las oficinas del Ejecutivo estatal en Tijuana y que se les instruyó aprobar el tema por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una fuente confirmó a ZETA que desde el Poder Ejecutivo están buscando el mecanismo ideal para volver a proponer la reducción del periodo de gobierno del próximo mandatario estatal.
Por su parte, Montserrat Caballero dijo que desconoce si algún diputado de su partido intenta presentar una iniciativa similar, pero adelantó que la respaldaría, puesto que empalmar las elecciones con las presidenciales representaría un ahorro importante, pues el costo de los comicios ronda los 500 millones de pesos.
Los yerros del Congreso
El abogado Rogelio Robles Dumas comentó que el Artículo 32 de la propia Constitución local establece que una iniciativa que no fue aprobada, no puede presentarse nuevamente hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que iniciaría el 1 de agosto.
Esta premisa es respaldada en el Artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que tendrían que esperar hasta agosto para presentar la misma reforma constitucional al Artículo 44.
El abogado comentó que si los diputados de Morena querían mantener “viva” la iniciativa dentro del Congreso, tendrían que solicitar una votación económica para regresar el dictamen a Comisiones, lo cual se respalda en el Artículo 133 de la Ley Orgánica. Este movimiento les habría dado dos semanas para reformarlo y volverlo a subir a pleno.
Otro error que refirió, le da la razón al diputado David Ruvalcaba, quien el día de la sesión aseguró que toda reforma de carácter electoral debe pasar por la Comisión de Reforma de Estado y no por Gobernación, como ocurrió en esta ocasión, y debe realizarse 90 días antes de iniciado el proceso electoral.
Corte nuevamente al quite
En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría decidir un tema coyuntural que desecharía cualquier intento por revivir la iniciativa, luego de que el PAN y MC alistan acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a la reducción del proceso electoral contemplado por el Instituto Nacional Electoral para dar inicio el 20 de septiembre, pero que por mandato del gobernador se prolongó hasta diciembre.
Salvador Miguel de Loera, representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, aseguró que el PAN ya presentó el recurso ante la SCJN vía electrónica, pero aún no es analizado por los ministros; MC también recurrirá el tema en estos días.
La intención de MC y el PAN es que la SCJN dé marcha atrás a la reforma del Congreso local para que el periodo electoral inicie en septiembre, ya que la modificación de Bonilla afectó severamente el proceso.
Por ejemplo, la reducción de plazos para la recepción de firmas a los candidatos independientes, quienes además tendrán más “trabas” para registrarse y presentar firmas, como acudir a la Capital del Estado y sostener un domicilio legal en la Capital con el argumento de la austeridad.
Esta reforma también afectará el desempeño de los consejos distritales y para interponer quejas contra algún candidato durante la campaña.
Lo más relevante es que si la SCJN decide avalar a los partidos y dar marcha atrás a esta reforma, automáticamente regresaría el proceso electoral a septiembre, y con ello impedirían cualquier reforma trascendente de carácter electoral.