TIJUANA.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez avanzó en la expropiación del Club Campestre, un exclusivo lugar de esparcimiento en Tijuana al que acuden empresarios y políticos.
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Con la publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 13 de abril inició el proceso de expropiación aunque esta acción se puede impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso por parte de los socios y el mismo Club Social.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, rechazó a través de Twitter la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, al señalar que deudas tributarias no ameritan medidas de esta naturaleza por parte del gobierno de Baja California.
En relación a la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación.
— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) April 14, 2021
Meses atrás el mandatario morenista advirtió de esta medida y, este martes dio el primer paso mediante una declaratoria de utilidad pública en un número especial del periódico oficial de Baja California. La edición, que consta de 34 páginas, no trata ningún otro tema.
El proceso legal podría tomar más de un año, entre amparos y diversas diligencias legales.
Son 44 puntos en los que el ejecutivo estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), argumenta y fundamenta el objetivo de la expropiación.
Jaime Bonilla Valdez en sus transmisiones matutinas, señaló que expropiaría el terreno porque los propietarios no pagaban el predial y otros servicios.
Otro argumento es que, con 1.9 millones de habitantes, necesita 80 hectáreas de área verde adicionales a las 83 hectáreas que abarcan los únicos dos parques de la ciudad.
"La propiedad privada no es absoluta, sino que esta puede ser expropiada siempre que se cumpla con un objeto de utilidad pública".
También advierte que al ser un espacio al que solo ingresan los miembros de la asociación, el Club Campestre "representa un beneficio para un pequeño grupo de personas".
El espacio se encuentra en el bulevar Aguacalientes, el más antiguo e importante de la ciudad, y además de campo de golf cuenta con canchas de tenis, spa, restaurante con barra, albercas y salones para eventos.
HISTORIA
Su historia está asociada al nacimiento de Tijuana al principio del siglo pasado, y al Gral. Abelardo L. Rodríguez, quien de acuerdo con el mismo club, en 1948 "cedió gratuitamente" los terrenos a 35 socios con la condición de que el área fuera restaurada como campo de golf y no tuviera otro uso.
Otro ex presidente, Miguel Alemán Valdez, fue socio honorario, y el mismo Abelardo L. Rodríguez lo presidió dos ocasiones en la década de 1950.
Otro de los presidentes fue el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien este año tuvo que dejar la presidencia municipal, luego que el gobernador, Jaime Bonilla lo vinculó Cruz con el homicidio del comunicador Mariano Soto, cometido el pasado 4 de octubre en Tijuana.
En medio de ese conflicto fue cuando surgió la propuesta del ejecutivo para expropiar el lugar.
En marzo de este año el Club Campestre buscó el amparo de la justicia para evitar la expropiación y abogados habían opinado que de hacerlo, el gobierno estatal cometería una ilegalidad.
Esta no sería la primera vez que los socios se ven cerca de perder sus instalaciones, porque en la década de 1970 jóvenes estudiantes tomaron el espacio para exigir la construcción de una universidad.
Ese episodio dio origen a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que hoy se encuentra en la zona de Otay, ubicada al norte de Tijuana.
GOBIERNO TENDRÍA QUE PAGAR INDEMNIZACIÓN
La publicación del decreto para expropiar el Club Campestre es apenas el inicio de una batalla legal donde el gobierno estatal tratará de justificar la utilidad pública y comprobar qué hará realmente con ese predio, de acuerdo con el abogado litigante Alvaro González.
“Es un camino corto o largo dependiendo la defensa jurídica que tenga el Club Campestre (…) este tiene que ir por la vía del amparo o a través de los contenciosos administrativos”.
Dijo que el gobierno de Baja California tendría que indemnizar a los posesionarios del terreno, y esa cantidad vendría de los avalúos que presenten ambas partes.
El gobierno estatal con certeza presentará una cantidad mínima que los socios rechazarán y esto traerá una guerra de dictámenes, añadió.
El litigante apuntó también que si el Club Campestre consigue un amparo podría seguir funcionando con normalidad mientras el proceso avanza.
Únicamente si no acudiera a los tribunales, cosa que Alvaro González consideró poco probable, el gobierno estatal podría tomar posesión legalmente del espacio.
“Yo lo veo muy permeado de un tinte político (…) lo que causa ruido a la sociedad es que se quiere hacer uso de unas instalaciones de la clase alta”, consideró.
Juan Manuel Hernández Niebla admitió que la membresía puede significar exclusividad y elitismo como enfatiza el gobernador Jaime Bonilla, pero subrayó que eso no implica ninguna irregularidad y sí un sesgo populista.
“Se pudiera considerar como el derecho a tener un carro nuevo o deportivo. Si lo puedes pagar y los ingresos que tuviste son legales, legítimos y pagas los impuestos correspondientes, como un país democrático tenemos derecho a ese tipo de aspiraciones”, mencionó.
El empresario que se identifica como parte de la “cultura del trabajo y el esfuerzo” forma parte de esa comunidad porque su esposa adquirió una de las acciones y la familia la ha mantenido durante 20 años.
Sobre la defensa legal, Hernández Niebla detalló que el Club Campestre cuenta con un Consejo directivo y seguramente éste será el representante de los socios.
“No entendemos la razón, la lógica no el interés jurídico, ni la utilidad pública de lo que se pretende hacer, Creo que esto en los tribunales debe ser relativamente fácil revertir. Pero desafortunadamente manda el mensaje de incertidumbre jurídica para nuestro estado”.
Consideró que el estado podría invertir en los descuidados parques públicos que hay en la ciudad, y además hay proyectos que han presentado organismos empresariales.
Esto sería más barato de mantener comparado con los 85 millones de pesos que cuesta el mantenimiento anual del Club Campestre a los aproximadamente 500 socios, quienes pagan cerca de 9 mil pesos mensuales para eso, detalló.
La Silla Rota contactó al Club Campestre para conocer su opinión sobre el tema, pero en las instalaciones respondieron que la persona responsable no se encontraba.
“Creo que el Club debe salir a informarle no solo a los socios, sino a la ciudadanía en general la realidad y utilidad del Club Campestre para Tijuana. El hecho de que no deba nada de predial. Debe ejercer una defensa legal, pero también mediática y social”, comentó Hernández Niebla.
esc