TIJUANA.- La fiscalía de Baja California cumplió un mes sin titular, tras la renuncia de Guillermo Ruíz Hernández, recibida en el Congreso el pasado 8 de diciembre, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aún no envía la terna para designar a su suplente.
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Desde la renuncia de Ruiz Hernández, la morenista sólo modificó la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal (FGE), reduciendo a la mitad la experiencia requerida para encabezar la institución.
Entre tanto, Baja California se ubicó hasta noviembre del 2021 como el segundo estado del país con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sensp), y cerró el año con casi 3 mil víctimas.
Esto y un “enorme rezago” en la investigación de delitos hizo que el Colegio de Abogados de Tijuana pidiera a la gobernadora, como lo han hecho otros actores políticos, presentar a la brevedad sus tres propuestas de fiscal al poder legislativo.
“Urge que entre en función el Fiscal. El tema de la seguridad, estrategias de prevención, las mesas de coordinación de todas las dependencias involucradas en la seguridad debe ser un tema prioritario en su agenda de trabajo”, dijo el presidente del Colegio, Hassan Franco.
El congreso bajacaliforniano regresa a sus labores este jueves 13 de enero y hasta el momento la gobernadora Ávila Olmeda solo ha mencionado que en la terna estará Ricardo Iván Carpio Sánchez.
Carpio Sánchez estaba contemplado como secretario de Seguridad Ciudadana hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió los planes de la gobernadora y colocó en ese puesto al General Gilberto Landeros Briceño, ex Comandante de la 2da Zona Militar en Tijuana hace una década.
LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO FISCAL
Para ser fiscal general en Baja California, los abogados interesados ya no deben tener al menos 10 años de ejercicio profesional.
Ahora los aspirantes a encabezar la FGE deben haber realizado, al menos cinco años antes de su nombramiento, trabajos relacionados con la investigación de delitos.
Esa modificación constitucional que necesita el aval de por lo menos 3 de los 5 ayuntamientos del estado es considerada una reforma para nombrar a Ricardo Carpio como fiscal General, ya que previamente encabezó al grupo de investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.
“Desgraciadamente se confunde la figura del fiscal con la del secretario de seguridad pública y en el cargo de Fiscal no se necesita un especialista en seguridad pública”, mencionó el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.
El mismo jueves 23 de diciembre que el legislativo aprobó con 42 votos a favor y una abstención esos cambios a la ley, aceptó la renuncia de Ruiz Hernández, compadre del ex gobernador Jaime Bonilla, como fiscal general de Baja California.
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