TIJUANA-. El pleito entre los socios del Club Campestre de Tijuana y el gobierno de Jaime Bonilla sube de tono. Los primeros aseguran que se alteraron las partidas registrales del predio que pretende expropiar el Ejecutivo, en tanto que la Secretaría General de Gobierno respondió que denunciará al abogado del club por dichas acusaciones.
También lee: Bonilla emite decreto para expropiar Club Campestre; socios pueden impugnar
Ese es el capítulo más reciente del intento de expropiación que tiene en curso el gobernador Jaime Bonilla y al que finalmente respondieron públicamente los socios del club en conferencia de prensa.
Se presentaron acompañados de algunas carpetas con documentos que, afirmaron, comprueban tanto la legitima propiedad como el pago de sus contribuciones a las arcas de los tres órdenes de gobierno
Entre los socios estuvieron asistieron empresarios locales de antiguas familias de la ciudad, ex presidentes de organismos empresariales y políticos, quienes serán representados por Adolfo Solís Farías, el abogado que encabezó el amparo contra el aumento del IVA en la frontera durante el sexenio de Felipe Calderón.
Fotos Eduardo Rubio
Sin dar muchos detalles sobre los recursos legales que ya fueron interpuestos, dijo que la declaratoria de utilidad será vencida porque la argumentación de falta de áreas verdes que plantea el gobierno estatal tiene deficiencias técnicas y, al parecer, fue alterado el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
Ha habido manipulación y ha habido alteración a las partidas registrales. Eso está denunciado ante los jueces federales. Esa manipulación y esa modificación, necesariamente va a tener que revertirse, porque a nadie se le puede borrar su pasado histórico, a nadie se le puede sustituir, hacer dudosos sus derechos
Los socios descartaron dar cualquier lectura política a la intentona del gobernador Jaime Bonilla, aunque todo el problema haya comenzado cuando el mandatario estatal se enemistó con el entonces alcalde de Tijuana y ex presidente del Club Campestre, Arturo González Cruz.
Mario Gastón Toledo, el presidente del Club Campestre, solo dijo que miente quien afirme que los socios no son los legítimos dueños de las más de 50 hectáreas que incluyen áreas deportivas, un restaurante, salones para eventos sociales, alberca, un campo de golf y otros espacios de recreación y descanso.
Es falso que el Club Campestre sea una cantina. No señores, aquí acudimos hombres y mujeres dignos. Tijuanenses preparados con el justo derecho de tener un club social, esto es un club familiar. Señor gobernador, con el respeto que usted merece, lo invito a las instalaciones para que vea lo que aquí menciono
Solís Farías, en cambio, sostuvo que “la propiedad privada no se puede invadir por decisiones políticas” y, por lo tanto, la defensa será en tribunales, no mediante discusiones en la prensa.
Añadió que el club tiene 15 días para responder a la notificación de utilidad pública que decretó el gobierno del morenista Jaime Bonilla para expropiar el polígono y construir allí un complejo que incluiría canchas deportivas, un audiorama y otros espacios.
Por último, dijo que este año el gobierno estatal modificó la Ley general de bienes de Baja California para considerar las expropiaciones un bien de dominio público y que estos pueden ser concesionados.
“Yo no sé cuál sea la intención, pero lo cierto es que este club no se va a concesionar a nadie. Este club no se va a entregar a nadie para su explotación”, subrayó el abogado que no tardó en recibir respuesta de la Secretaría General de Gobierno.
Su titular Amador Rodríguez Lozano convocó a conferencia de prensa un par de horas después, en la que llamó al fiscalista “mimo jurídico” y siguió rechazando que la acción sea un ataque a la propiedad privada.
Sostuvo que los socios del club se quedaron con la tierra por medio de un juicio de prescripción contra el gobierno estatal, cuando originalmente solo les fue concedido el usufructo, y rechazó que el gobierno estatal haya manipulado el RPPC.
Este mimo, que pretende ser abogado pero que no sabe de Derecho, es un calumniador. Dentro de un rato iremos a la fiscalía general del estado para presentar una denuncia, para que pruebe. Porque el que acusa debe de probar, y no solo es una cosa mediática
Antes de terminar la conferencia, el secretario General de Gobierno admitió que hace unos años fue socio del Club Campestre, pero vendió su participación porque no usaba las instalaciones.
Molesto, se retiró de la mesa cuando los reporteros le pidieron más detalles de ese tema y aprovecharon para cuestionarlo por los recientes conflictos en la penitenciaria de Tijuana, ya que el sistema penitenciario depende de su secretaría.
Los socios del Club Campestre no descartaron el diálogo para resolver el conflicto, aunque su presidente Gastón Toledo mencionó que no han hablado con el gobernador Bonilla Valdez.
Roberto Quijano, vocero del Club, estimó que la indemnización en caso de prosperar la expropiación tendrá que ser de 1,500 millones pesos, pero el secretario Rodríguez Lozano dice que serían 1,230 millones de pesos pagaderos en dos años a quien acredite la propiedad del terreno.