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Aspirante a fiscal anticorrupción no puede referir ley ni sus atribuciones

Uno de los aspirantes a fiscal anticorrupción no pudo referir cuál es el marco jurídico en el que está sustentado el sistema que pretende encabezar

  • ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL
  • 05/10/2017
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Aspirante a fiscal anticorrupción no puede referir ley ni sus atribuciones
Aspirante a fiscal anticorrupción no puede referir ley (Especial)

Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso de Hidalgo, uno de los aspirantes a fiscal anticorrupción no pudo referir cuál es el marco jurídico en el que está sustentado el sistema que pretende encabezar, y cuales serían sus atribuciones, de ser elegido. En tanto, el ubicado en el primer sitio, en orden de prelación, consideró que la entidad tiene un bajo nivel de corrupción.

La diputada Érika Saab Lara, de la fracción priísta, cuestionó a José Luis Mendoza Gamiño, director del Centro de Atención Temprana región poniente, ubicado en segundo lugar por su “idoneidad” en una lista elaborada por la Junta de Gobierno del Legislativo, cuál es el conjunto de normas en el estado que sustentan la fiscalía especializada que aspira a dirigir, y cuáles serían sus funciones.

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El funcionario de la procuraduría estatal respondió: “Eh, pues bueno, está una ley, una ley igual de reciente creación, y aprobación, que es la ley estatal del sistema estatal anticorrupción”. Después de un silencio, cuando la representante por el distrito de San Felipe Orizatlán proseguiría con el interrogatorio, agregó: “tiene 43 artículos y siete transitorios, y, bueno, ahí viene cada ente que lo conforma, sus funciones y atribuciones”, pero no logró referirlos.

En el momento en que la legisladora Gloria Romero León, de Acción Nacional, le pidió enlistar tres metas específicas y el tiempo en el que espera cumplirlas, señaló que el sistema está construcción, “hay que crearlo y fortalecerlo”; asimismo, opinó que “el reto es grandísimo, el sólo hecho de ponerla en marcha. Los tiempos son en base (sic) a recursos; el conocimiento y las ganas (están)”.

En su participación, Ricardo César González Baños, subprocurador de Procedimientos Penales región poniente, fue inquirido cómo fue posible que, con base en el currículum vitae que entregó a la Comisión, realizara una especialidad y un doctorado, ambos en Derecho Penal, al mismo tiempo, en el periodo 1986-1987.

Él contestó que probablemente hubo un error en el documento, y cito que la especialidad “debió haber sido en el 97”.

Al ser cuestionado sobre la aplicación de justicia a funcionarios del gobierno anterior por desvíos en las Secretarías de Salud y Educación Pública, así como en el sistema de Radio Televisión, además de la responsabilidad del exgobernador Francisco Olvera en un endeudamiento de 14 mil 834 millones de pesos, del cual sólo hizo público 5 mil 579 millones cuando dejó el cargo, González Baños, consideró que se deben “aplicar medidas cautelares y de aseguramiento, decomiso de benes” a los implicados.

“En este tipo de delitos hay una cadena, porque incluso el dinero puede estar en el extranjero y nosotros ni siquiera lo sabemos.

“De nada va a servir que las personas estén recluidas en prisión, si no se recupera el recurso del estado”, indicó.

Cuando se le realizó esa pregunta, Julio César Trujillo Meneses, director general de Investigación y Litigación región oriente y Control de Procesos, ubicado en tercer lugar, reveló: “hay otras carpetas que están en proceso y han sido judicializadas, se tiene a personas (detenidas), pero se está indagando a más posibles responsables”; mientras que Mendoza Gamiño no abordó directamente el tema y sólo dijo que la fiscalía tendrá que hacer una investigación “en su ámbito de competencia”.

Debido a que los miembros de la terna laboran en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, lo cual, expuso la panista Gloria Romero, podría no garantizar autonomía, un cuestionamiento fue cómo acreditarían imparcialidad.

González Baños argumentó: “no necesariamente porque formamos parte de esto quiere decir que no podamos tener una buena actividad en el sistema estatal anticorrupción”, mientras que Mendoza Gamiño, que al principio de su discurso remarcó que “no es por voluntad propia” que se haya postulado, sino por la propuesta de “instituciones educativas”, expuso que “hay muchos organismos que, si el ente estatal no quiere proceder, lo van a obligar a proceder". "Con eso", añadió, "se garantiza la independencia”.

La asambleísta Simey Olvera Bautista, del PRD, objetó a los tres por qué no han presentado en la plataforma tres de tres del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Ellos respondieron que habían entregado su relación de bienes a la Auditoría Superior del Estado, documentos que no son públicos.

En la parte final de su entrevista, el último expositor, Ricardo César González, también exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado, respondió a Olvera Bautista que Hidalgo, desde su punto de vista, “debe tener un bajo nivel de corrupción, comparado con otros estados”, aunque acotó que sería necesario determinar un parámetro de medición, por la diferencia poblacional entre entidades.