CHIHUAHUA.- Sobre las investigaciones en el caso de la nómina secreta de César Duarte, que llevaron a la inhabilitación de 12 colaboradores del exgobernador, la secretaria de la Función Pública en el estado, Mónica Vargas Ruiz, asegura que las investigaciones continúan y no obedecen a ningún interés relacionado con las elecciones de 2021.
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En entrevista con La Silla Rota, la funcionaria explica que desde el 2017 se presentaron 97 denuncias correspondientes a la entrega de dinero en efectivo a diferentes actores públicos de Chihuahua, por lo que hoy las investigaciones continúan desahogándose y reitera que no se trata de un capital electoral por las próximas elecciones.
En el caso de la Auditoría Superior del Estado tuvimos 97 denuncias, entonces las vamos desahogando conforme vamos reuniendo los elementos necesarios para iniciar procedimiento administrativo. No estamos sujetos a una agenda política, pero sí estamos sujetos a los tiempos que nos marca la ley
Por estos hechos, Mónica Vargas informa hace unos días que, en este periodo se ha inhabilitado a 12 colaboradores del exgobernador César Duarte, a quienes se les adjudica la desviación de casi 500 millones de pesos del erario.
¿Cómo se efectuaba esta red de corrupción?
Todo comenzó en 2017 cuando al inicio de la administración del gobernador panista Javier Corral, la Auditoría Superior del Estado empezó a recibir una serie de denuncias por parte de diferentes entes, entre ellos, la Secretaría de Hacienda, donde se concentraba el recurso estatal que fue repartido a un centenar de personas en el estado, de manera ilícita.
La auditoría comenzó las investigaciones donde encontraron irregularidades administrativas, algunas de carácter penal, por parte de funcionarios que trabajaban con el exgobernador César Duarte, quien desde el pasado 8 de julio se encuentra detenido en una prisión de Miami, en Estados Unidos y en proceso de extradición.
Según lo explicado por Mónica Vargas, fueron al menos, 100 personas beneficiadas de esta red de corrupción. Y aunque la Fiscalía General de Estado ha revelado que entre los beneficiarios se encuentran dirigentes partidistas, alcaldes, legisladores y hasta religiosos, la titular de la Función Pública no reveló los nombres de las personas actualmente investigadas.
La secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Mónica Vargas Ruiz.
La red de corrupción se tejía en Chihuahua pero también en la Ciudad de México.
En el estado fronterizo, el dinero se entregaba en efectivo a personas a través de la Secretaría de Hacienda.
¿Cómo se hacía esta entrega en dinero en efectivo? pues se depositaba a una empresa de resguardo de valores determinada cantidad, que esta empresa de valores hacía liquidar. Posteriormente, la enviaba a la Secretaría de Hacienda para que, ahí, las personas que formaban parte de esta nomina secreta pasaran a recoger la gratificación o el recurso que les fuera dado a ellos
Por otro lado, la investigación de la FGE revela que, los recursos también se distribuían en maletas de dinero que salían en vuelos privados desde Chihuahua hasta la capital del país, mismas que eran repartidas entre funcionarios del gobierno federal de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto: priistas, senadores, diputados federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos para gastos personales, según publicó Milenio el pasado 11 de diciembre.
La investigación de la FGE también revela que, el dinero era presuntamente entregado al secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega, quien era el encargado de repartir los recursos a campañas y candidatos.
En el ámbito estatal, fue a partir de esto que comenzó el procedimiento administrativo en contra de los exfuncionarios públicos, y por lo que se inhabilitó a 12 de ellos por el desvío de más de 45 millones de pesos, que fue lo que se acreditó en los recibos. Además, cuatro de ellos, eran allegados a César Duarte, por lo que enfrentan también un proceso penal.
Mónica Vargas explica que, la salida de estos recursos de la Secretaría de Hacienda se hacía a través de adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, contrataciones con empresas fantasma, pagos indebidos, obra pagada no ejecutada, predios pagados por encima de su valor, entre otros delitos. Por esto, hay todavía una investigación en curso por parte de la Auditoría.
¿Quiénes fueron los beneficiarios?
Aunque la titular de la Función Pública explicó a La Silla Rota que no puede revelar ningún nombre de las personas que fueron beneficiarias para no entorpecer las investigaciones, la Fiscalía General del Estado y el gobernador Javier Corral han revelado en los últimos días algunos nombres de presuntos beneficiarios de esta red de corrupción.
Desde el pasado 4 de diciembre, el gobernador Javier Corral aseguró en entrevista para un programa local que tiene pruebas contra el senador y aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Morena, Cruz Pérez Cuellar, de que fue beneficiario de esta red de corrupción.
La Fiscalía General del Estado pidió por esto al Senado emitir una declaración de procedencia en contra del senador morenista, a fin de que el Ministerio Público ejerza una acción penal en su contra.
Según la Fiscalía, se le acusa de presuntos delitos al ser un beneficiario de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte.
Fue el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, quien presentó dicho oficio bajo la carpeta de investigación 19/2017/139945, mediante el cual solicitó al Senado que con las atribuciones que le otorga la Constitución de Chihuahua y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, se emita la declaración de procedencia.
Un grupo de 12 colaboradores del exgobernador de #Chihuahua fueron inhabilitados por el saqueo al erario que investiga la #OperaciónJusticiaParaChihuahua, informó @SFP_Chihuahua en el #DiaInternacionalContralaCorrupcion. Más: https://t.co/ZPwqkxyyMw @monicavaruiz pic.twitter.com/iAbUT0SyAQ— CAMBIO.gob.mx (@ComSocChih) December 9, 2020
Ante esto, Pérez Cuellar ha denunciado una persecución política por parte del gobierno de Javier Corral. Pero pese a la denuncia, el pasado cinco de diciembre se registró como precandidato por Morena a la gubernatura.
Otro involucrado fue el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien además devolvió alrededor de cuatro millones de pesos al acogerse al criterio de oportunidad.
Según medios locales, Cabada manifestó que fue hace 3 meses cuando se apegó a este criterio para comenzar a colaborar con la Fiscalía General del Estado y, explicó, dentro del proceso es obligatorio regresar en garantía el dinero, mientras se aclara que fue obtenido de manera legal.
No nos metan a todos en la misma canasta” dijo Armando Cabada al señalar que nunca recibió pagos recurrentes como otros actores políticos y sin alguna contraprestación, sino que fue un intercambio de servicios entre un particular (él) y gobierno
Por otra parte, la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos Galván, habría obtenido un amparo ante cualquier orden de aprehensión.
Según información publicada por Reforma, bajó el número de amparo 089/2020, el juzgador federal le concedió la suspensión provisional en contra del acto reclamado, es decir, cualquier "orden de aprehensión, privación de la libertad, búsqueda, localización, detención y su ejecución".
Anteriormente, la alcaldesa había reconocido públicamente que temía por su seguridad, luego de denunciar que continuaban los "ataques" por parte del gobernador Javier Corral Jurado.
Ninguno de estos nombres fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación.