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Así se desmoronó el castillo del virrey Alfredo Castillo en Michoacán

Desde que pisó tierras michoacanas, en 2015, inició la era del “virreinato”: Alfredo Castillo removió o encarceló a funcionarios del gabinete de Fausto Vallejo

Escrito en ESTADOS el

MORELIA.- Hace un lustro, en los pasillos de cualquier dependencia del gobierno estatal, como en los centros comerciales, un séquito de escoltas con rifles de asalto, custodiaban a una de las figuras más odiadas en el estado de Michoacán, por su abuso de poder.

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Lo mismo empujaban adultos o niños que mujeres, pero el objetivo era abrirle el paso a la capa del poder de su jefe: un tipo arrogante, violento y que incluso llegó a mandar a cerrar restaurantes y bares para que no lo molestaran.

Con un amplio historial de corrupción, Alfredo Castillo Cervantes llegó a Michoacán en enero de 2015 como comisionado “especial” del gobierno federal.

Fotos Cuartoscuro

El ex procurador del Estado de México fue designado por Enrique peña Nieto como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán.

Desde que pisó tierras michoacanas, inició lo que se llamó la era del “virreinato”. Alfredo Castillo, removió, sin atribuciones legales, a los funcionarios del gabinete de Fausto Vallejo Figueroa.

Castillo Cervantes le apostó a la traición y esa fue su primera actitud, pues a través de amenazas, se hizo de los favores de diputados locales del PRI para que lo dotaran de información.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Por la manera en la que actuó, Alfredo Castillo se ganó el mote de “virrey”. Operó ilegalmente e inició una persecución contra funcionarios michoacanos; uno de ellos, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García.

Reyna García fue evidenciado en videos en su relación con los líderes criminales de esa organización delictiva, a la llegada de Alfredo Castillo Cervantes. Fue detenido el 4 de abril de 2014 luego de que apareciera en un video con Servando Gómez Martínez, “La Tuta.

Castillo Cervantes también detuvo a presidentes municipales y funcionarios estatales, principalmente, acusados por delincuencia organizada.

También fueron detenidos ocho presidentes municipales en funciones, acusados por los delitos de extorsión, secuestro, cohecho y delincuencia organizada.

Sin embargo, seis salieron en libertad absolutoria y solamente Dalia Santana Pineda de Huetamo, sigue tras las rejas, por el delito de homicidio doloso.

Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro, fue procesada por delincuencia organizada y murió en la cárcel de mujeres del penal “Mil Cumbres”.

De igual manera, exfuncionarios estatales, relacionados al desfalco millonario del erario que, en este momento asciende a más de 33 mil millones de pesos.

Humberto Suárez López, Desiderio Camacho Garibo y Mireya Guzmán Rosas, secretarios de los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, fueron acusados de peculado durante ambas administraciones.

Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, también fue detenido por peculado, encarcelado y días después puesto en libertad bajo caución.

A la lista se suma María Esperanza Hernández Barragán, ex directora de Planeación y Finanzas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por simulación de documentos, con una afectación al ahorro de los trabajadores superior a los 6 millones 240 mil pesos.

También fueron procesados por actos de corrupción dentro de su administración, el exalcalde de Zacapu, Alejandro Tejeda López, acusado de Robo Calificado.

Juan Carlos Campos Ponce, exdiputado local y exalcalde de Zitácuaro, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por el Congreso del Estado, luego de que se le comprobara su responsabilidad en los delitos de Nepotismo y Malversación de Recursos Públicos.

Francisco Corza Gallegos ex edil de Vista Hermosa, también fue inhabilitado por tres años, al desviar 9 millones de pesos del erario público;

De igual forma, el alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, relacionado al homicidio calificado de 11 personas ocurrido en agosto de 2016.

El 21 de junio de 2017, el presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, fue capturado y procesado después por homicidio, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad.

La alcaldesa de Turicato, Michoacán María Gisela Vázquez Alanís fue detenida el 11 de octubre por el delito de homicidio calificado.

LA ERA DEL CO-GOBIERNO

Fausto Vallejo Figueroa fue destituido por Alfredo Castillo, quien puso al frente, de facto al rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto.

Jara Guerrero cogobernó el estado junto con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, del 20 de junio de 2014 al 30 de septiembre del 2015.

En esos 15 meses de Salvador Jara al frente del Poder Ejecutivo, las cifras del SESNSP indican que en Michoacán se dispararon al doble los homicidios.

Los 922 asesinatos representaron un estimado de 61.5 por mes, 15.4 por semana, 2.2 por día o uno cada 10.9 horas.

La estrategia de seguridad tampoco funcionó y a partir de ese momento las cifras se dispararon en Michoacán, entidad con 113 municipio y que de acuerdo al Censo de Población de INEGI, tiene 4 millones 584 mil 471 habitantes.

LO MÁS OSCURO

Alfredo Castillo Cervantes construyó su imperio de poder fáctico y también se apoderó de las carteras y estructuras del PRI estatal, apoyado por los diputados locales Jaime Darío Oseguera, Marco Polo Aguirre, Daniela de los Santos, Noé Bernardino Vargas y Eligio González, entre otros, todos formados en su carrera política por Fausto Vallejo.

En su paso por Michoacán, Alfredo Castillo abrió las puertas a supuestos empresarios y políticos de cuestionado historial para que accedieran a los recursos y cargos públicos.

Uno de ellos fue Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce, quien tiene denuncias en su contra por fraude y quien ejecutó obras fantasmas en el estado.

Este personaje fue exhibido el 12 de mayo del año 2016, luego de que sus escoltas golpearan a un elemento de la entonces Policía Federal; el automóvil de lujo en el que viajaban resultó estar a nombre de Emir Garduño y por ello se ganó ese apodo.

Tras darse a conocer ese video, resultó que el corpulento hombre también era investigado en el Estado de México por los delitos de fraude y Homicidio.

También y, por ello sigue detenido, por enriquecimiento ilícito, mismo delito por el que esta semana se dio a conocer, fue inhabilitado por 10 años Alfredo Castillo.

Ambos operaron varias obras en el estado de Michoacán, las cuales no fueron concluidas, se otorgaron por adjudicación directa y dejaron una enorme lista de proveedores a los que no les pagaron.

Castillo Cervantes utilizaba la Secretaría de Seguridad Pública, la otrora Procuraduría estatal y su relación con  personajes del crimen organizado para amenazar a los proveedores y no pagarles lo que les debían, como consta en las denuncias penales que presentaron las víctimas.

Garduño Montalvo, operaba desde empresas fantasmas con domicilios en el Estado de México y solo llegaba a Michoacán de paseo, consentido “por el virreinato”. Juntos cerraban desde antros, hasta restaurantes y hoteles.

La fortuna del empresario, es incalculable; ahora por esa riqueza inexplicable es que también se le investiga por lavado de dinero y enfrenta un proceso penal aparte.

Ese millonario cúmulo de propiedades y cuentas bancarias, en las que de igual manera utilizó como prestanombres a sus representantes legales y empleados, no llegaron solas y es por ello que es importante poner algunos –de muchos- casos.

Resultó que el problema en la construcción de algunas de las obras que le fueron asignadas a Emir Garduño Montalvo, fue la adjudicación directa y que durante el procedimiento no se cumpliera con los requisitos.

Esa ilegalidad fue permitida desde la asignación de las obras a constructoras foráneas provenientes del Estado de México y desconocidas en los estados en los que operaban sus tentáculos de corrupción con las autoridades y los fraudes que dejaron varias víctimas en el camino.

La primeras obras que la SCT adjudicó de manera directa a la empresa Saro S.A de C.V. propiedad de Emir Garduño, mejor conocido como #LordRollsRoyce en Michoacán, rebasaron los 162 millones 630 mil 253 pesos, relacionadas a la construcción de dos puentes vehiculares en el Libramiento Norte de Morelia.

De acuerdo a los contratos, la SCT le adjudicó a Saro Infraestructura S.A. de C.V. “la construcción de un Paso Superior Vehicular, del libramiento Norte de Morelia; mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra complementaria, obra inducida, estructuras, señalamiento vertical y horizontal; ubicado en el Km. 24+460, denominado El Realito, en el Estado de Michoacán”.

Por dicha obra (nunca concluída), la SCT le pagó a esta empresa de Emir Garduño Montalvo, la cantidad de 75 millones 048 mil 737.69 pesos.

También le fue adjudicada la “construcción de un Paso Superior Vehicular, del Libramiento Norte de Morelia; mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra complementaria, obra inducida, estructuras, señalamiento vertical y horizontal; ubicado en el Km. 22+060, denominado Pedregal en el Estado de Michoacán”.

El monto erogado de este último contrato fue de  87millones 581 mil 516.86 pesos.

No obstante, el antecedente que existe de obras ejecutadas por esta empresa  en el Estado de México, junto con Farsay S.A. de C.V también propiedad de Garduño Montalvo, no rebasan los 9 mdp y solo refieren a trabajos de pavimentación, drenaje y encarpetamiento, no así de magnas dimensiones como las contempladas en el extinto Plan Michoacán.

Los mismos proveedores, víctimas de fraude por parte de ambas empresas lo señalan e incluso mencionan que el mismo Emir Garduño y sus operadores les pedían que los ayudaran con la planeación de la obra.

Como antecedente: entre los años 2010, 2011 y 2012, el contrato más alto que obtuvo esa misma empresa en el Edomex, fue de 8 millones 952mil pesos por la “reconstrucción de la base existente, carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical del camino Circuito Mavoro-Casa Blanca, tramo del km 15+000 al km 20+700 en los municipios de Ixtlahuaca y Jocotitlán. 

Otro de los contratos fue para la ampliación de las terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino: plan de San Miguel-Porfirio Díaz, en el municipio de Ixtapan de la Sal y Coatepec Harinas.

Es decir, mientras en Michoacán le otorgaron adjudicación directa por ser una empresa protegida por el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Roberto Cervantes Martínez y sin cartas compromiso que avalara los pagos a proveedores, en el Estado de México, hubo ocasiones que le negaron la ejecución de una obra pública a la constructora Saro Infraestructura S.A de C.V. por no cumplir los lineamientos legales para una licitación.

Esos solo fueron algunos de los muchos ejemplos del actuar de Castillo Cervantes por su paso en Michoacán, ya que también fue acusado por las comunidades de apoderarse de facto del negocio de la minería y la operatividad del puerto de Lázaro Cárdenas.

SE DERRUMBÓ EL CASTILLO DEL VIRREY

Se veía muy lejos que, luego de los antecedentes de Alfredo, el Castillo del Virrey se fuera a derrumbar, pero llegó.

Las Secretaría de la Función Pública, inhabilitó al también extitular de la Comisión Nacional del Deporte por 10 años para ocupar cargos públicos.

La sanción a Alfredo Castillo fue por no declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.

La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.