El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública reportó un enfrentamiento en el que murieron ocho presuntos integrantes del Cártel de Noroeste (CDN). Los hechos habían ocurrido en la calle 7 donde fue asegurada una camioneta negra de blindaje artesanal y al menos, 15 armas de alto calibre.
En redes circularon las fotografías de los supuestos abatidos, quienes portaban ropa militar y usaban cascos y chalecos con las siglas del cártel.
Sin embargo, el pasado miércoles, El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que lo ocurrido pudo ser una ejecución extrajudicial y el lugar donde se realizó el supuesto operativo fue un escenario prefabricado.
El informe se dio con base a investigaciones, vídeos y testimonios de los testigos que se encontraban en el lugar.
El montaje
El cinco de septiembre, día del supuesto enfrentamiento, Elodio Martínez, comandante del área de grúas de vialidad de Nuevo Laredo, recibió una llamada telefónica para enviar una unidad a la calle Francisco Madero y Carlos Ozuna.
El enviado fue Ramón, quien relató los hechos de ese día. Llegó a las 8:00 de la mañana a la dirección correspondiente donde se encontraba una Pick Up negra y elementos de la policía estatal. Ahí se le ordenó al conductor enganchar la camioneta, por lo que éste preguntó si se trasladaría a la Fiscalía del Estado.
En ese momento Ramón fue intimidado por los oficiales, le tomaron fotografía a su credencia y amenazaron de que irían por él a su casa si decía algo. Le ordenaron apagar su celular y le exigieron que siguiera a las unidades oficiales.
Se trasladaron hasta la calle 7, ordenándole al chofer que dejara el vehículo enfrente de una casa.
Videos de cámaras de seguridad confirman el paso del convoy con la grúa que arrastraba la camioneta Pick Up, sin ningún impacto de bala ni huellas derivadas de un enfrentamiento.
En la casa con el número 902, donde quedó la camioneta, sólo vivía el Señor Treviño, exempleado de una empresa refresquera, su hija Kassandra y una menor de dos años de edad. Esto fue constatado por la Comisión.
Videos publicados por Milenio, muestran el relató de la joven, quien dijo, se encontraban en casa cuando elementos de la policía estatal entraron por la fuerza. Separaron a su papá y fue golpeado y vestido con ropa militar.
“Yo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y le pusieron el casco negro”, dice Kassandra.
“Lo empezaron a golpear. Yo me iba a salir cuando se metieron cinco conmigo pal cuarto y me decían que me tapara que no los mirara a la cara. Ahí lo asesinaron”.
También declaró que los policías la golpearon con armas, a la vez que la obligaron a ponerse un uniforme militar.
Severino fue una de las víctimas. Las otras siete personas fueron trasladadas al lugar en vehículos blindados.
Testigos aseguran que vieron las camionetas que transportaban a los personas con la cara cubierta y esposados. La mayoría fueron sacados de una casa de Héroes de Nacataz, en la colonia Buenavista; de esos eran tres hombres y tres mujeres, según testigos, quienes además fueron torturados previamente. Una persona más fue sacada del domicilio Jesús Guajardo. El joven tenía 19 años de edad.
Los testigos también afirman que no escucharon ráfagas, sólo disparos aislados.
La investigación refiere que tampoco se encontraron marcas de impacto de balas en las paredes de las casas ni en las calles “ya que a cada víctima le dispararon en la cabeza a corta distancia”.
Algunos de los cuerpos de los hoy occisos estaban en el piso, mientras que otros fueron localizados recostados en una cama.
Familiares de las víctimas ya presentaron querellas respecto a la ejecución extrajudicial y solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ante la desconfianza que prevalece sobre la Fiscalía estatal.
El Comité de Derechos Humanos pidió una investigación inmediata a la Fiscalía General de la República, así como protección a las víctimas a las familias de los ejecutados.
Este jueves, La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas anunció que se abrió una Carpeta de Investigación para determinar la forma en que sucedieron los hechos. Reiteró su compromiso de actuar bajos los principios de legalidad, presunción de inocencia, así como respeto irrestricto a los Derechos Humanos, el debido proceso y el Estado de derecho en este caso.
bl